El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes una multa de 870.000 euros a la compañía Telefónica por tres infracciones muy graves, junto al decomiso del beneficio ilícito obtenido con ello y cuantificado en 5,36 millones de euros, que se supone que es lo que tendrá que devolver a sus clientes cuando le reclamen.
Los detalles los ha ofrecido el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, quien ha explicado que el expediente sancionador se cierra tras varias denuncias en 2015 “por la subida injustificada del producto Movistar Fusión”.
En este sentido, la Junta de Andalucía ha determinado que la empresa “realizó publicidad engañosa con el agravante de reiteración” e impuso “cláusulas abusivas en los contratos”, en paralelo a que “no atendió a los requerimientos de la administración”.
Cabe recordar que, como consecuencia de las denuncias presentadas por Facua, que a su vez ha ido a los tribunales, la empresa vio cómo hasta dos organismos de consumo le abrieron expediente sancionador, en concreto, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía y la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid.