Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están elaborando un “recurso de apelación” contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, encargado de la investigación del supuesto fraude con subvenciones de formación para el empleo, que declara a la administración responsable civil subsidiaria. “No hay un tercero dañado, por lo que no es lógico pretender que la Junta de Andalucía se pague a sí misma”, ha apuntado el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, quien ha insistido en que la administración es “parte perjudicada” en esta causa.
El magistrado resuelve de esta manera después de que la Junta de Andalucía pidiera personarse en la causa como acusación particular. Se le admite pero en calidad de responsable civil subsidiaria. Sin embargo, la Junta de Andalucía quiere ser acusación particular como en los otros procedimientos abiertos en el marco de este presunto fraude, mientras que éste es el “único” en el que no lo ha conseguido, en palabras del portavoz.
El juzgado ha tomado la decisión tras recibir un atestado de la policía donde existen indicios de infracción penal de funcionarios en el ejercicio de sus cargos. Desde hace meses están declarando un millar de testigos y un centenar de investigados, entre estos últimos el exalcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado; el ex delegado de Empleo Eduardo Manuel Muñoz García como director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); José Martínez Iglesias, como secretario general de la misma delegación; José Ángel Gil Flores, como jefe de servicio de Formación del SAE; y Manuel María Velázquez Cabrera, como jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE.