El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha emitido un nuevo auto sobre la pieza separada de la macrocausa de los cursos de formación relativa al “entramado empresarial” del que fuera vicesecretario del PSOE andaluz Rafael Velasco, ordenando una tanda de comparecencias de investigados, entre los que figuran Velasco, que dimitió en octubre de 2010 a raíz de noticias de este caso, y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien cumple actualmente condena de cárcel por malversación en el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos europeos.
Más al detalle, y según figura en este nuevo auto fechado el pasado 28 de diciembre y difundido por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez ha citado como investigado a Rafael Velasco el día 27 de febrero, jornada para la cual también están convocados como investigados Antonia M.L., esposa de Velasco y administradora única de la empresa Aulacen 5; Rafaela M.L., hermana de la anterior, cuñada de Velasco y evaluadora en los cursos de formación subvencionados; Inmaculada M.L., también cuñada de Velasco y docente en los cursos de formación subvencionados; y Pedro V.S., hermano de Velasco y quien figuraría igualmente como docente en tales cursos.
Ya para el día 5 de marzo, el juez cita a varios investigados más, entre ellos Antonio Fernández como presidente del SAE en 2008, y los ex director generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García; así como a Alonso S.F., responsable del Servicio de Gestión y Programación.
Según el juez instructor, la causa versa sobre supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación por la “presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la sociedad mercantil Aulacen 5”, vinculada a Rafael Velasco.
Así, la citada entidad “habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular”, en el marco de cuatro expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE, según detalla el juez instructor, desgranando una primera ayuda de e 28.752,30 euros, otra de 41.296,50 euros, una tercera de 82.593 euros y una última de 41.296,50 euros.
“Según se deduciría de lo actuado, podría no haberse cumplido con la disciplina de concesión, control y justificación de tales subvenciones (...) gracias al deliberado concierto de los beneficiarios con los responsables del correspondiente órgano gestor de la subvención”, considera el juez, tras atribuir la aprobación y tramitación de las ayudas a los que fueran directores generales de Formación para el Empleo Juan Manuel Fuentes, María José Lara y Manuel Brenes y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández como presidente del SAE.
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