La Junta de Andalucía, liderada por Juanma Moreno (PP), ha solicitado al Ministerio de Hacienda una reunión para tratar la rebaja del IVA por el alquiler de sillas, tribunas y palcos para ver las procesiones de Semana Santa. Desde este año, cualquier persona deberá pagar el tipo general de IVA por alquilar uno de estos lugares para ver una procesión en España, costando un 21% más.
El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha trasladado su inquietud a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ahora el secretario general de Hacienda ha solicitado formalmente por carta a la secretaria de Estado de Hacienda una reunión de trabajo en la que “estudiar la posible aplicación del tipo reducido del diez por ciento” en lugar del 21 previsto. El Ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos coincide en este punto con el alcalde socialista de Sevilla, Juan Espadas, que también ha criticado la directriz de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda. El Ayuntamiento de Sevilla, según confirmó recientemente el obispo de la capital andaluza, Juan José Asenjo, apoya al Consejo de Hermandades contra esta subida del IVA.
En la carta que la Junta de Andalucía ha remitido al Gobierno de España se pone de manifiesto que “la Semana Santa en Andalucía es un acontecimiento de interés turístico internacional” con una importante “repercusión económica y de empleo”.
Para justificar el estudio de la rebaja del IVA, el Gobierno de Andalucía ha destacado el “enorme impacto religioso, cultural y turístico” de la Semana Santa, no sólo a nivel nacional sino también internacional y “la gran labor social que realizan las hermandades y cofradías, siendo la actividad descrita --el alquilar de sillas, tribunas y palcos-- una fuente relevante de ingresos para las mismas”.
Por ello, se ha solicitado que la reunión se celebre “a la mayor brevedad posible dadas las fechas en las que nos encontramos” al considerar la Junta que se podría encontrar margen dentro de la Ley del IVA para aplicar el tipo reducido del diez por ciento o incluso estudiando el marco de la Directiva Comunitaria.