La Junta pide el archivo de la causa contra el 'cártel del fuego' en Andalucía
- Un juzgado de Sevilla ha imputado también a dos directivos de Faasa, una de las empresas implicadas en la supuesta “organización criminal”
La Junta de Andalucía se ha personado en la causa del 'cártel del fuego' que se instruye en el juzgado número 8 de Sevilla y ha solicitado su archivo. Entre los imputados que empieza a sumar la causa se encuentra uno de sus funcionarios: el jefe de contratación de la Consejería de Medio Ambiente.
Fue en una licitación de 70 millones de euros celebrada a comienzos de 2015 donde saltó la primera chispa. Estaba en juego el fletamento de aeronaves para la lucha contra el fuego de los siguiente cuatro años en Andalucía.
Todo debería haber salido adelante sin mayor problema, si en la mesa de contratación, aparte del citado jefe de contratación o el exdirector del Infoca, no hubiera estado presente un funcionario que, meses después, terminaría poniendo una denuncia.
Según consta en su declaración, el funcionario vio que el concurso estaba manipulado: una de las empresas, Faasa, se había llevado tres de los cinco lotes por un valor de 60 millones euros. En la propia mesa de contratación advirtió de que había que informar a la Agencia de Competencia y, cuando meses después, asegura, se dio cuenta de que nadie le había hecho caso, acudió a los juzgados a denunciar la supuesta prevaricación.
“Se comprobó que en cada uno de los 5 lotes en que se dividía el contrato sólo se había presentado una empresa de las licitadoras, cuando los objetos de los lotes son muy parecidos, y además lo habían hecho por el total del presupuesto base de licitación”, afirmaba.
El denunciante abundaba en que “si había una colusión de empresas, eso podía suponer un perjuicio para la Administración de muchos millones y una forma de favorecer de forma ilegítima a ciertos particulares”, porque “no se consiguió rebajar ni un ápice ese presupuesto, puesto que sólo licitó una empresa por lote y además por el máximo del presupuesto. Vamos, una táctica muy descarada”.
Desde aquella denuncia en verano de 2015, las llamas de la investigación judicial han ido avivándose y cobrándose sus primeras “víctimas”: el jefe de contratación está imputado por prevaricación desde febrero, el ex-director del Infoca dimitió en octubre en mitad de las pesquisas policiales y el presidente y el vicepresidente de la empresa ganadora del concurso, Faasa, quedaron imputados hace menos de un mes.
Conexión con la causa nacional
La investigación policial ha encontrado combustible en varios frentes. Por un lado, el caso del cártel del fuego nacional, que hasta ahora llevaba un juzgado de Sagunto (Valencia), transferido días atrás a la Audiencia Nacional, ha encontrado numerosos puntos de conexión con la trama andaluza instruida desde Sevilla.
La policía registró en enero las sedes de Faasa, Trabajos Aéreos Espejo, Servicios Aéreos Europeos y Tratamiento Agrícola (Saeta) y Sociedad Aeronáutica Peninsular (SAP), que fueron, junto a Inaer, las empresas que supuestamente manipularon la licitación. Los ocho “máximos responsables” de estas empresas fueron detenidos, y figuran en el sumario de Sagunto como imputados.
El último auto del juzgado valenciano, en el que se transfiere la causa a la Audiencia Nacional por el carácter de los delitos investigados y las dimensiones internacionales, encuentra indicios de varios presuntos delitos, como organización criminal, alteración de precios en concursos públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociación prohibida a funcionario público.
Núcleo duro de la supuesta “organización criminal”
Hay más de una veintena de imputados, entre políticos y directivos de las 14 aeronáuticas implicadas. Según la documentación encontrada por la policía, el origen de la supuesta “organización criminal” hay que buscarlo hace 15 años en Palma del Río (Córdoba), donde Faasa tiene su sede. Aquel núcleo duro se hacía llamar Grupo 6 y lo constituían Avialsa y las andaluzas Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao, a las que se unirían posteriormente Cegisa (absorbida por Inaer) y Trabajos Aéreos Extremeños (Taex). Según la documentación analizada por el juez de Sagunto, durante esta década y media habrían ganado más de 277 millones de euros manipulando concursos como el de Andalucía.
Se dividieron los concursos públicos de lucha aérea contra el fuego a modo de pastel: “Se acuerda respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”, tal y como figuraba en aquel documento fundacional firmado en la localidad cordobesa.
Por otro lado, las investigaciones en Andalucía se han centrado en los últimos meses en la concesión de subvenciones a Faasa. La policía calcula que la compañía ha malversado 4.517.000 euros en ayudas públicas “plagadas de irregularidades y abusos”. Días después del atestado, dimitió el exdirector del Infoca, Juan Esteso.
La Junta de Andalucía ha defendido hasta ahora la transparencia con la que se llevan a cabo los concursos públicos, incluido el que se encuentra investigado por el juzgado sevillano. Fuentes sindicales del sector afirman que “la manipulación de los concursos públicos del fuego se lleva a cabo desde hace más de dos décadas, bajo la presión del pacto entre empresas, y afecta a todas las comunidades autónomas, tanto del PSOE, como del PP. ¿Es posible que lo desconocieran?”.
Ecologistas en Acción Andalucía, organización que se encuentra personada en la causa andaluza, advierte de que, en el hipotético caso de que se archivara la causa, recurrirían el fallo.
“No se entiende que la Junta de Andalucía pueda pedir el archivo de la causa, que no sólo afecta a los medios aéreos del Infoca, sino a cursos de formación, subvenciones al empleo y ayudas a las inversiones”, sostienen.
