“¿Hasta cuándo la administración de justicia española seguirá protegiendo a los criminales y humillando a las víctimas?”, se pregunta el abogado de la querella argentina contra el franquismo, Carlos Slepoy, al hilo de la dura crítica expresada por el relator especial sobre justicia transicional, Pablo de Greiff. Naciones Unidas entiende que España “nunca” quiso investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura amparándose en “una ley de punto final”.
De Greiff recomienda al Gobierno español –en un primer balance sobre su visita para conocer el alcance de las medidas adoptadas para reparar a quien sufrió la represión fascista–, que acorte la “distancia inmensa” que mantiene con las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Para ello, debe permitir el acceso a la justicia y colaborar con procesos externos como la causa que tramita el Juzgado Federal Número 1 de Buenos Aires (República Argentina).
Crímenes contra la humanidad, por tanto imprescriptibles
Crímenes contra la humanidad, por tanto imprescriptiblesUnas “conclusiones provisionales” del relator de la Comisión de Derechos Humanos para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición que subrayan los reclamos de colectivos memorialistas. Se producen, apunta Slepoy, “apenas tres días después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitiera un informe desfavorable tanto a la extradición de los reclamados por la justicia argentina como a su enjuiciamiento por los tribunales españoles”. No resulta concebible, en opinión del letrado de la causa argentina, “la prescripción de delitos que constituyen crímenes contra la humanidad y son por tanto imprescriptibles”.
En estos momentos, continúa Carlos Slepoy, “la pregunta es, teniendo en cuenta que una vez más un alto órgano de las Naciones Unidas efectúa una crítica demoledora al Estado español por la impunidad de que gozan los responsables de los crímenes del franquismo y el absoluto desamparo en que se encuentran las víctimas, ¿hasta cuándo la administración de justicia española seguirá protegiendo a los criminales y humillando a las víctimas? ¿Hasta cuándo se mantendrá esta monstruosidad humana y jurídica?”.
Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) y de la Plataforma Andaluza de Apoyo a la Querella Argentina (PaZ), Paqui Maqueda, entiende que sólo el Estado “puede ofrecer una solución real, efectiva y definitiva” a una “problemática” que el relator de la ONU “ha escuchado respetuosamente y ha entendido”. Una respuesta a las “legítimas reivindicaciones” que llegaría, apuesta Maqueda, “cuando el Gobierno aplique el derecho internacional, derogue la ley de amnistía y atienda así el clamor de las víctimas”.
La representante memorialista mantiene que la sociedad civil seguirá, mientras tanto, “luchando en cada rincón del Estado español y contemplando el bochornoso espectáculo que nuestro Gobierno está ofreciendo internacionalmente”. Asimismo, no duda en que “más temprano que tarde las víctimas del fascismo español sabremos la verdad de lo que pasó y viviremos un presente de justicia y reparación” para el que agradece a Pablo de Greiff “haberse puesto en el lugar de las víctimas elaborando un informe digno de todo nuestro respeto”.