La Junta de Andalucía mantendrá el concierto con el colegio San Patricio de Málaga, de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, que depende del Obispado de Málaga y en el que cursaba estudios hasta ahora el menor transexual de 7 años que se siente niña. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte deja en “apercibimiento” el expediente que inició a raíz de la denuncia, de manera que sólo iniciará los trámites para romper el convenio si el colegio “persiste en su postura” de uso obligatorio del uniforme.
Este acuerdo se ha alcanzado tras la celebración este lunes de la comisión de conciliación. De este modo, la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Málaga ha apercibido al colegio “por imponer la uniformidad obligatoria”. No obstante, la comisión ha establecido que, pese a tratarse de un centro docente sostenido con fondos públicos, su reglamento de organización y funcionamiento recoge dicha obligatoriedad con carácter general. Por su parte, la Junta de Andalucía ha recordado que la legislación vigente “especifica taxativamente que los centros escolares no pueden exigir contraprestaciones, cargas o gastos económicos para las familias sin contar con la voluntad de éstas, aspecto contemplado en los términos contractuales de los conciertos”.
“En todo caso, se debe poner en conocimiento el acuerdo alcanzado por los consejos escolares, pero en modo alguno se puede exigir su cumplimiento obligatorio, por lo que serán las familias, voluntariamente, las que, tras conocer el acuerdo, obrarán como consideren oportuno”, informa el Gobierno de Andalucía en un comunicado. Con este panorama, el San Patricio ha aceptado retirar la obligatoriedad de la uniformidad. En el caso de que reincidiera en mantener dicha medida, la Junta de Andalucía iniciaría las actuaciones para proceder a la retirada del concierto.
Mientras, la fundación de la que depende el colegio ha explicado que con la firma del acta de conciliación “se da fin al procedimiento iniciado por la inspección por lo que no ha habido lugar siquiera a la apertura de un expediente”, calificando de “erróneas” las declaraciones del propio consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, cuando informó, el pasado mes de diciembre, de que se iba a iniciar el mismo.
Con respecto a la posible vulneración de los derechos reconocidos en los artículos 16 y 20 de la Constitución Española, por impedir que el menor G.G.S. vistiera uniforme femenino, permitiendo así que se respetase su identidad sexual, “se somete a las resoluciones adoptadas por el órgano jurisdiccional competente, que acordó en su día el archivo del procedimiento”. De esta manera, la fundación ha recordado que la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y contra la Discriminación Sexual archivó en enero de este año la investigación “al considerar que la actitud del mismo no era constitutiva de delito”.
Sin embargo, tras comunicar el cambio de centro del menor, el abogado de su familia, Oliver Roales, anunció que estaban estudiando iniciar acciones legales contra el colegio, apuntando que el hecho de que se archivara la investigación iniciada por la fiscalía no suponía un freno en el caso de que se decida, finalmente, llevar a cabo dichas acciones.