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La Ley Andaluza del Flamenco, año y medio en un cajón: la Junta deja languidecer un revulsivo para el sector

Farruquito, en el Parlamento de Andalucía tras la aprobación de la Ley Andaluza del Flamenco, en presencia del presidente de la Junta y otras autoridades

Alejandro Luque

Sevilla —
8 de diciembre de 2024 21:08 h

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La imagen está en la memoria de todos: a las puertas del Parlamento de Andalucía, el 13 de abril de 2023, Farruquito se arranca a bailar mientras El Pele le canta por bulerías. Les rodea un corrillo de artistas que podría llenar por sí solo la programación de varios festivales: Manuela Carrasco, Dorantes, Cristina Hoyos, Tomatito, Pedro El Granaíno, Pepe de Lucía, Argentina, Esperanza Fernández, Antonio El Pipa, David Pino, Ricardo y Pedro Ricardo Miño… Hasta el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el entonces consejero de Cultura, Arturo Bernal, acompañan como pueden a las palmas. El ambiente festivo parecía justificado: se acababa de aprobar, con 59 votos a favor y 48 abstenciones la Ley del Flamenco, una larga promesa de protección del arte bajoandaluz por excelencia que por fin parecía hacerse realidad. Sin embargo, han pasado 20 meses de aquel día, y los flamencos están prácticamente como el primer día. 

Por lo general, las leyes no empiezan a tener efecto de manera inmediata sino a través de mecanismos que facilitan su desarrollo. La del Flamenco, que se aprobó en realidad unas semanas después de aquella vistosa y multitudinaria puesta en escena, el 5 de mayo del pasado año, contemplaba en su articulado algunas herramientas para ello. La primera, recogida en su artículo 10, era la creación de una comisión asesora cuyos miembros, a día de hoy, son completamente desconocidos. 

Sí se creó inicialmente un consejo asesor formado por el catedrático Rafael Infante, los periodistas especializados Marta Carrasco y Manuel Curao, y el artista y gestor Calixto Sánchez, así como Concha Prieto en representación de las peñas flamencas. Un equipo que trabajó en el borrador de la Ley, y que según la entonces –y recientemente regresada a este puesto– consejera de Cultura, Patricia del Pozo, iba a constituir “el órgano colegiado consultivo para impulsar y coordinar las políticas públicas relacionadas con el flamenco”. Desde la aprobación de la Ley, dicho consejo no ha vuelto a ser convocado. Infante presentó su dimisión por carta, sin llegar a recibir nunca respuesta de la Administración. Falleció en septiembre de 2022. 

Comisión en el aire

Más importante aún es el artículo 13, que planteaba la necesidad de formular un Plan General para desarrollar la Ley, con una vigencia de seis años prorrogables, y con posibilidad de ser modificado por una comisión asesora que nunca ha llegado a crearse. El punto 14 del mismo articulado desgranaba minuciosamente las prioridades de este Plan, hasta quince aspectos, que llevan más de un año y medio derrochando paciencia en su cajón.

Sí se llevó a cabo una licitación para el servicio de consultoría y asistencia técnica para la elaboración y redacción del Plan General Estratégico del Flamenco de Andalucía, que fue adjudicada el 20 de junio de 2023 a la empresa ACP Cercania Consultores SL, por un importe de 16.304,75 euros, IVA incluido.  

ACP Cercania Consultores SL tiene su origen en el año 2000, cuando los actuales socios asumieron el mando de Sadai, sociedad perteneciente a la Caja de Ahorros El Monte –Caixabank para asesorar a empresas e inversores en materias estratégicas, turísticas y de desarrollo de negocio. En 2007 ambos socios lideran el proyecto Konecta Consultoría, perteneciente al Grupo Konecta, multinacional de servicios de outsourcing; en 2012 abren fundan en Madrid Auren Corporaciones Públicas (miembro de Auren Auditores, Abogados y Consultores –quinta compañía de servicios profesionales en España) orientado hacia la administración pública y los proyectos de turismo, planificación estratégica de territorios y gobernanza, hasta que en 2015 pasa a denominarse Cercania Consultores.

Lo sorprendente es que este año se volvió a licitar un nuevo trabajo de análisis y diagnóstico de la situación del flamenco, similar al anterior, cuyo concurso fue adjudicado el pasado 23 de septiembre, resultando elegida, una vez más, ACP Cercania Consultores SL, por un importe de 64.130 euros, IVA incluido.  

Ayudas y retrocesos

Por otra parte, el artículo 19 de la Ley del Flamenco preveía la creación de un Registro Andaluz del Flamenco, de inscripción voluntaria y gratuita, que tendría como finalidad “servir como instrumento para el conocimiento, publicidad y ordenación de las personas y las entidades que desarrollen actividades con incidencia en el ámbito del flamenco en Andalucía, facilitando así el ejercicio de las competencias en la materia de la Administración de la Junta de Andalucía, así como la información de las personas interesadas”. El problema en este caso no es solo que no se haya hecho nada por satisfacer este punto, sino que ni siquiera se ha puesto al día el registro preexistente, sin actualizar desde 2019. 

Sí se pueden esgrimir algunos logros, aunque no tienen que ver realmente con la aprobación de la ley. Es el caso de la continuidad del premio Flamenco y Educación –aunque lleva diez ediciones celebrándose– o la declaración, en su Disposición Tercera, del 16 de noviembre como Día del Flamenco, fecha en que ya venía conmemorando este fenómeno desde 2011.

Ante estos magros avances, saltan las alarmas en el sector por los retrocesos que se han ido produciendo en el ámbito flamenco en los últimos tiempos. A la cancelación sin mayores explicaciones de la revista La Nueva Arboreá, un órgano impreso de divulgación único en su género, reconocido académicamente y de gran utilidad para los estudiosos, que fue suprimida en 2019 después de 48 números, cabe señalar la eliminación de las ayudas a giras nacionales e internacionales y asistencia a festivales.

La última convocatoria en este sentido se celebró en 2022. Como botón de muestra, en la convocatoria de 2020, el año de la pandemia, se concedieron ayudas por valor de casi 400.000 euros para el tejido profesional del flamenco, repartidas entre producción y creación de espectáculos, asistencia a festivales y eventos, tejido asociativo y festivales flamencos de pequeño y mediano formato. En ejercicios anteriores estos números llegaron a ser holgadamente superiores.

Ante este panorama, Antonio González Pulido, a la cabeza del colectivo Unión Flamenca, comenta que “estamos en la postura en la que siempre nos hemos mantenido: la Ley sobre el papel se sujeta bien, el problema es que sigue sin haber partida presupuestaria, de modo que es difícil desarrollar ciertos puntos, porque todo vale dinero… Es verdad que ya se está constituyendo la mesa permanente, y de hecho yo voy a estar allí en representación de Unión Flamenca. Creo que la Ley puede funcionar, pero para eso hay que desarrollarla, han pasado más de 18 meses y no se ha hecho nada. Se quedó en la foto de familia que se hizo en el Parlamento de Andalucía. Parece que ya se están poniendo manos a la obra, pero no sabemos nada más”.  

Sensación de fraude

Más tajantes se muestran los compañeros de la asociación Flamenco Siglo XXI, para quienes “lamentablemente se confirma lo que ya anunciamos desde la asociación: la ley del flamenco es un fraude”, asevera el músico Pedro Peña como portavoz. “Si hubiera existido una verdadera intención de que sirviera para algo, la habrían dotado de una partida presupuestaria, como se suele hacer con todas la leyes, además de la participación del resto de consejerías implicadas, como por ejemplo la de educación, en la redacción y firma del texto. ¿De qué vale solicitar la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la UNESCO para luego saltarse, uno a uno, sus obligados mandatos para los países parte? ¿Dónde está el comité de expertos? ¿Dónde están representadas de comunidades y grupos que lo mantienen y lo transmiten?”

“Una ley que dota de más poder de decisión a los aficionados y seudo profesionales, que, a los verdaderos protagonistas y profesionales del sector, nace con una clara intención de poder y control sobre nosotros”, denuncia Peña. “Pero esto es algo que ya denunciamos en su día desde la Asociación. A mí, particularmente, casi me destierran. Quizás ahora, los que deban pronunciarse sean quienes la asesoraron, le cantaron, le bailaron y le tocaran las palmas”.

Desilusión en las peñas

En uno de los ámbitos fundamentales para el flamenco, el de las peñas, cunde la desilusión. Inés Roldán, presidenta de las peñas de Sevilla, 13 en total de las 340 que hay en la comunidad andaluza, lamenta que estas asociaciones “llevan una vida muy machacada, muchas están en la UCI, sin ayudas desde hace años, con una afición envejecida. Son heroicas, pero llevan toda la vida viendo que la Administración va por otros caminos”.

“¿La Ley del Flamenco? No saben ni lo que es”, asevera Roldán. “Las ayudas del Instituto del Flamenco son un quebradero de cabeza, todo es telemático y tiene que hacerlo gente de 70 años sin habilidades informáticas, para que luego te den un 30% de lo que has pedido, haciendo el programa tal cual lo planteaste, y teniendo que justificar todo exhaustivamente. Al final, acaban renunciando. Por todo ello, la Ley ni nos va ni nos viene. Patricia del Pozo dijo que las peñas son ‘los centros de alto rendimiento del flamenco’. ¿En serio? ¡Si no vienen ni los delegados de distrito! No esperamos nada, estamos en otra cosa: en arreglar los servicios de la peña, en resolver los problemas de los socios”. 

¿A quién culpar de esta situación? Todos los dedos parecen apuntar, en primer lugar, al anterior consejero, Arturo Bernal, cuya huella en el territorio del flamenco no parece que vaya a ser precisamente memorable. Por otro lado, el Instituto Andaluz de Flamenco que dirige Cristóbal Ortega tendría, en teoría, que haber puesto en marcha los mecanismos a su alcance para evitar la congelación de una Ley que se anunció a bombo y platillo como el gran revulsivo para el sector. 

En última instancia, Patricia del Pozo, una política que siempre ha presumido de afición flamenca, ha encontrado a su regreso a Cultura una norma languideciente, pero en los cinco meses que lleva en el puesto su reacción, si la ha habido, ha pasado por completo desapercibida. Lo único para lo que la Ley parece haber servido en este tiempo es para ver a Farruquito y a Manuela Carrasco bailando las bulerías de El Pele en la calle.

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