La Ley de Transparencia corregirá en Huelva al Ayuntamiento y al Juzgado
Al 15M de Huelva se le abre en el poder legislativo una puerta que le acaba de cerrar el poder judicial. El anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que se anticipa a la normal estatal que ahora es objeto de debate, obligará a los ayuntamientos a retransmitir los plenos municipales y a permitir que sean grabados por los asistentes, entre otras exigencias. En un año aproximadamente, el Ayuntamiento de Huelva tendrá que autorizar a los miembros de este movimiento a cumplir con el cometido que persiguen desde el pasado marzo: difundir con imágenes todo lo que se diga y vote en las sesiones plenarias del Consistorio.
En Huelva, de hecho, el 15M ha centrado sus esfuerzos en los últimos meses en garantizarse el derecho a grabar los plenos, sobre todo después del incidente del pasado 22 de marzo. Entonces, los asistentes adscritos a esta plataforma ciudadana intentaron tomar imágenes de la asamblea municipal y fueron expulsados del salón de Plenos. De nada sirvieron las reclamaciones y la amenaza de denuncia en un primer momento porque en los plenos posteriores volvieron a toparse con la negativa en sus repetidos intentos. El 15M onubense, que también se ha quejado de que el Consistorio de Valverde del Camino tampoco lo permite, se ha adherido a la iniciativa nacional “Graba tu pleno” y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. De hecho, el caso ha traspasado las puertas de los juzgados finalmente.
En el último pleno de abril, la Policía Local impidió el paso al pleno a dos miembros del movimiento y Diario Progresista sostiene que el Ayuntamiento de la capital onubense ha elaborado una lista negra para impedir el acceso al edificio consistorial de manera discriminada. Fue una gota más. El 15M onubense presentó una denuncia el mismo mes de abril, después de considerar el rechazó de la alcaldía a una petición de reunión y detectar falta de apoyo en los grupos de la oposición.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Huelva, sin embargo, la ha archivado recientemente. El auto indica que “no está debidamente justificada la perpetración de un delito”, aunque deja abierta la vía administrativa: “En todo caso sería procedente el recurso administrativo contra la resolución municipal”.
El 15 M de Huelva basa su protesta en que “no hay norma jurídica que prohíba” grabar un pleno y en el cauce penal se apoyó, sin éxito, en dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 2009 y 2011 y una del Juzgado Contencioso-Administrativo de Salamanca del año pasado.
El doble objetivo del movimiento en este apartado es “conseguir que cualquier persona pueda grabar y difundir los plenos sin necesidad de comunicación previa” y que el propio Ayuntamiento cree “una base de datos pública, gratuita y de calidad” de todos los plenos.
