El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha anunciado este jueves que facilitará al Parlamento la totalidad de los expedientes definitivos de reintegro de ayudas a cursos de formación --un total de 640, por los que se reclaman en este momento la devolución a las arcas públicas de 19,3 millones--, “factura a factura, contrato a contrato y curso a curso”, incluyendo el resultado técnico de las propuestas de reintegro, si bien ha advertido a los grupos de que a partir de que dispongan de esa información tendrán toda la “responsabilidad y tutela” sobre la misma “con respecto a los terceros afectados”.
Esta es la tercera comparecencia, desde que comenzó el curso político en septiembre, de Alonso en comisión del Parlamento para ofrecer datos sobre el trabajo de análisis de los expedientes relativos a ayudas a cursos de formación que está llevando a cabo su departamento. El pasado 4 de septiembre, informó de que el Gobierno andaluz reclamaba la devolución de 17,4 millones de euros de ayudas a cursos de formación, en virtud de las resoluciones definitivas de reintegro de 581 expedientes. Esa cifra se elevó a 19,3, en virtud de 640 expedientes definitivos de reintegro, según la información que el consejero dio el 16 de octubre.
Este jueves, el consejero ha expuesto en comisión que desde el pasado 16 de octubre se han analizado 810 expedientes más de fondos de formación que no han arrojado ninguna nueva petición de reintegro, de manera que la cifra que reclama se mantiene en los 19,3 millones de euros.
En resumen, Luciano Alonso ha explicado que se ha tramitado ya el 70,11 por ciento de los 8.505 expedientes de subvenciones a cursos de formación que serán objeto de análisis, es decir, 5.963. Ha puesto en valor que se sigue trabajando con “transparencia” y “responsabilidad” en el control de la formación para el empleo, “primando el interés general a la vez que se garantiza la seguridad jurídica de terceros”.
De los 5.963 expedientes analizados, 3.766 corresponden a expedientes en requerimiento de información, estudio o en fase de inicio de reintegro, al tiempo que han sido resueltos 1.557, que se han justificado correctamente y se han remitido a la Intervención General para su fiscalización, liquidación y abono. Respecto a las propuestas de resoluciones definitivas de reintegro, se mantiene el número de 640 con un importe que asciende a más de 19,3 millones.
No obstante, el consejero ha explicado que tras las propuestas de resolución de reintegro definitivas, el tercero tiene la capacidad de recurrir. De hecho, en los últimos días se han producido dos resoluciones de ejecución de sentencia por las que dos reintegros, incluidos en estos 640, han perdido efectividad al darle la razón los juzgados (una en Granada, por valor de 9.645,98 euros, y otra en los servicios centrales, de 31.876,29 euros).
El consejero ha insistido en cumplirá con el informe jurídico de la Junta que desaconsejaba hacer públicos los nombres de los beneficiarios de fondos para la formación a los que se les demandaba el reintegro, porque ello podría conllevar la vulneración de la normativa sobre protección de datos. “En este momento de absoluta judicialización de la vida política no seré yo el que se salte un informe del gabinete jurídico”, ha apuntado.
No obstante, ha anunciado que, respetando la línea del informe jurídico, está dispuesto a garantizar a su vez el derecho a la información que ostentan los diputados para el ejercicio de sus responsabilidades. En este sentido, se facilitará al Parlamento, en respuesta a las peticiones de los diputados, la totalidad de los expedientes definitivos de reintegro, “factura a factura, contrato a contrato y curso a curso”, incluyendo el resultado técnico de las propuestas de reintegro.
“Ustedes me solicitaban el resultado de las propuestas de resolución, pero yo voy más allá y les facilito la totalidad del expediente”, ha indicado Alonso, que se ha preguntado “qué mayor transparencia que no sólo conocer el resultado sino que los diputados tengan acceso a todo el expediente, es decir, factura a factura, contrato a contrato, curso a curso”.
PUBLICACIÓN DE LAS EXCEPTUACIONES
“Total transparencia y responsabilidad en la gestión y en el control de los fondos de formación” son las premisas, que según el consejero, presiden la tarea de la Junta en esta materia, al tiempo que ha anunciado que la próxima semana se publicarán en la web de la consejería la “exceptuaciones individuales”. Cabe recordar que las exceptuaciones son “resoluciones del consejero competente en la materia, que conlleva la posibilidad de que una entidad beneficiaria pueda concurrir a una nueva convocatoria o se le pueda abonar parte de una subvención ya concedida, sin tener justificado la totalidad de los expedientes previos”.
El consejero ha informado igualmente de que desde principios de 2014 hasta ahora se han abonado 22,96 millones de euros a 415 entidades beneficiarias de subvenciones cuyos expedientes han sido debidamente justificados y fiscalizados por la Intervención General.
“NUEVO PARIPÉ” Y “MAREAR LA PERDIZ”
Por su parte, la diputada del PP-A Marifrán Carazo ha señalado que esta comparecencia del consejero ha sido un “nuevo paripé” y ha indicado que hay muchas dudas que siguen sin resolverse. Ha señalado que se alegra de que el consejero haya decidido ya facilitar a los grupos parlamentarios la información sobre los expedientes después de tanto “marear la perdiz”.
A su juicio, el consejero ha decidido dar ese paso porque se ve “abocado por la presión”. “Facilite toda la información, porque es su obligación”, ha exigido Carazo a Alonso, al que ha preguntado cuánto dinero se ha recuperado ya. Ha señalado que los ciudadanos quieren que se recupere hasta el último euro, que es lo que realmente preocupa.
En su turno de réplica, el consejero ha lamentado que el PP-A no esté interesado por que todo este asunto se aclare ni por la transparencia, sino solo por “enfangar” y le ha hecho un llamamiento a la responsabilidad.
El parlamentario del PSOE-A Francisco Menacho ha manifestado que el caso de los fondos de formación no solo afecta a Andalucía y ha recordado las palabras de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, referidas a que el fraude no es cuestión de territorios, sino de personas y empresas y que es necesaria una regulación.
Ha señalado que en Galicia ya hay un director general imputado, mientras que aquí no se ha producido algo así. Menacho ha puesto de manifiesto que en Andalucía existe “máxima información y transparencia día a día”, con el consejero compareciendo en el Parlamento mes a mes, sin que se le empuje, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades. Ha apuntado que por mucho que el PP-A quiera hacer con este asunto “una causa general” contra la Junta, no tiene ninguna credibilidad.
El diputado de IULV-CA Ignacio García ha considerado que un 41 por ciento de expedientes con peticiones de integro (664 de 1.557 resueltos) es, sin duda, una cifra importante que debería llevar a la reflexión y ha pedido al consejero que exponga las causas más comunes de esas peticiones de reintegro. Además, ha señalado que su formación quiere saber cuántos expedientes se exceptuan.