Al menos 30 docentes con plaza en la comunidad andaluza pero a los que se les había concedido una comisión de servicio en la Región de Murcia han tenido que hacer la maleta y volver a Andalucía de forma repentina. Los sindicatos que lo han denunciado –STERM-Intersindical, UGT y CCOO– achacan este imprevisto a la “falta de organización” de las comunidades implicadas (ambas gobernadas por el Partido Popular), mientras que la Consejería de Educación murciana responsabiliza a la autonomía vecina por haber denegado la comisión “comunicándolo de manera tardía a los afectados y no en los plazos habituales”.
Lo habitual, según explican los sindicatos educativos, es que este tipo de solicitudes se resuelvan en julio. Murcia, de hecho, autorizó las comisiones de servicio por motivos de carácter docente para el curso 2024-2025 el pasado 25 de julio, como consta en la resolución a la que ha tenido acceso la edición andaluza de elDiario.es, avanzada por la SER. Pero la Junta de Andalucía –que atravesó una crisis de Gobierno a finales de ese mes y cambió a la responsable del departamento de Desarrollo Educativo– no se ha manifestado al respecto hasta esta semana, cuando los funcionarios de carrera ya se habían incorporado a los centros educativos que les había asignado la Región de Murcia.
Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía consultadas por este diario explican que las comisiones de servicio intercomunitarias –las que se producen entre comunidades autónomas– requieren de la autorización de ambas administraciones, la de destino y la que aporta ese funcionariado. En el caso de Murcia, continúan las mismas fuentes, se ha denegado el traslado a 30 solicitantes “por no cumplir con los requisitos, normalmente por no acreditar debidamente el motivo por el que la solicitan en este procedimiento excepcional”.
Sin embargo, los funcionarios de carrera afectados –la mayoría docentes murcianos que consiguieron plaza en Andalucía– aseguran que nadie les ha explicado aún los motivos por los que se ha denegado su solicitud y critican que se les haya comunicado la decisión un día antes de comenzar el curso. “Tendría que haber más transparencia porque parece que se están riendo de los funcionarios”, deplora uno de los profesores afectados, que ya se había instalado en su ciudad de origen y en cuestión de horas ha tenido que cambiar todos sus planes.
Se da la circunstancia de que Andalucía ha reclamado la vuelta de esos 30 funcionarios de carrera cuando, en paralelo, arrancaba el curso escolar con una convocatoria extrarorindarita de plazas para cubrir la falta de más de 3.000 docentes. Preguntadas por el motivo de que se haya demorado la respuesta, fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía indican que los plazos tienen que ver con el volumen de solicitudes, “y en esta ocasión ha habido un volumen importante”, si bien no aclaran cuántos docentes han solicitado este curso el traslado a la Región de Murcia.
Al contar con el visto bueno de la comunidad que recibe –que suele ser la que rechaza las comisiones, de acuerdo con los sindicatos– los funcionarios de carrera planificaron su año en Murcia y se incorporaron a las clases el lunes 2 de septiembre. Una semana después, a un día de comenzar el curso escolar, recibieron una llamada de la Consejería de Educación de la Región comunicándoles que el Gobierno andaluz había denegado su solicitud y tenían que volver “con carácter de urgencia” a sus destinos, que están en Andalucía.
“Pensábamos que era una broma”, cuenta a este periódico un profesor de Geografía e Historia afectado, al que ya le ha dado de baja la administración murciana, sin que consten los nueve días que ha trabajado en la Región. “Tenía la ilusión de que iba a trabajar en el instituto donde estudié, ya teníamos todos los preparativos para empezar las clases y de repente tienes que empezar de cero y cuesta hacerte la idea”, deplora en conversación con elDiario.es.
En su caso, el centro que tiene asignado está en un pueblo de Almería y puede ir y volver sin tener que cambiar de domicilio. Pero otros compañeros, asegura, “están en una situación mucho peor”. “Algunos han firmado un contrato de alquiler para todo el año, han escolarizado a sus hijos en Murcia y ahora, de repente, tienen que mudarse a 400 kilómetros y dormir en hoteles hasta que encuentren una vivienda donde poderse instalar todo el curso”, cuenta este docente solidarizándose con el resto de afectados con los que ha contactado.
En la misma línea, Andrés Martínez Soler, de la intersindical murciana, lamenta que las personas afectadas hayan sido “informadas por teléfono y de manera repentina de que tienen que volver a sus centros de Andalucía inmediatamente, sin tener en cuenta los perjuicios que pueda conllevar esta situación en sus vidas y en la comunidad educativa en general”. El representante sindical se refiere al “descontrol” que supone organizativamente para los centros tener que reajustar horarios y proyectos que ahora quedan desiertos, así como al “descalabro” personal que significa para los docentes.
Desde la Consejería murciana se ha señalado que el problema con los traslados desde la comunidad vecina alcanzaba inicialmente a 130 docentes, pero finalmente afectará a una treintena de ellos. Según la información que manejan los sindicatos, el perfil de los afectados es el de funcionarios de carrera de origen murciano que consiguieron su plaza durante el proceso de estabilización que habilitó la Junta de Andalucía en 2023, y que han solicitado por primera vez la comisión de servicio con carácter docente con la intención de acercarse a su comunidad natal.
Las comisiones docentes las conceden los propios centros a determinados profesores para que desarrollen proyectos específicos en sus centros, por ejemplo, de digitalización en un centro enmarcado en un área rural. Al parecer, apuntan desde STERM, las comisiones que se han autorizado son las de carácter humanitario –las que se solicitan cuando existan razones de conciliación de la vida familiar y laboral, por motivos de cuidados o enfermedad– y la de aquellos que ya llevan varios años pilotando algún proyecto en comisión de servicio.
Desde la intersindical murciana denuncian el “oscurantismo” de ambas administraciones al no explicitar los criterios que se siguen durante todo el procedimiento. Y reprochan que no se tenga en cuenta la situación personal de los funcionarios. “Andalucía está en su derecho de denegar las solicitudes, pero no puede hacerlo con el curso iniciado, dejando plazas sin cubrir y alterando los planes de los docentes”, critican desde el sindicato educativo.
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