Represión, control y depuración. El orden social patriarcal y la voluntad de control por parte de la dictadura afectó a la vida de las personas, especialmente de las mujeres. Las mujeres pelearon por ocupar el espacio público y trabajar en la universidad, pero durante la guerra civil y la dictadura posterior su presencia no era bienvenida. Consuelo Flecha, catedrática de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla, afirma que al comenzar la guerra civil “ninguna profesora llegó a consolidar su puesto en la universidad, aunque lo intentaron; pero muchas de ellas concursaron a puestos docentes de los institutos de segunda enseñanza y a plazas de bibliotecas, archivos y museos”.
Están terminando las últimas pruebas de acceso a la Universidad en Andalucía en este 2022 y se ha rematado el curso en las distintas facultades. Unas facultades que se volverán a llenar de hombres... y de mujeres. De hecho, los últimos datos recogidos en 2018 por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades confirman que 51.331 (41,8%) mujeres son personal docente en las universidades, el 41,8% del total. Según apunta Flecha, en el curso académico 1932-1933 había 64 profesoras universitarias, un 3% del total. Datos que “no se pueden tomar como definitivos” porque había nombramientos de “ayudantes de clase prácticas”. No se han podido recoger los datos oficiales en la guerra civil y años posteriores, y no será hasta los años cuarenta cuando “algunas mujeres pudieron lograr una estabilidad” en la universidad.
En los años cincuenta y sesenta, mediante las oposiciones, comenzaron a ocupar cátedras universitarias; un nivel administrativo al que solo llegaba una pequeña proporción del profesorado y que, en el caso de las mujeres, se fue produciendo con “una llamativa lentitud”. Según publicó el Ministerio de Educación en 1974, figuraban once mujeres en el escalafón de cátedras de universidad.
Obstáculos y reticencias
Obstáculos y reticencias, prejuicios y estereotipos, desconfianza y cautelas acompañaron el camino de unas mujeres que, buscando alternativas al modelo femenino que se les exigía, decidieron adquirir una formación universitaria. La primera profesora auxiliar de la Facultad de Ciencias es un ejemplo, recogido en los documentos del Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla. La figura de María del Rosario Montoya Santamaría, adscrita al grupo de Naturales, donde impartía las asignaturas de Biología y Geología en 1930. Cuando se produjo el golpe de estado, Montoya estaba en Madrid. Según cuenta Flecha, la protección de un catedrático favorable a la República y su imposibilidad de volver a Sevilla fueron suficientes motivos para que Rosario fuera depurada (echada de la universidad) y acabase dando clase en institutos.
El gobierno de Franco animaba a las mujeres a quedarse en casa y cuidar de la familia. Aún así, Flecha explica a este periódico que miles de mujeres no escucharon los consejos del dictador y opositaron para buscar y luchar por un futuro mejor. A pesar de que no estaba prohibido que las mujeres buscaran un futuro fuera del entorno del hogar expone que “las carreras jurídicas fueron donde más problemas tuvieron las mujeres”.
La depuración universitaria
La búsqueda por el control de la sociedad en el régimen franquista llegó a la educación para eliminar las raíces intelectuales del profesorado que no era “afín a la causa”. La persecución en la Universidad, contra los universitarios y el conocimiento, constituyó un objetivo de carácter estratégico-político concebido casi como si fuera militar. La nueva realidad política y educativa traía consigo un retroceso para la investigación y la docencia española. Así es como lo describe Alberto Carrillo, profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, en su libro ‘Depurados, represaliados y exiliados: La pérdida universitaria durante el franquismo’.
La depuración se llevó a cabo en todos los niveles de la función pública; completar un formulario hacía que siguieras en tu puesto de trabajo o implicaba, en los casos más extremos, el exilio exterior o interior. Alberto Carrillo afirma que las depuraciones consistían en una investigación personal para recabar datos sobre las personas y para comprobar el grado de afinidad con el régimen franquista. “El asesinato era el castigo máximo: en Granada fusilan a seis profesores, entre ellos, el rector Salvador Vila”. En Sevilla no fusilan a Francisco Candil Calvo, rector en la Universidad, pero sí lo suspenden de empleo y sueldo y lo inhabilitan para cargos directivos y de confianza. Lo relevó como rector Mariano Mota que, sin militancia política, se identificaba con la incipiente dictadura.
Carrillo explica que los procesos de “depuración” no eran tan raros. De hecho, en la República ya hubo un proceso de depuración en la universidad donde se intentó conocer quién estaba a favor de la recién estrenada Constitución del 1931. La diferencia con la dictadura es que el proceso de depuración del profesorado fue más sistemática, y durante la guerra se llevaron a cabo una serie de medidas y sanciones que se iban combinando: suspensión temporal de empleo y sueldo, traslado, cambio de servicio o la inhabilitación para cargos directivos y de confianza eran algunas de las medidas que imponían a los funcionarios de la educación si no pasaban el formulario. Carrillo explica que el fusilamiento era una medida extrema.
Según los datos recogidos por el profesor Carrillo en su libro, más del 40% del profesorado en España fue depurado, “un total de más de cien mil profesores, entre catedráticos, auxiliares y ayudantes de la Universidad”. En Sevilla, según recoge Marc Baldó en su artículo ‘Aterrados, Desterrados y Enterrados: La Represión Franquista del Profesorado Universitario’ de los 45 catedráticos que había en 1935, 10 fueron depurados y 11, inhabilitados.
La dictadura, en su intento por regular la educación superior, intentó instrumentalizar la enseñanza con objetivos similares a los intereses políticos del momento. Las depuraciones, procedimiento represor ya institucionalizado, se realizaron primero a través de la Comisión de Cultura y Enseñanza y, desde 1938, del Ministerio de Educación Nacional. “Fue un freno para España, ya que, si no hubieran depurado a los profesores, España se hubiera situado en otra órbita”, apunta Carillo.
La represión fue decreciendo conforme se asentaba la dictadura. Aún así, el profesor de la Hispalense añade que “seguían los procesos de depuración, las multas económicas y la creación de listas negras de estudiantes y profesorado”. Expone las dificultades con las que se encuentran los investigadores para la búsqueda en los archivos: “tienen que garantizarnos el derecho a la información para poder hacer afirmaciones con seguridad gracias a los archivos históricos”.
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