El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha presidido este martes la firma del octavo acuerdo del gran Pacto por Andalucía que viene desarrollando el Ejecutivo andaluz. Un Acuerdo con el Sistema Universitario Público por Andalucía a cuya rúbrica han asistido todos los rectores de las universidades andaluzas y que recoge diez líneas de actuación para “garantizar la sostenibilidad de la universidad pública”.
Las actuaciones prioritarias se centran en la financiación, por lo que el pacto pone especial énfasis en “el cumplimiento del compromiso presupuestario en los ejercicios 2013 y 2014”, “los pagos de la deuda contraídos con el sistema universitario” y “el mantenimiento de la actual política de precios públicos de matrícula”. En estas diez líneas se refleja además el compromiso y responsabilidad con la sociedad, la igualdad de oportunidades, la contribución al desarrollo de Andalucía, la especialización y excelencia, el sostenimiento y sostenibilidad del sistema público, el impulso del capital humano y la necesidad de un sistema universitario proyectado al exterior.
En el acuerdo, los firmantes destacan que la universidad pública no puede entenderse como “un gasto irrecuperable”. Griñán ha destacado que la educación debe ser el eje prioritario de la recuperación económica y ha recordado que Andalucía invierte en investigación el doble de la media del resto de comunidades autónomas. “Las universidades públicas de Andalucía tienen un relevante impacto en el conjunto de la economía andaluza. En cifras generales, podemos afirmar que las diez universidades públicas andaluzas generan un valor añadido bruto de más de 6.000 millones de euros, con un empleo vinculado de más de 110.000 puestos de trabajo”, afirmó en su intervención.
Griñán ha defendido también que “una política de becas debe dirigirse a garantizar igualdad de oportunidades, no a dar premios” y ha advertido de que “convertir las becas en una dádiva que se otorga a estudiantes con buenas calificaciones es un disparate”, ya que ha recordado que “la financiación de la universidad es mayoritariamente pública para todos, para los que tienen beca y para los que no”.
Transferencias urgentes para el pago de la deuda “antes de octubre”
Transferencias urgentes para el pago de la deuda “antes de octubre”La deuda de la Junta con las universidades se sitúa entre los 800 y los 900 millones de euros, según el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y rector de la Universidad de Córdoba, José Manuel Roldán, una cifra que fija “con todas las cautelas, ya que depende de los documentos de órdenes de pago que se vayan ejecutando y que si se quisieran cobrar de una vez supondrían un enorme crecimiento del déficit”.
“El pago de la deuda y sus plazos depende de muchos factores, como por ejemplo el pago inminente a proveedores”, ha asegurado después del acto. “Este Pacto es de carácter general y deja espacios abiertos. Lo que sí puedo adelantar es que uno de los pagos urgente será de 100 millones y se realizará antes de octubre”, ha afirmado. Roldán ha añadido: “lo que esperamos es una solución con posibilidad de financiación a través de préstamos de bancos europeos que puedan paliar la situación”.
En matería de estudiantes, y dentro de las actuaciones con prioridad, el pacto establece que se pondrán en marcha ayudas que corrijan “los actuales riesgos de exclusión social, con el fin de defender los principios de equidad e igualdad de oportunidades”. Tras la reformas de las tasas del Ministerio el pasado curso, la Junta acordó los precios mínimos dentro de la horquilla establecida y la experimentalidad única. Es decir, que todos los grados y diplomaturas tuvieran un mismo coste. “Un crédito en primera matrícula cuesta en Andalucía 12,5 euros, frente a los 39,5 de Cataluña o los 27 de Madrid”, ha subrayado Griñán.
El pago fraccionado “va a ser posible”
El pacto no recoge medidas concretas respecto al pago fraccionado de las matrículas, petición requerida por los alumnos a sus distintas universidades y que éstas han ido trasladando a la Junta de manera progresiva. A este respecto sí se ha pronunciado Antonio Ávila esta mañana durante una entrevista televisiva. Según el consejero de Economía e Innovación (responsable de universidades), “se está trabajando para que sea posible y va a ser posible”. Aunque el consejero ha explicado que “cuando el Gobierno pone tasas y sistema de copago, la Junta puede amortiguarlo, pero no sustituir al Gobierno en sus decisiones”.
El Decreto de Precios Públicos deja las puertas abiertas a medidas extraordinarias como las que algunas universidades, como por ejemplo la de Córdoba, ya se han acogido. La Junta acordó en ese momento con el Consejo Andaluz de Universidades la posibilidad de articular un Plan de Compensación a través de las ayudas propias de las mismas. Es así como la Universidad de Córdoba ya ha podido fraccionar el pago de las tasas a los alumnos de 3ª y 4ª matriculación para evitar “el estancamiento de los estudiantes en el sistema universitario”. Las tasas en segundas y terceras matrículas han aumentado en un 77% y 187% respectivamente.
Respecto al endurecimiento de las condiciones para acceder a las becas de convocatoria general marcadas por Wert, Ávila considera que con el nuevo sistema de becas “se ha tomado una decisión profundamente desigualitaria, que dejará fuera a muchísimas personas, pues el 40 por ciento el año pasado en Andalucía, 14.000 personas, tuvieron una nota entre 5,5 y 6,5”.
El acuerdo también hace especial hincapié en materia de personal, asegurando “la defensa de la carrera profesional y la plantilla estable”. En relación a este tema, el rector de la Universidad de Córdoba ha asegurado que en su universidad “tratarán de mantenerse a los profesores asociados”. En el documento, los rectores afirman: “Sabemos que el sistema de enseñanza proporciona una formación de calidad, la alta demanda de profesionales fuera de nuestras fronteras demuestra esta afirmación”. Este ha sido también uno de los argumentos esgrimidos por algunos de ellos al ser preguntados por las declaraciones de ayer en el Senado del ministro Wert que relacionaban la caída de becas de la comunidad con el sistema educativo andaluz y el rendimiento de sus estudiantes. Según Roldán, “esos datos no tienen consistencia”.