Mari Ángeles Carrasco lleva desde abril del año pasado cobrando su sueldo de coordinadora del Instituto Andaluz de Flamenco (IAF), pero sin poder incorporarse a su puesto. Esta situación podría llegar a su fin desde mañana mismo, si la Junta de Andalucía marcara su número y la convocara en la sede de la sevillana calle Santa Teresa. El cambio de tornas lo ha dictado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que acaba de ratificar el despido nulo “por motivos ideológicos” de Carrasco.
Como publicó elDiario.es Andalucía en su momento, Carrasco entró en el IAF como coordinadora en 2006 por concurso público, fue nombrada directora del IAF en 2010 y cesó como tal en marzo de 2019, con la llegada al poder autonómico del llamado gobierno del cambio. Al no ser autorizada a volver a su plaza de coordinadora, a la que tenía derecho por contrato, interpuso una demanda por vulneración de derechos fundamentales, al entender que su despido se debía a motivos ideológicos, pues es conocida la afiliación socialista de la afectada. En enero de 2020, el Juzgado de los Social de Sevilla número 6 le dio la razón, declaró nulo el despido y condenó a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales a admitir la incorporación de Carrasco de manera inmediata.
La Agencia interpuso entonces el oportuno recurso, si bien no quedaba exenta de incorporar a Carrasco. Sin embargo, a Carrasco le fue asignado un puesto de técnico en el Ballet Flamenco de Andalucía (BFA), que no se correspondía con su puesto anterior. La gaditana demandó de nuevo, esta vez por incumplimiento de sentencia. La ex directora volvió a ganar la segunda demanda, con una sentencia que ordenaba “la inmediata readmisión a un determinado puesto de trabajo y en unas determinadas condiciones económicas y ninguna de dichas circunstancias pueden eludirse en este trámite bajo ningún tipo de argumentación”.
Una institución descabezada
Según los abogados de la afectada, tras esa resolución cabía acuerdo, y de hecho Carrasco trasladó su disposición a ocupar su plaza. No recibió respuesta por parte de la Junta, por lo que siguió percibiendo su salario de unos 2.500 euros al mes, sin que se le permita ir a trabajar a su antiguo despacho.
La situación se volvía tanto más kafkiana considerando que el IAF, la máxima institución rectora para uno de los ejes estratégicos de la consejera Patricia del Pozo, llevaba descabezado desde que en marzo de 2020 abandonara el cargo el veterano productor Ricardo Pachón. Y así ha permanecido hasta agosto de 2021, en que ha asumido el puesto de director Cristóbal Ortega, ex director de la Bienal de Flamenco de Sevilla y hombre de confianza de la secretaria general de Innovación Cultural y Museos y directora de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Mar Sánchez Estrella.
“Cuando me despidieron, hablé con la Consejera [de Cultura, Patricia del Pozo]. Me recibió muy amablemente y estudió la situación, pero una vez firmado el despido me dijo que no podía hacer nada”, declaró Carrasco el año pasado a este periódico. “Me trasladó que ella no sabía que me iban a despedir como coordinadora, que solo conocía el cese de directora (cese que por supuesto yo esperaba, pues era una alta dirección de libre designación), que pensaba que volvía a mi plaza y que el despido había sido decisión de [entonces secretario de Innovación Cultural y Museos de la Junta] Fernando Francés, pero que ella quería contar conmigo y mi experiencia. La llamé cuando tuve la sentencia para decirle que estaba a su disposición para volver, y sigo estándolo. Yo solo quiero trabajar en mi plaza y en el proyecto al que le he dedicado 13 años”.
Grandes retos
Finalmente, ha sido la justicia la que ha determinado la nulidad del despido, rechazando los motivos alegados por la Junta de Andalucía en su recurso, como que en los últimos cinco años no figuraba ningún gasto de personal en el presupuesto correspondiente destinado al puesto de trabajo propio del contrato de interinidad o la declaración de improcedencia del despido y no la nulidad. Contra esta resolución cabe aún recurso de casación.
La sentencia del TSJA abre la posibilidad del regreso de Carrasco a su puesto –sería la segunda de a bordo en el equipo de Critóbal Ortega– y la condena a la Junta al pago de las costas procesales. No parece que Carrasco, una persona que goza de amplio consenso en el mundo jondo, y cuya gestión al frente del IAF suscitó una aprobación casi unánime, sobre en un sector que tiene por delante retos tan importantes como la aprobación de la futura Ley del Flamenco o la búsqueda de soluciones para los profesionales más afectados por la pandemia de la Covid-19.