Los trabajadores del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) saben lo que es discutir sobre restauraciones, puede que incluso acaloradamente. Pero a lo que no están en absoluto acostumbrados es a ser insultados en las redes sociales, y esa es precisamente la situación que se han encontrado en las últimas semanas, a raíz de una auditoría encargada por la Junta de Andalucía, y la interpretación que de sus resultados han divulgado varios medios de comunicación. La conclusión a la que habrían llegado auditores y periodistas se resume en pocas palabras: “Hay más jefes que indios”. O lo que es lo mismo: sobre la institución pesaría, de pronto, la sospecha de ser parte de la presunta ‘administración parelela’ de la etapa del PSOE.
“Nada más lejos de la realidad”, protesta la plantilla del IAPH, cuya sobresaliente labor ha sido reconocida por todos los gobiernos autonómicos andaluces desde su fundación, sin excepción del presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla y el Partido Popular. El sentimiento más extendido en las sedes del Instituto –en la sevillana Isla de la Cartuja y en el Balneario de la Palma y el Real de Cádiz– es de haberse convertido en víctimas de esa supuesta ‘caza de chiringuitos’ emprendida por el gobierno andaluz a instancias de sus socios de gobierno Vox a través de 54 auditorías, seguida de una tergiversación de datos que ha tenido como resultado una campaña de desprestigio sobre esta institución.
Así, la auditoría realizada por la UTE formada por Cremades & Calvo Sotelo y Novotec habría desvelado que, de los 111 empleados que cuenta el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 88 son cargos intermedios y jefes mientras, que el resto son trabajadores rasos y subordinados. El comité de empresa del IAPH, a través de su presidenta Myriam Olmedo, niegan categóricamente este cálculo, y de hecho ponen sobre la mesa unos números completamente invertidos: “Hay 28 cargos, incluidos el del director, por 83 empleados rasos, por más que muchos seamos titulados superiores”, aseveran.
“Se han publicado datos falsos para echar basura contra los trabajadores, acusándonos de enchufados. Y por supuesto que cobramos, pero por nuestro trabajo, y las cantidades están publicadas en el portal de transparencia para que cualquiera pueda comprobarlas”, añade su presidenta.
La propia consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, salía el pasado 1 de septiembre al paso de esta controversia para subrayar que el IAPH “tiene un prestigio y un reconocimiento en el que no hay fisuras”, y destacar “el altísimo nivel de cualificación” de las personas que lo integran –una plantilla que cuenta con 59 especialistas con titulaciones superiores y 22 doctores–, lo que constituye “precisamente el pilar en el que se apoya ese grado de excelencia”. Sin embargo, esa misma noche varios medios volvían a la carga.
Para el comité de empresa, el principal error de apreciación de quienes los señalan como ‘chiringuito’ reside en el hecho de interpretar como “mandos intermedios” a un buen número titulados superiores (profesionales de la restauración, arqueología, arquitectura, antropología, historia del arte, biología, química y del derecho entre otras profesiones), personal que además ha continuado su formación más allá de los grados, obteniendo títulos de maestría y de doctorado, “pero ello no implica ninguna jefatura ni sueldo de jefe. Son puestos muy especializados y expertos, porque las funciones del IAPH así lo requieren”.
También recuerdan que “desde que empezaron los recortes en 2011-2012, el IAPH ha perdido un tercio de su personal, y hemos seguido adelante creyendo que nuestro esfuerzo mantiene a flote nuestra institución y permite que su alta valoración no decaiga. Y lo hemos conseguido como así también se deduce del informe de la auditoría, en relación a la gran eficiencia, eficacia y coherencia con sus actividades, que sin embargo no han sido mencionadas en los artículos de prensa que arremeten contra la institución y su plantilla, basándose en un informe de la auditora que contiene datos erróneos, por otro lado fácilmente contrastables”.
Cabe recordar que, desde su creación en 1989, el IAPH dependía de la Dirección General de Bienes Culturales siendo un organismos sin personalidad jurídica, antes de transformarse, mediante Ley 5/2007, de 26 de junio, en una entidad de derecho público. La mayor parte del personal que trabaja para el IAPH ya formaba parte de él desde aquella primera etapa.
“¿Qué hay detrás de todo esto, además de ganas de echar basura sobre los empleados públicos por parte de algunos medios de comunicación que se han rendido al sensacionalismo?”, concluye la representante de los trabajadores.
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