El Gabinete Jurídico sobre Desahucio, compuesto por alumnos de derecho de las universidades de Córdoba y Huelva, planteará este martes a los grupos parlamentarios una batería de medidas para garantizar, por ley, la función social de la vivienda en Andalucía y garantizar el acceso a ésta a los excluidos del mercado hipotecario. El Gabinete Jurídico propone a los diputados una nueva Ley de la Función Social de la Vivienda en Andalucía con soluciones innovadoras en el país una vez que el Tribunal Constitucional ha fallado en contra del decreto ley de Función Social de la Vivienda, con el que cerraba a la Junta la posibilidad de expropiar a la banca viviendas vacías.
El Gabinete Jurídico, que ya llevó hasta el Congreso de los Diputados once medidas legislativas contra los desahucios, propone en esta ocasión al Parlamento andaluz legislar en torno a la propiedad temporal y la propiedad compartida, lo que permitiría facilitar el acceso a la vivienda y, al mismo tiempo, ofrecer soluciones ante los desahucios. “Todo esto sin poner en peligro el mercado hipotecario como ha sostenido el Tribunal Constitucional para fallar contra el decreto-ley andaluz”, sostiene el profesor Antonio Manuel Rodríguez.
La primera solución, la propiedad temporal, permitiría la compra de una vivienda por un periodo determinado, revirtiendo la propiedad de esta al propietario original una vez finalizado el plazo. El profesor Rodríguez entiende que es la solución ideal para facilitar el acceso a la vivienda a “los nuevos demandantes excluidos, personas que ganan entre 600 y 1.000 euros al mes y no pueden acceder al mercado hipotecario tradicional”.
La segunda solución, la propiedad compartida, significaría adquirir un porcentaje de la vivienda, aunque se disfrutaría del resto de la casa como inquilino. El pago de una renta posibilitaría, además, que pueda finalmente adquirirse a largo plazo la totalidad de la propiedad a la entidad bancaria. Para el profesor Rodríguez esta medida evitaría gran parte de los desahucios. De un lado, dice, se reconocerían al cliente los derechos sobre el porcentaje de la vivienda que ya abonó en la hipoteca; de otro, se facilita saldar la deuda y no perder su hogar mediante el pago de una renta.
Andalucía, aunque no tiene competencias en el Código Civil para regular este tipo de compra-ventas, sí las tiene a la hora de regular la función social de la vivienda. Por ello, el Gabinete Jurídico propone una nueva ley, o la reforma de la que actualmente está recurrida ante el Tribunal Constitucional, para incluir estas opciones y “facilitar que salgan al mercado aquellas propiedades que no cumplen su función social”.
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ya ha podido conocer la propuesta, y este martes lo harán los grupos políticos del Parlamento.