El Gobierno andaluz considera “gravísima” la ruptura del secreto de los presupuestos de 2014
El Partido Popular andaluz parece haberse contagiado de las prácticas seguidas en los últimos tiempos por el Gobierno de Mariano Rajoy. Si en Madrid destacados ministros han sacado a la luz datos favorables a su Gobierno antes de tiempo, como en el caso de los últimos datos de empleo, en Sevilla ha sido la vicesecretaria de Organización, Ana Corredera, la que no ha podido aguantar la tentación de reventarle a la Junta sus próximos presupuestos. Con el afán, claro está, no de ayudar al Gobierno andaluz sino, al contrario, desgastarlo todo lo posible.
Los presupuestos, y más específicamente dónde va a aplicar el nuevo gabinete de Susana Díaz los 1.200 millones de euros que el Gobierno Rajoy le obliga a recortar el próximo año, son el mayor secreto guardado estos días por el Consejo de Gobierno. Pero el borrador, antes de aprobarse, debe ser estudiado por el Consejo Consultivo de Andalucía. Oportunidad aprovechada por Corredera para intentar apuntarse un tanto y soltar en rueda de prensa que “se confirman las peores sospechas”: el Gobierno andaluz “va a congelar de nuevo la participación de las entidades locales en los tributos autonómicos” y “va a mantener los recortes a los empleados públicos”.
Obviamente, la filtración no ha sentado bien en un Gobierno acosado, además, por la obligación de seguir recortando aún más impuesta por el Gobierno nacional del mismo Partido Popular al que representa Corredera. Es “un suceso gravísimo”, clama la recién estrenada consejera de Hacienda María Jesús Montero.
“Viola gravemente las obligaciones de imparcialidad de los miembros del Consejo”
Así lo ha visto también el presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, ha lamentado “profundamente las filtraciones realizadas” desde el órgano que dirige sobre la documentación relativa al Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2014 y ha calificado este hecho de “insólito”.
Para Cano Bueno, “viola gravemente las obligaciones de imparcialidad y deber de reserva que han de observar todos los miembros del Consejo” y que “estos comportamientos, cuya autoría no es posible establecer, suponen un hecho insólito en la ya larga historia” del órgano que dirige. En este sentido, ha advertido que las filtraciones “perturban gravemente el buen orden institucional y causan un perjuicio irreparable a la independencia y neutralidad política que debe observar un órgano como éste en todo momento”.
“Pone en riesgo el control democrático”
Para Montero, el Consejo Consultivo (órgano similar al Consejo de Estado, que debe dictaminar sobre todas y cada una de las normas que se emiten desde el Parlamento Andaluz) “ha contravenido su deber de reserva en el manejo de los datos sobre el presupuesto”, al contárselos a representantes del Partido Popular. Un acto “sin precedentes que pone en riesgo el control democrático y la legalidad de las instituciones”, asegura la consejera Montero.
Efectivamente, Emilio Guichot, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, explica que la responsabilidad en este caso es del filtrador y no del divulgador de la información. El Partido Popular no forma parte del Consultivo, por lo que no revela la información. Sí lo hace el miembro del Consejo que la filtra en contra de su deber de guardar secreto sobre una información que conoce en función de su cargo.
Así, según Guichot, “es similar a lo que ocurre cuando se filtran informaciones sujetas a secreto de sumario. Los obligados a ese secreto son las partes (abogados, inculpados, funcionarios judiciales), pero el periodista al hacerse con ello y divulgarlo ejerce su libertad de expresión. En este caso, el político, que no forma parte del Consultivo, ejerce su libertad de debate y crítica política”.
A Francisco Jurado, jurista y miembro de Democracia Digital de Andalucía, organización centrada en temas de participación y transparencia surgida del movimiento 15M, le “suena a viejo, porque al final a lo que tenemos que ir, lo que se pide, a lo que aspiramos, es a unos presupuestos que se elaboren a la vista de todos, y que además podamos participar en su elaboración”.
Jurado también lo compara con los sumarios judiciales, que, recuerda, siempre se filtran en función de los intereses de las distintas partes implicadas. Y concluye con un “al fin y al cabo, tarde o temprano íbamos a enterarnos” de donde se aplicarán los recortes el año que viene.
