Los patrimonios de dos de los más importantes políticos del Partido Popular, el exministro y excomisario europeo, el ibicenco Abel Matutes, y el que fuera primer presidente de Islas Baleares, el mallorquín Gabriel Cañellas, figuran entre los principales beneficiarios de la reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno del también popular Mariano Rajoy. La nueva Ley ha abierto la puerta a que las salinas y cultivos piscícolas dejen de ser propiedad de todos los ciudadanos para engrosar el patrimonio privado de los particulares que las han explotado durante las tres últimas décadas. La Bahía de Cádiz es uno de los espacios más afectados por la medida con hasta 7.500 hectáreas susceptibles de privatización.
Este giro está recogido en cuatro líneas del documento de 46 páginas que conforma la Ley, y tendrá notables repercusiones en la titularidad de suelos comprendidos en el Parque Natural de la Bahía gaditana. En el artículo 39, la normativa señala que los terrenos inundados de forma artificial y controlada dedicados al cultivo marino y a la actividad salinera se excluirán del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), incluso en el caso de que estos terrenos sean naturalmente inundables.
Los colectivos Greenpeace y Ecologistas en Acción han criticado el espíritu contrarreformista de la Ley, que acaba con la salvaguarda del DPMT articulada en la Ley de Costas de 1988, y han denunciado que la modificación relativa a salinas y esteros está dirigida a satisfacer intereses particulares frente a los públicos. Entre los empresarios que han visto incrementados sus activos patrimoniales de la noche a la mañana, se alzan el exministro de Exteriores del PP Abel Matutes, cuya familia es propietaria de Cupimar (Cultivos Piscícolas Marinos), una de las empresas más importantes del sector en Andalucía, y Gabriel Cañellas, expresidente de Baleares (PP), vinculado a Salinera Española S.A, con propiedades en Baleares y Murcia. Greenpeace desglosa éstos y otros intereses privados detrás de la reforma de la Ley del 88 en su informe Amnistía a la destrucción.
“He trabajado mucho en la Ley”
“La Ley de Costas que ha aprobado el Gobierno es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho”, confesó el exministro Matutes en unas jornadas celebradas en Ibiza en julio de 2012. El grupo de empresas del exministro adquirió varias decenas de salinas y esteros en la Bahía gaditana desde principios de los años 80. Varias fuentes cifran las propiedades de Cupimar entre 2.000 hectáreas y 3.000 hectáreas. La empresa, que no ha respondido a la petición de información de este medio, fue pionera en el cultivo de dorada y lubina, y ahora desarrolla su actividad en terrenos de San Fernando y Puerto Real.
Hay un antes y un después en la historia de las salinas y esteros en la Ley de Costas de 1988. La normativa determinó que éstos y otros terrenos alcanzados por las mareas (por la subida del agua), formarían parte del Dominio Público Marítimo Terrestre. Las playas, los sistemas dunares, las aguas interiores, los acantilados, los humedales y las propias marismas entraban en el catálogo de bienes de dominio público estatal para su protección y para el disfrute de los ciudadanos, tal y como recoge la Constitución de 1978. El propio texto constitucional declara el DPMT “imprescriptible, inalienable e inembargable”.
El catedrático de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz, Juan Manuel Barragán, recuerda que el Estado empezó a recuperar terrenos costeros que había subastado o vendido desde el siglo XVIII, “cuando no existía ni el concepto de DPMT, ignorado durante siglos, ni una conciencia medioambiental en la ciudadanía”.
“La Ley era ambiciosa y conservacionista, y rompía con la situación auspiciada por el propio aparato público en épocas precedentes. El Estado no podía pagar por estos suelos en Dominio Público ni compensar a sus propietarios registrales porque habría supuesto la bancarrota del país, por lo que se decidió concederles derechos de explotación con un plazo de 30 años prorrogable otros 30 para que mantuvieran su actividad tal y como lo habían hecho hasta entonces”, explica Barragán.
La pérdida de sus propiedades indignó a los salineros, que emprendieron una avalancha de litigios contra la Administración. Primero, contra el deslinde, y después, reclamando derechos históricos adquiridos. Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción-Andalucía, los cifra en “al menos 67” y asegura que, en más del 95% de los casos, los tribunales han dado la razón al Estado.
El catedrático Juan Manuel Barragán conoce bien este enfrentamiento. A mediados de los noventa, la Demarcación de Costas le encargó un informe sobre la ordenación y gestión de las zonas húmedas de la Bahía de Cádiz con el objetivo de que un especialista independiente ayudara a concretar la extensión del DPMT en salinas y esteros. Un equipo de quince especialistas en distintos ámbitos trabajó en aquel estudio durante un año. Según relata Barragán, demostraron que las salinas y esteros son zonas que se inundan de forma natural, independientemente de las actuaciones del hombre para aprovechar el flujo de mareas de cada espacio mediante compuertas y otros artilugios. El informe ha servido al Estado en su defensa jurídica del DPMT contra los propietarios de terrenos.
A la espera del reglamento
Los salineros y acuicultores han tenido que conformarse con concesiones de explotación, hasta ahora. La nueva Ley de Costas da un vuelco a la situación al excluir sus instalaciones del DPMT. El jefe de la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, Patricio Poullet, indicó en unas jornadas recientes sobre la Ley organizadas por el Colegio de Arquitectos de Cádiz que la situación se “retrotrae” ahora a antes de la Ley de 1988. “Quienes entonces tuvieran titularidad sobre terrenos ahora podrán recuperarlo”. El procedimiento para hacerlo debe quedar especificado en un reglamento de aplicación de la Ley en el que el Gobierno ya está trabajando y que se aprobará a finales de este año, según avanzó Poullet.
Según los datos de la Demarcación, en la Bahía de Cádiz existen 3.500 hectáreas de salinas, de las que 600 están en desuso, y 2.700 hectáreas de cultivos marinos, de las que 1.400 no tienen actividad. Estos negocios generan 2.000 empleos directos. Los empresarios del sector han denunciado durante las tres últimas décadas que la Ley de Costas de 1988 restaba seguridad jurídica a los inversores, desincentivaba el desarrollo de proyectos y cerraba puertas a la financiación bancaria. “El resultado de la expropiación fue devastador. Nos quedamos sin defensa, perdimos un patrimonio que era nuestro y que era sostén y garantía de actividad”, defiende Antonio Concepción Toscano, presidente de la Asociación de Complejos de Acuicultura (Asema), que agrupa a unas 80 empresas en Cádiz y Huelva responsables del 99% de la producción.
Concepción Toscano, como Abel Matutes, también es beneficiario de la nueva Ley de Costas. Es propietario de la onubense Mariscos de Estero, con sede en Ayamonte. Fundó la empresa hace treinta años en 160 hectáreas de terrenos heredados de su abuelo que durante años se emplearon para ganadería e incluso para cultivar fresas. En 1988, Concepción Toscano perdió la titularidad de sus tierras, como después perdió los pleitos contra el Estado para intentar recuperarlas. “No fuimos expropiados porque no nos pagaron un justiprecio. Simplemente nos las quitaron”, asevera el empresario.
El presidente de Asema sostiene que la Ley no se ha modificado bajo instrucciones de Abel Matutes, sino a instancias de la propia Unión Europea tras las reclamaciones remitidas por decenas de afectados. “Si este señor hubiera querido cambiar la Ley, lo habría hecho cuando era ministro con Aznar”, sugiere. Concepción Toscano admite que ahora se priman intereses privados sobre los públicos, pero justifica que es necesario restituir la propiedad original de los terrenos y garantizar la actividad acuícola. “Esto no es Venezuela”, remata el portavoz de Asema, que advierte un repunte de las inversiones en esteros y cultivos piscícolas desde que se tuvo constancia de las intenciones del ministro Arias Cañete.
Para la portavoz de Ecologistas en Acción-Andalucía, lo que causará “estragos” en el DPMT será la nueva Ley. “Es un paso atrás, una contrarreforma. Perdemos todo lo ganado en el 88, hace tres décadas, en favor de los espacios públicos. No importa qué ocurriera en el 88, las playas son públicas y siempre lo serán, por mucho que en algún momento alguna haya podido estar escriturada. ¿Por qué no nos sorprende que las salinas no lo sean? Estamos ante una ley ideológica, en la que lo importante, como siempre, es el negocio”, critica Lola Yllescas.
Aferrados a la propiedad
El catedrático de la UCA Juan Manuel Barragán también opina que la Ley está “claramente dirigida” a defender intereses particulares y critica sus deficiencias técnicas. Desde su amplio conocimiento del sector, sostiene que muchos propietarios “se han aferrado a la propiedad por encima de la actividad”, que, “a priori, debería ser lo que realmente les interese, y que sí han tenido plenamente garantizada con concesiones a 30 años vista”.
Barragán también reconoce los incumplimientos de la Ley del 88 en cuanto a la protección del espacio costero. Tal y como defienden los empresarios, la paradoja es que en los espacios bajo explotación la lámina de agua esté bien conservada, mientras que muchos que son responsabilidad de la Administración estén degradados.
Con la ejecución de la nueva Ley de Costas, las salinas y esteros de Cádiz pasarán a formar parte de la zona de servidumbre de protección, en la que también se prohíbe la construcción. Además, mantendrán su adscripción al Parque Natural. La portavoz de Ecologistas en Acción valora estas figuras de protección pero advierte de que “quién sabe si dentro de unos años una nueva ley no cambiará también estas consideraciones” y abrirá la mano a los propietarios de los terrenos para iniciar una oleada especulativa.