La Junta de Andalucía tiene sobre su mesa las solicitudes de reconocimiento de siete universidades privadas que ha ido recibiendo a lo largo de la legislatura para su implantación en el territorio de la comunidad autónoma. Dos de ellas no pasaron en diciembre el corte del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y el resto aguarda su momento. En cualquier caso, los informes previos preceptivos como el del CAU no son vinculantes para su creación, por lo que la Junta puede iniciar, si así lo estima oportuno, la tramitación de su reconocimiento como universidades privadas como anteproyecto de ley en el Consejo de Gobierno antes de llevarlo como proyecto de ley al Parlamento andaluz, a quien corresponde la decisión final de reconocimiento de una universidad privada.
El Gobierno andaluz de PP y Cs aún no ha dado aún ese paso pero al consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades le viene resultando atractiva esa posibilidad. De hecho, según ha podido saber este periódico, pidió sin éxito sendos informes favorables para la creación de las dos universidades privadas que se analizaron en el CAU: la Universidad Privada Fernando III, vinculada a la Fundación San Pablo CEU Andalucía, y la Universidad Privada Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), de carácter on line y cuyos promotores son el Grupo Vocento y el Instituto de FP MEDAC, vinculado al consejero Javier Imbroda (Cs) hasta poco antes de su llegada a la Junta.
“La labor de la Consejería en este procedimiento es velar, como está haciendo, para que esas nuevas iniciativas cumplan con los requisitos que determina la legislación correspondiente”, apuntan fuentes del departamento dirigido por Rogelio Velasco, quien en más de una ocasión se ha mostrado abierto a la creación de más universidades privadas en Andalucía porque hay “espacio” para su implantación. “No son una amenaza” y es “buena” la competencia, dijo hace menos de un mes en una entrevista.
Velasco se pronunció en idéntico sentido cuando, en 2020, ya se interesaban en desembarcar en Málaga la Universidad Católica San Antonio de Murcia y la Alfonso X El Sabio de Madrid. “No vamos a poner obstáculo al capital privado que quiera poner en marcha iniciativas docentes y de investigación de índole privada”, dijo entonces en el Parlamento andaluz. Tanto la citada Alfonso X El Sabio como la Universidad Europea tienen desde septiembre adjudicadas parcelas de titularidad municipal por parte del Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP. Fuentes de la Universidad Europea indican que hasta que el proceso de tramitación no esté más avanzado no pueden proporcionar más detalles al respecto. “Solo podemos indicar que sigue el cauce formal administrativo”, añaden. Ni el Ministerio de Universidades ni la Junta han emitido aún sus informes respecto a estas dos universidades privadas, que sí que han presentado a la Junta solicitud de reconocimiento como tales.
La provincia de Málaga acapara la mayor parte de las solicitudes puesto que entre los promotores de UTAMED está citado MEDAC, con sede central en Málaga, y la Universidad Fernando III tiene también con intención de implantarse en Málaga aunque ya en una segunda fase. Su promotor, la Fundación San Pablo CEU Andalucía, tiene su campus universitario de Bormujos (Sevilla) y sería en Sevilla donde se postula en primer lugar su aterrizaje, señalan fuentes de la fundación, que apuntan que no han recibido siquiera comunicación formal por parte de la Consejería respecto al informe del CAU, reunido el pasado 13 de diciembre.
Ambas universidades privadas contaban con el aval explícito de la Junta, según las fuentes consutadas, pero el CAU no informó favorablemente. Se da la circunstancia de que la Universidad Fernando III se llegó a crear formalmente en marzo de 2007 en el Parlamento de Andalucía pero nunca se puso en marcha. Años más tarde, Loyola Andalucía fue reconocida en 2011 como la primera universidad privada del sistema universitario andaluz. Los dos proyectos universitarios que ya han pasado por el CAU (los de la UTAMED y el de la Fernando III) son los más avanzados en el proceso y podrían ser llevados a Consejo de Gobierno “en no mucho tiempo”, según auguran fuentes del proceso, pero “depende de si se ajustan a los criterios requeridos” ya que “han de cumplir los requisitos correspondientes”, insisten desde la Consejería.
No está de más indicar que los pasos para el reconocimiento de una universidad privada son, en este orden: presentación solicitud a la Junta de Andalucía, informe de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU, dependiente del Ministerio de Universidades), informe de la DEVA de la Agencia Andaluza del Conocimiento (dependiente de la Junta), informe del CAU, anteproyecto de Ley en Consejo de Gobierno y tramitación parlamentaria como proyecto de Ley.
Según ha podido saber este periódico, el consejero pidió informes favorables del CAU para ambas universidades privadas (Fernando III y UTAMED), argumentando internamente lo mismo que públicamente: hay espacio suficiente para la implantación de instituciones privadas que cumplan con las exigencias de calidad. La primera tenía los parabienes de la CGPU y la DEVA, mientras que la segunda se había encontrado con más obstáculos en el proceso administrativo por parte de Ministerio y Junta, si bien pudo subsanar las deficiencias detectadas el el trámite de alegaciones. Pese a todo, UTAMED no fue apoyada por el CAU pese a que la Direeción General de Universidades, dependiente de la Junta, comunicó que el proyecto cumple con la normativa de aplicación.
La Consejería, en cualquier caso, no ha querido hacer público el nombre de los impulsores de ninguna iniciativa “hasta no haberse superado el trámite de los informes previos y se esté en disposición de elevar la solicitud a Consejo de Gobierno”. “La decisión sobre el reconocimiento de una universidad privada corresponde al Parlamento de Andalucía”, insisten desde la Consejería. Según las fuentes consultadas, la Consejería avala la creación de las dos universidades citadas pero en el CAU se encontró con el rechazo principalmente de los rectores de las universidades públicas, que le hicieron saber al consejero que los proyectos de Fernando III y UTAMED no cumplían los requisitos de la normativa actual, entre otras cuestiones.
Fuentes universitarias conocedoras del proceso para el reconocimiento de las universidades consideran respecto a las manifestaciones que ha venido haciendo Velasco que “la competencia es buena si se compite en calidad, en excelencia, en captación del conocimiento, pero el problema es que, con varios nuevos proyectos sobre la mesa al mismo tiempo, puede terminar abriéndose una competencia para ver quién hace los títulos universitarios más asequibles en todos los sentidos y se ponga en tela de juicio el valor de la universidad. Es un tema que requiere planficación y organización por parte de la Junta”.
La Universidad Privada de la Costa del Sol, que viene de la mano de la Escuela Autónoma de Dirección de Empresas -EADE- y que presentó su solicitud formal en julio de 2018, vio cómo a finales del pasado mes de junio también se llevaba la negativa del CAU, compuesto por los rectores de las once universidades púbicas y representantes de la Consejería, de los consejos sociales de las universidades, del Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios, de los grupos parlamentarios y de la Agencia Andaluza del Conocimiento. De la Universidad Internacional de Estepona Antonia Guerrero (UIE) y la Universidad Privada Internacional del Mediterráneo (on line) también se ha tenido conocimiento en la Consejería durante esta legislatura, según una respuesta parlamentaria del consejero en septiembre de 2020, publicada en el BOPA del pasado febrero, cuando entonces aludía a cinco proyectos y donde aparecía la vinculación de MEDAC a la Universidad UTAMED, como se comentó al principio.
Gabriel Pérez Alcalá, rector de la Universidad Loyola, ve “bien” que existan varios proyectos de universidades privadas con la intención de implantarse en Andalucía y señala a este periódico que “la creación de centros educativos es un derecho constitucional”, si bien apunta que “lo importante no es que se creen o se dejen de crear sino que sean centros de calidad y no chiringuitos expendedores de títulos, o centros que no tengan ninguna vinculación el territorio y no aporten nada. Eso hay que evitarlo”.
Preguntado por si el reconocimiento de otras universidades puede generar competencia o alimentar el ecosistema de conocimiento, apunta que “la competencia es sana si se hace en un marco regulatorio claro, transparente y seguro”. En ese sentido, “si todos jugamos con las mismas reglas, la competencia puede favorecer porque mejora la oferta, nos hace mejores a todos y cada uno de los actores. Por otra parte, si son universidades de calidad, alimenta también el ecosistema de conocimiento porque eso implica que hay más personas innovando, investigando, aportando”.
Loyola no está detrás de ninguno de los proyectos presentados, pero su rector considera que el número de proyectos presentados en Andalucía “demuestra el interés que hay en la comunidad, el potencial que se está viendo aquí y, sobre todo, pone de manifiesto que el sistema universitario andaluz es un sistema incompleto que no llena todas las necesidades de la comunidad”. “Siempre que sean proyectos de calidad, bienvenidos sean”, insiste el rector.
Según José Luis Martos, responsable de política educativa universidad de la Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía, la creación de nuevas universidades privadas “no responde a las necesidades reales del sistema universitario de Andalucía sino que responde al deseo de hacer negocio con la enseñanza superior”. “Se plantea implementar titulaciones de grado y máster, que en muchos casos ya existen en las universidades públicas de Andalucía, duplicando la oferta de titulaciones cuya demanda se encuentra atendida en estos momentos”, considera.
El también secretario general de la Sección Sindical de CCOO en la Universidad de Granada, la posible existencia de universidades privadas “supone una competencia directa con las titulaciones ofertadas por las universidades públicas de Andalucía, favoreciendo el trasvase de alumnado del sistema universitario público al ámbito de las universidades privadas”, lo que “pondría en peligro la continuidad de muchas titulaciones, facultades y campus, con la repercusión directa y grave que puede tener en el mantenimiento del empleo del profesorado y PAS de las universidades públicas”. Para el sindicato, solo hay que mirar “lo que se ha hecho en otras comunidades donde gobierna el PP (Madrid, Castilla León, …), donde los recortes a la Universidad Publica han llevado aparejado la creación de universidades privadas y desmantelamiento de la oferta de titulaciones de las públicas”.
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