La Junta de Andalucía selecciona interinos en 24 horas, por orden de llegada y excluyendo embarazadas o mayores de 60

En menos de 24 horas, la Junta de Andalucía ha abierto y cerrado la convocatoria de al menos once procesos de selección para cubrir 169 plazas de interinos pertenecientes al cuerpo superior y medio de funcionarios. El procedimiento ha sido tan rápido que el plazo de presentación para varios de ellos se abrió a las tres y media de la tarde de este miércoles, y a las cinco de la tarde del jueves ya no era posible encontrar la convocatoria en el portal de empleo público de la Junta. El criterio de selección en todos los procesos ha sido el mismo: en riguroso orden de llegada. “La adjudicación de las plazas se realizará de oficio por la Administración, por riguroso orden de entrada de las solicitudes completas en la dirección de correo electrónico arriba indicada”, señala el texto de las convocatorias.

La Junta va a cubrir de esta forma 14 plazas interinas de arquitectos técnicos (cuerpo superior), 26 de ingenieros industriales, 62 de ingenieros técnicos agrícolas, 10 de trabajadores sociales, una de técnicos informáticos, 11 de arquitectos técnicos, dos de técnicos de pesca, 15 de informáticos (cuerpo superior), diez de ingenieros de minas (cuerpo superior), ocho de veterinarios (cuerpo superior) y diez de conservadores de patrimonio (cuerpo superior). Ya utilizó este procedimiento para seleccionar 3000 vigilantes de playa. Todas, “en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19”. Los interesados debían remitir un correo electrónico indicando el cuerpo, la especialidad y la opción, así como sus provincias prioritarias.

Las convocatorias para cubrir estos puestos no están diseñadas para evaluar el mérito y la capacidad de los candidatos, en función de la experiencia profesional y el bagaje académico. Tan solo exigen la titulación correspondiente a cada una de las plazas ofertadas. También debe acompañarse copia del DNI, número de teléfono de contacto y una declaración responsable de que el candidato “dispone de capacidad para desempeñar el puesto de trabajo con la continuidad que demanda la situación excepcional que se afronta”.

Excluidas embarazadas o enfermos crónicos

Además, en este último apartado el candidato debía declarar que no pertenece a algún colectivo de riesgo o sufría una “enfermedad de base”, según un listado: “diabetes; enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión); enfermedad hepática crónica; enfermedad pulmonar crónica; enfermedad renal crónica; enfermedad neurológica o neuromuscular crónicas; inmunodeficiencia (incluyendo VIH); cáncer; a estas enfermedades hay que añadir la situación de mujeres que estén embarazadas o en período de lactancia y los mayores de 60 años”. Es decir, quienes sufran estas enfermedades no pueden aspirar a estas plazas públicas.

La Junta de Andalucía ampara estas exclusiones en la Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública de 13 de marzo de 2020, que establece los grupos de riesgo ante la Covid-19. Sin embargo, esa resolución tiene por objeto establecer los grupos de riesgo ante la Covid-19 con el fin de favorecer las modalidades de trabajo no presencial del personal que ya esté trabajando para la Junta de Andalucía. Las convocatorias recurren al listado para excluir el acceso a las convocatorias de quienes estén en esos colectivos.

Este medio formuló varias preguntas a la Consejería de Presidencia durante la tarde del jueves, y está a la espera de respuesta.

Una convocatoria exprés amparada en un Decreto-Ley aprobado en marzo

El plazo para presentar las solicitudes a estas plazas duró 24 horas. Se abrieron entre las tres y media y las cinco de la tarde del miércoles y se cerraron un día después. Su rastro quedó borrado del servidor de la Junta de Andalucía a las cinco de la tarde, aunque no de las webs de otras entidades interesadas. Los anuncios de la convocatoria que habían publicado Andalucía Orienta o el Colegio de Arquitectos de Sevilla llevaban a páginas en blanco o que devolvían error.

Este martes, Elías Bendodo (consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior) había anunciado un “plan de choque” para contratar personal en todas las consejerías. Mil empleos temporales para “agilizar la carga administrativa de proyectos vinculados a la recuperación económica y la creación de empleo”, según recogió Europa Press. Aseguró que primero se recurriría a las bolsas ya existentes y, si no eran suficientes, se realizarían “convocatorias transparentes en el portal del empleado público”.

Las convocatorias justifican el proceso exprés por la “emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19”. También las normas en las que se basa señalan claramente que están pensadas para una situación de emergencia por la carestía para cubrir “servicios esenciales”.

El Decreto-Ley 6/2020, aprobado el 30 de marzo, modificó una norma previa para facilitar este tipo de procedimiento urgente, siempre que se hayan agotado la bolsa única y las bolsas de las distintas especialidades. Según el Decreto-Ley, el plazo de presentación “nunca excederá de veinticuatro horas” y una vez transcurrido se seleccionará a las “personas más idóneas para el desempeño de los puestos convocados”. En este caso, el criterio para determinar qué candidato es más idóneo ha sido la rapidez en presentar la solicitud. El procedimiento también tiene la particularidad de que los nombramientos y las contrataciones no están sujetos a la fiscalización previa de la Intervención General.

Estas convocatorias de emergencia también se amparan en la Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Cuando se aplica, se suspende la regulación habitual de estos procedimientos de selección, siempre que se trate de nombramientos de interinos y personal laboral temporal “de emergencia para hacer frente al COVID-19”. Se trata de establecer un proceso para cubrir “las necesidades de efectivos que sean precisas para la prestación de los servicios esenciales”. A los candidatos seleccionados se les llama por teléfono y, si no cogen la llamada, se pasa al siguiente. Lo mismo pasa si no responde a la oferta en ese momento.

La fórmula del procedimiento exprés motivó protestas en el caso de los vigilantes de playa, críticas sindicales y sospechas de enchufismo. El PSOE presentó una denuncia ante inspección de trabajo porque muchos no estarían dados de alta en la Seguridad Social y José Fiscal, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, habló de “presunto trato de favor”.