Creería la jueza Mercedes Alaya que empezaba a acabar con las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla a la constructora Sando en febrero de 2006 cuando, en abril de 2015, cerraba tras cinco años de instrucción una de las 'patas' judiciales de este caso y abría juicio contra diez personas. En junio de 2017 resultaron finalmente absueltas. Ahora, el Consejo General del Poder Judicial ha considerado que hubo un “exceso indebido de tiempo” en aquella instrucción de la jueza que no se puede justificar, aunque no concreta cuánto ni quién ha de abonar aquel perjuicio.
Uno de los damnificados de aquella 'pena de banquillo', el exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, quiere que sea la propia jueza la que pague una indemnización de 73.500 euros por el “anormal funcionamiento de la Administración de Justicia” apreciado por el órgano de gobierno de los jueces. Ese “anormal funcionamiento” al que también se agarra, salvando las lógicas distancias, una de las víctimas de los abusos sexuales del ex decano de Educación de la Universidad de Sevilla Santiago Romero.
Segundo varapalo a Alaya
La venta de los terrenos del denominado 'caso Mercasevilla' supuso el segundo varapalo judicial para la jueza Alaya después de que, en 2014, el Tribunal Supremo anulara la condena al exdelegado de Empleo Antonio Rivas, único exalto cargo implicado en las diferentes piezas de la causa. Alaya había empezado entonces a tirar del hilo de la controvertida gestión de la lonja para arrancar la conocida causa contra la Junta de Andalucía al advertir “intrusos” en los ERE de 2003 y 2007.
Las diligencias del 'caso Mercasevilla' arrancaron en 2009 a partir de la denuncia del entonces portavoz del PP local, Juan Ignacio Zoido. Alaya, que conocía Zoido de cuando este era decano, imputó a Torrijos en abril de 2011, apenas mes y medio antes de las elecciones municipales. Según recuerda ahora Torrijos, Zoido “tuvo los réditos adecuados, a consecuencia de esta iniciativa, para alcanzar la Alcaldía por mayoría absoluta”. Cabe recordar que, hasta ese momento, PSOE e IU cogobernaban la capital hispalense. “Había una estrategia para acabar con una experiencia ilusionante de un Gobierno de izquierdas”, señala Torrijos.
Con la absolución en 2017 de la decena de acusados por la venta de los terrenos parecía que se ponía fin a un asunto con gran trascendencia política a nivel local la absolución en 2017 de la decena de acusados, por la repercusión mediática de sus implicados (el que fuera primer teniente de alcalde en la 'era Monteseirín', Antonio Rodrígo Torrijos, y el también concejal, en este caso del PSOE, Gonzalo Crespo). Gran recorrido tuvo anteriormente, en el otoño de 2010, la publicación de una fotografía de una mariscada en Bruselas de abril de 2008 compartida, entre otros, por Torrijos y el entonces director de Mercasevilla, Fernando Mellet. Tras el juicio, donde la Fiscalía pidió dos años de cárcel a cada acusado, la jueza Yolanda Sánchez rechazó en la sentencia cualquier amaño o concierto previo para que Sando consiguiera la adjudicación de los terrenos.
Los “daños colaterales”
Alaya, que según el abogado de Mellet debió abstenerse de instruir este caso ya que su marido había sido auditor de Mercasevilla y fue despedido por Mellet por “graves irregularidades”, se había hecho cargo durante cinco años de la investigación de la adjudicación de los suelos del mercado central de abastos. El fallo absolutorio ya despertó las iras de los abogados de la defensa, muy explícitos a la hora de denunciar por los “daños colaterales” causados durante largo tiempo a los acusados por una “inquisitiva” instrucción. Aquella absolución también levantó las quejas de los partidos más 'castigados' por el proceso, que aludieron al “linchamiento político” sufrido por los ahora absueltos.
“Ha sido un procedimiento muy largo, muy duro, muy doloroso”, dijo la abogada de Torrijos entonces. El exlíder de IU en Sevilla, que ha dicho a Europa Press que el proceso judicial estuvo “preñado de un cierto tinte de instrumentalización”, quiere ahora cerrar el círculo y estudia establecer “un procedimiento de repetición para que sea la jueza la que tenga que responder con su patrimonio y sus recursos” y no repercuta en “los españoles” lo que “ha sido simplemente responsabilidad de la misma”.
Sería el siguiente paso para culminar la reclamación patrimonial que hizo al Estado y que el CGPJ apoya. En todo caso, desde el órgano de gobierno de los jueces apuntan a este periódico que no es de su competencia cuantificar ni decidir si finalmente hay responsabilidad del Estado sino que su informe conocido ahora es un “trámite intermedio” que se ha remitido al Ministerio de Justicia para que aborde definitivamente la reclamación patrimonial.
Las mismas fuentes, acerca del procedimiento de repetición al que alude Torrijos, entienden que los jueces actúan en nombre del Estado por lo que consideran que sería el Estado, a través del Ministerio de Justicia, directamente el que tenga que abonar la hipotética indeminzación planteada por Torrijos y Castaño.
“No queda acreditada la complejidad del procedimiento penal que justifique el dilatado período temporal que provocó dilaciones indebidas y llevó a que la tramitación del procedimiento llegara alcanzar un exceso indebido de tiempo, debiendo entenderse como excesivo y del que es dable apreciar un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia”, zanja el CGPJ en su informe.