Juristas piden calificar la ablación como violencia de género en España
La ablación, o Mutilación Genital Femenina (MGF), es un fenómeno que en España se considera relativamente ajeno, concentrado en bolsas de emigración concretas, como las procedentes de Gambia en grandes zonas de Cataluña. Un problema sobre el que pesan muchos tópicos y que juristas y sanitarios, sobre todo mujeres, de diferentes generaciones de nuestro país trabajan para prevenir y trabajar mejor, pensando en castigar a quienes la practican pero, sobre todo, en salvar de ser mutiladas al mayor número de niñas posible. Lo cuenta a eldiario.es/andalucia Ana Silva, jurista especializada, y Casilda Velasco, matrona y miembro de Medicos Mundi.
La jurista granadina Ana Silva ha finalizado una investigación en la que critica la diversidad e incocrección de las normas españolas que, aunque castigan la mutilación de las menores con penas relativamente severas, tienen muchos problemas en la prevención, la detección, y sobre todo, en la protección de las víctimas. “Colisionan los derechos de las menores, porque a veces hay que encarcelar a ambos padres. Pero la Ley de Violencia de Género, que es muy específica y tiene otros problemas, sí tiene el componente de la protección a las víctimas… y de la condena social que implica”, explica.
Se calcula que en todo el mundo la ablación afecta a más de 135 millones de mujeres, y cada año son mutiladas alrededor de 2 millones de niñas y adolescentes. En España no existen datos, explica Casilda Velasco, matrona, profesora de Enfemería y miembro de Medicos Mundi, “porque no hay manera de controlarlo. Para empezar, porque los sanitarios no están preparados para detectar a las niñas en peligro de ser mutiladas, y sería muy sencillo con la preparación adecuada. Nos enteramos cuando llega alguna niña a urgencias porque le han provocado una hemorragia grave”.
Detectar los casos
Actualmente, el Ministerio de Sanidad prepara una guía en este sentido en la que participa la misma Casilda, que pone en valor el trabajo realizado en comunidades como Cataluña “porque la Policía y las matronas, para empezar, saben lo que hacer cuando detectan un caso”. Si en un parto “te encuentras con una mujer que está mutilada, y tiene una niña, tienes que saber que esa niña está en riesgo de ser mutilada también el día de mañana”. También considera fundamental “trabajar con las asociaciones de mujeres africanas, porque a nosotras nos consideran extrañas a su cultura y no nos hacen caso”.
En España, la Ley Orgánica 11/2003 incorporó la mutilación genital del Código Penal. El Parlamento Europeo ya emitió una resolución en 2001 calificando la Mutilación Genital Femenina (MGF) como una forma de violencia contra la mujer, o de género. Sin embargo, en España la mutilación genital se juzga como delito de lesiones que puede ser penado con entre 6 ó 12 años según la gravedad, en el artículo 149.2 del CP.
El principal problema es la inseguridad jurídica de superponerse a las legislaciones autonómicas –Madrid, Canarias, Aragón, Región de Murcia y Cataluña sí que engloban la ablación como violencia de género– al tiempo que no integra las resoluciones europeas, e introduce un factor a criterio del juez de turno: la gravedad de la mutilación dependerá de si este considera el clítoris un órgano importante. Aparte, también se persigue la MGF a través del artículo 173.2 del CP, como delito de maltrato doméstico.
En 2005, además, la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial permitió que se pueda perseguir a los culpables de una mutilación mientras sean residentes en España aunque esta se produzca en una visita al país de origen. De hecho, por ejemplo, en Cataluña la normativa permite que la policía o los sanitarios denuncien el riesgo para una menor de sufrir mutilación si visita su país de origen y los jueces han llegado a retirar el pasaporte a menores para que evitar que realicen el viaje.
Las críticas de Casilda y Ana coinciden en el punto de la prevención como el trabajo pendiente en España para luchar contra la ablación. “Los jueces y los fiscales piden muchos informes médicos porque no tienen ni idea de cómo calificar. Hay pocas sentencias, pero son suficientemente duras”, explica Casilda. La misma Medicos Mundi ha impartido más de 20 cursos para formar sanitarios en Andalucía.
Casilda valora que “hemos avanzado mucho en 30 años. Cuando empecé a viajar a Burkina Fasso, allí ni se hablaba del tema, y ahora les ponemos vídeos explicativos a los hombres para concienciarlos y hay carteles gubernamentales por la calle contrarios a la mutilación. En España, me decían que impedirles eso era imperialismo cultural e incluso en nombre del multiculturalismo había clínicas en Dinamarca que volvían a coser a las mujeres somalíes después de parir. Hoy eso se ha superado y prima el enfoque de los Derechos Humanos: es una mutilación que atenta contra la salud, la dignidad y la libertad sexual de las mujeres”.
