Las exigencias económicas del nuevo ayuntamiento del PP dejan en el aire la celebración del festival Cala Mijas

A poco más de seis meses para la fecha prevista para la tercera edición, nada se sabe del Cala Mijas Festival. Su celebración a finales de agosto está prevista para cinco años en el contrato de patrocinio publicitario suscrito entre Mijas y Last Tour. También está marcada en las agendas de cientos de asistentes que compraron el abono para 2024 al terminar la edición de 2023.

Nadie descarta su celebración, que sigue siendo el escenario más probable. Pero mientras los grandes eventos del verano ya han cerrado carteles de artistas y preventas de entradas, el de Mijas sigue sin confirmar y ni el consistorio ni la promotora aclaran qué ocurrirá ni de qué depende. “Seguimos trabajando en la edición de este año”, replican desde Last Tour, que no responde a cuándo se anunciarán los cabezas de cartel o se pondrán las entradas a la venta.

Hay, parece claro, una partida millonaria en juego: el concejal de Hacienda ha aludido a supuestos reparos del interventor a los gastos municipales en ediciones anteriores, mientras reclama diez millones de euros a cuenta de la ocupación del terreno donde se ubican los escenarios y el camping. Una cifra, consignada en los Presupuestos de 2024 y con carácter retroactivo a las ediciones de 2022 y 2023, que de confirmarse alteraría el esquema económico del festival, con una inversión municipal de en torno al millón de euros por año en concepto de patrocinio.

A esto se añade un ruido de fondo político, que trae aún el eco del año pasado. El festival fue impulsado por el anterior gobierno PSOE-Ciudadanos y quedó marcado en su última edición por la presencia entre bambalinas de Pedro Sánchez, que lo puso como ejemplo de la “potencia cultural” de España y “destino turístico mundial de festivales”. Acudió al concierto de The Strokes y luego se fotografió con Lori Meyers y Cariño.

El 2 de noviembre, PP, Vox y un concejal no adscrito desalojaron de la alcaldía a Josele González (PSOE) mediante una moción de censura, y la nueva alcaldesa Ana Mata (PP) no pudo evitar recordar el episodio: “Mijas no puede ser solo una nota en la agenda del presidente del Gobierno cuando hay un festival de música”.

“Sí, habrá festival”

La tercera edición del festival Cala Mijas está prevista para los próximos 29, 30 y 31 de agosto. Coincidiría con el Kalorama de Lisboa (Portugal), que también promueve Last Tour, lo que hace prever que compartirían muchos de sus artistas, una práctica habitual entre las promotoras. Los cabezas de cartel para la capital lisboeta son LCD Soundsystem, Massive Attack y Sam Smith, y también se prevé el concierto doble de The Postal Service y Death Cab for Cutie.

En 2023, Cala Mijas atrajo a 110.000 asistentes en sus tres días de duración. Muchos de ellos extranjeros, que suelen adquirir sus entradas con más antelación una vez que empiezan a ponerse a la venta en el circuito europeo. Hasta ahora, sólo se han vendido los abonos con descuento que el festival puso a la venta mientras se celebraba la última edición.

El misterio en torno a este festival tiene en ascuas a cientos de aficionados, que solo han logrado un escueto “sí, habrá festival” de parte de Last Tour en X. La promotora subraya que el festival está anunciado y tiene fechas. Con respecto a cartel y abonos, aduce que tienen “sus tiempos”, aunque estos ya hayan sobrepasado con creces los habituales, incluyendo los del festival lisboeta que también organiza Last Tour.

Tampoco hay aclaración oficial desde el consistorio, que pide paciencia desde hace meses. Hasta ahora, el equipo de gobierno solo ha explicado el retraso por boca de su concejal de Hacienda, Mario Bravo, de cuyas palabras se infiere que hay una negociación económica abierta con la promotora.

“El ayuntamiento no puede ceder parcelas gratuitamente”

La primera pista la soltó en el Pleno de diciembre, donde sorprendió a la oposición presentando unos presupuestos que contemplan casi 10 millones de euros en ingresos por la tasa de ocupación de vía pública. Cuestionado por cómo pretendía multiplicar por 58 la recaudación de 2023 por este concepto (170.000 euros), Bravo dijo que los pagaría la promotora del Cala Mijas, a 3,3 millones por años incluyendo dos años retroactivamente (2022 y 2023). “Lo que no puede este ayuntamiento es ceder parcelas gratuitamente a empresas privadas con fines de lucro que han ganado dinero y no han compartido con el municipio la retribución que nos corresponde”, advirtió. Last Tour ha declinado comentar estas previsiones presupuestarias o la declaración del concejal.

La ordenanza reguladora de la tasa por el aprovechamiento de la vía pública prevé por cada metro cuadrado cedido para la instalación de espectáculos se cobren 1,55 euros diarios. El festival Cala Mijas tiene un recinto de 150.000 metros cuadrados, lo que arrojaría una tasa de 232.000 euros diarios. Sin embargo, este tipo de eventos suelen negociar una tasa a tanto alzado, tal y como prevé la propia ordenanza.

Una cifra así obligaría presumiblemente a revisar las cifras del evento, al alterar sustancialmente el equilibrio del contrato de patrocinio firmado entre Last Tour y Mijas en 2021: el ayuntamiento se comprometía a pagar 6.686.013,81 euros (IVA incluido) por la creación y celebración durante cinco años de un festival de al menos tres días con “identidad propia” y alcance “nacional e internacional”, con la finalidad de promocionar la marca “Mijas”, único patrocinador del evento. Por su parte, la adjudicataria se comprometía a un impacto publicitario mínimo y a una inversión creciente, que de media arroja diez millones anuales.

Reparos del interventor

La segunda pista económica la dejó el concejal en el Pleno extraordinario del pasado 9 de febrero, cuando aludió a los presuntos reparos del interventor a facturas “cuyo pago ha hecho el ayuntamiento en principio sin tener la obligación de hacerlo”. Según dijo, “da la impresión” de que deberían haber sido abonados por la organizadora, y explicó que mientras se licitaba el proyecto para reformar la parcela donde se celebró el evento, el ayuntamiento tenía empleados públicos trabajando allí: “No puede adaptar una parcela mientras se está gastando el dinero en un proyecto que le diga cómo adaptar una parcela”.

En los pliegos, el ayuntamiento se comprometía a proporcionar al adjudicatario un “recinto acondicionado” con servicios básicos y las instalaciones necesarias.

Según Bravo, estas facturas estarían entre las que están siendo revisadas por el Tribunal de Cuentas, que investiga al ayuntamiento después de que no haya presentado sus cuentas anuales desde 2015. Este medio ha intentado obtener el informe con los reparos del interventor o, al menos, aclaraciones del consistorio, sin conseguirlo. No es inhabitual que el interventor, con una larga trayectoria en el municipio, presente reparos a gastos.

Durante el Pleno, el concejal remarcó en tres ocasiones que el nuevo equipo de gobierno es partidario de continuar con el festival, pero cunde la sospecha de que el PP está tanteando el terreno después de haberlo criticado mientras estaba en la oposición. En septiembre, poco antes de convertirse en responsable de Hacienda, el propio Bravo explicó que su coste para las arcas municipales está “muy fuera” del patrocinio habitual de otros ayuntamientos, remarcó que no se atendiera “otras necesidades más perentorias” y añadió dudas sobre los recursos humanos destinados por el consistorio: “Nos preocupa el dinero de las horas extras de Policía Local, Protección Social, la empresa de inserción social… Y 30 farolas que han puesto en una carretera de acceso”, dijo en una entrevista radiofónica.