En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha anunciado que se ha acordado manifestar la no tramitación de la proposición de Ley de Renta Social Básica, presentada por varios ayuntamientos con el apoyo del PA de la comunidad autónoma y de la Iniciativa Legislativa Popular para la Regulación de un Sistema de Renta Básica para la Inclusión en Andalucía, promovida por una plataforma ciudadana.
El Ejecutivo andaluz señala en su escrito, que será remitido al Parlamento, que ya está trabajando en la elaboración del anteproyecto de ley sobre esta misma materia.
Según ha explicado Vázquez, el texto que prepara la Junta, que se enviará al Parlamento en el segundo semestre de 2016, establece medidas para asegurar condiciones de vida dignas a todas las personas en riesgo de exclusión social.
Ha recordado que su elaboración responde al mandato del grupo de trabajo constituido la pasada legislatura en la Cámara autonómica, que instó al Gobierno andaluz a garantizar por ley una prestación económica sustitutoria del actual salario social en tanto el Ejecutivo central regula la renta básica como derecho para todo el país.
La futura ley priorizará los recursos disponibles para satisfacer las necesidades básicas de los sectores de la población más vulnerables, con especial atención a las familias con menores en las que haya parados de larga duración, no perceptores de prestaciones o subsidios.
El portavoz ha defendido que hay que hacer un trabajo riguroso que dé respuesta a las necesidades técnicas y jurídicas y a la complejidad que tiene una norma de ese tipo, que requeriría un desembolso económico importante.
Ha justificado el rechazo a las iniciativas de los citados colectivos en que en estos momentos no se dan las circunstancias presupuestarias para poder tomarlas en consideración.