El lento parto de la Ley Andaluza del Flamenco superó esta semana una nueva etapa con la comparecencia ante la Comisión de Turismo, Cultura y Deporte de diversos agentes sociales, una treintena en total, para que se pronunciaran sobre el proyecto de ley. Federaciones de peñas, cátedras de flamencología, asociaciones y expertos particulares quisieron hacer así su aportación a una norma llamada a potenciar un sector estratégico y transversal en la comunidad autónoma, y que supone en torno a un 5,5 por ciento de su producto interior bruto.
Tras superar sin necesidad de votación el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento andaluz el pasado mes de noviembre, ya que ninguno de los grupos planteó enmiendas, el proyecto de ley sigue su curso con la mirada puesta en el Plan General Estratégico del Flamenco, herramienta básica cuya aprobación tendrá que producirse en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de la ley.
No obstante, son muchos los puntos que los citados agentes vienen queriendo matizar, subrayar y concretar. Uno de los más delicados por su trascendencia es el que se refiere a la entrada del flamenco en el ámbito educativo. Juan Alfonso Romero, vicepresidente y portavoz de la federación de Peñas Flamencas de Jerez, señalaba este aspecto como “esencial”, y agregaba la necesidad de extender “este propósito a la universidad”.
Otras voces han venido señalando la importancia de incluir a expertos en la materia en las correspondientes comisiones, así como la necesidad de no limitar la enseñanza del flamenco a las cuestiones históricas, antropológicas o artísticas, de modo que quede contemplado todo el espectro profesional del sector.
También en este sentido, la productora y directora sevillana Pilar Távora, en representación del Teatro Távora y en la suya propia, habla de “arma de doble filo”, ya que “el flamenco no se puede convertir en una simple asignatura teórica impartida por un docente, que no va a tener ningún interés para el alumno. Así, nos arriesgamos a conseguir lo contrario de lo que estamos buscando”.
Asimismo, subraya Távora que “la ley no puede excluir a los artistas. Si se quiere incorporar a estos al sistema docente, no se les puede exigir una titulación superior, porque no la tienen. Y tampoco se les puede exigir un número determinado de cotizaciones demostradas para demostrar su profesionalidad, porque ya se sabe que los flamencos trabajan toda la vida y cotizan por la mitad”.
Por otro lado, cuando se habla de incorporación al sistema educativo, el proyecto de ley no adjudica la competencia a la Consejería de Educación, conjugando un impreciso futuro que deja muchos aspectos al albur de la voluntad. Además, la recurrente remisión a un plan estratégico aún por definir impide la concreción de un gran número de apartados del proyecto de ley, sin incluir en algunas de las principales líneas, como el desarrollo de las Industrias Creativas culturales, a la Consejería de Cultura como responsable y competente.
No es esta la única cuestión de la futura norma que necesitará muchas vueltas por parte del aparato legislador. La regulación de las peñas, suspendidas a menudo en el limbo administrativo a pesar de ser elementos fundamentales en el tejido social del flamenco, o la protección del artista, son otros puntos sensibles del debate.
En todo caso, nadie quiere quedarse fuera del debate, y así lo manifiesta Rafael Morales, de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA), que cuenta con un 10 % de miembros dedicados exclusivamente al flamenco, y un 40 % relacionados con éste de manera transversal: “Pedimos que el consejo asesor de la Junta de Andalucía en materia de flamenco sea multidisciplinar y multisectorial, y que sea participativo a través de consultas abiertas, contemplando las ocho provincias andaluzas”.
Por su parte, Pilar Távora celebró que se trabaje en una ley que puede “ayudar a ordenar y proteger” el sector, “siempre que no pase como con la ley del Cine y el Audiovisual, que se quedó sin desarrollo”, dice. “Lo que no veo es el verbo garantizar, porque una ley no garantiza la continuidad del flamenco, eso corresponde únicamente a las clases populares del pueblo andaluz, que seguirá haciendo que este arte llegue a las generaciones venideras con o sin ley”.
Tampoco ve Távora adecuada la indicación de que el flamenco pertenece al “acervo cultural” de otras comunidades autónomas, “si nos atenemos al diccionario y a la Historia. Y haría hincapié en que el flamenco es Marca Andalucía, no Marca España. Si algo hizo España con el flamenco fue convertirlo en bisutería”.
El escritor y periodista Antonio Ortega, que estaba convocado en la comisión, pero no pudo asistir por problemas de agenda y de coordinación, incide en la conveniencia de subrayar la importancia del elemento gitano en la Ley del Flamenco. “Cuando en 1462 llegamos a Andalucía, el flamenco no existía. No se trata de exigir paternidades, pero tampoco es lógico que no haya gitanos investigadores y expertos en flamenco en los másteres, cátedras y comisiones que se financian con dinero público. Por ejemplo, no hay ni un gitano en el Consejo Andaluz del Flamenco. Por otra parte, en el texto de la ley sí se legisla finalmente con el entorno, que es lo que propusimos nosotros en su día a Patricia del Pozo”, asevera.
Por otro lado, Ortega explica que “en su día planteamos a la consejera que legislar el flamenco podía ser lo más antiflamenco del mundo, y en nuestro ámbito, lo más antigitano. ¿Vas a poner a inspectores, como la Sgae, para comprobar lo que es flamenco y lo que no? Quizá habría sido más conveniente legislar el entorno del flamenco y, sobre todo, hacer cumplir las normativas, como por ejemplo la legislación laboral”.
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