EDUCACIÓN

El limbo de las mediadoras comunicativas, ni reconocidas ni reguladas tras 20 años con el alumnado andaluz con sordoceguera

La mediación con personas con sordoceguera existe en las aulas andaluzas desde hace más de 20 años. Lo cuenta S., mediadora, que alude a su compañero más veterano en Andalucía, que empezó en el curso 1999/2000. Su labor, imprescindible para una mejor inclusión de este alumnado con una discapacidad minoritaria, no está reconocida ni regulada. “La figura de mediador comunicativo no es un profesional que tengamos en la Consejería”, admiten desde el departamento de Educación de la Junta, desde donde se subcontrata el servicio a través de la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (FOAPS), que atiende tanto a niños como a adultos afiliados a la ONCE.

En este curso, algunos de ellos, precisamente por ese “limbo” administrativo en el que llevan años instalados, han llegado algunos días tarde al inicio de curso, que se antoja ya de por sí difícil para ese alumnado. “En Sevilla, concretamente, se inició el 26 de septiembre”, menos ella, que empezó el día 28, dieciséis días después del arranque de las clases en su centro, como ha denunciado recientemente USTEA Enseñanza.

“Si preguntas a ONCE, es cosa de FOAPS, y si preguntas en FOAPS, es que es cosa de ONCE que no ha mandado solicitud, horarios, etc. Llevan años pasándose la pelota. FOAPS es una subcontrata, pero no de la Consejería de Educación, como sucede con otros servicios externalizados, sino de la propia ONCE. La actividad principal de FOAPS es la que hacemos los mediadores. Es la única entidad en todo el país que da este servicio en centros educativos gracias a convenios que ONCE firma con las consejerías de educación de las comunidades”, indica la mediadora en conversación con elDiario.es Andalucía. La ONCE “suele entregar las solicitudes en mayo, sobre todo si se sabe que van a estar escolarizados el curso siguiente; sin embargo, casi cuatro meses de antelación no parecen ser suficientes para organizar el servicio”, lamenta.

“Si interviniésemos realmente con toda la ciudadanía y alumnado que lo necesita, quizás no tendríamos que estar explicando media hora a cada persona que nos pregunta ¿y tú a qué te dedicas?”, lamenta la mediadora, quien denuncia que “después de casi un cuarto de siglo realizando esta labor, seguimos sin ser reconocidos y regulados, y seguimos también siendo totalmente desconocidos de cara a la sociedad”. Según expone, “la administración ha entendido, como ha sucedido en otras comunidades autónomas, que al sustituir el título de intérprete de lengua de signos en la FP, nuestra formación de mediadores es lo mismo que ser intérprete y no es así”.

Ocho años del real decreto

No es una situación nueva y las entidades que defienden los intereses del colectivo de personas sordas y sordociegas vienen denunciando la diferenciación de perfiles profesionales de interpretación, guía-interpretación y mediación. “El mediador comunicativo es un profesional competente en lengua de signos y estrategias de comunicación que apoya a las personas sordas, sordociegas y con dificultades de comunicación, lenguaje y habla en su vida diaria y en sus interacciones con el entorno, facilitando estrategias de comunicación, participación y comprensión del mismo y realizando acciones de sensibilización social”, resumen.

Según explica Eva Pérez, directora del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, desde donde se coordina toda la atención educativa del alumnado ciego o con discapacidad visual grave de Andalucía, Ceuta y Melilla, “el ciclo de mediación comunicativa es un Grado que se viene cursando desde 2015: Técnico Superior en Mediación Comunicativa”. Así consta desde que el Boletín Oficial del Estado hizo público el Real Decreto 831/2014, de 3 de octubre, que precisamente acaba de cumplir ocho años. “Es un trabajo bastante inestable en cuanto a que cada curso cambia parte de la plantilla, pues no todo el mundo está dispuesto a aguantar estas condiciones”, señala la mediadora, que detalla que la labor se desarrolla en centros públicos, concertados y privados de Andalucía, tanto de menores como de adultos.

Convenio pendiente con la ONCE

Según detalla S., delegada sindical estatal de CGT en FOAPS, “el hecho de que un título sustituya a otro en nuestra rama de FP no significa que ambos títulos sean equivalentes. Hay aspectos similares, como conocer la lengua de signos, pero los mediadores tienen otras funciones, conocen más sistemas de comunicación, atienden a más diversidad de usuarios (no solo personas sordas y sordociegas, que son los colectivos que atienden los intérpretes, sino que, además de esos dos, podemos intervenir con TEA, TEL, parálisis cerebral, discapacidad intelectual, alzheimer... Toda persona que pueda tener problemas de comunicación, habla y lenguaje”.

Las mediadoras comunicativas aspiran a formar parte de la plantilla pública. “La Junta no nos puede contratar al no existir la categoría. Si así fuera, se podría sacar la Relación de Puestos de Trabajo, nos podrían meter en normativas, solicitarnos por dictamen, incluirnos como personal no docente en las Instrucciones de la Junta de 8 de marzo de 2017 para la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo... pero como nada de eso existe seguimos en el limbo”, incide la mediadora, que cifra entre 100 y 150 los mediadores cada curso en toda España.

FOAPS cuenta en Andalucía con 22 mediadoras, detalla Eva Pérez, que “pueden atender casos educativos y de adultos” ya que “no se circunscriben a la mediación en centros educativos o formativos”. La mayoría de niños que se atienden pertenecen a centros de educación especial, añade a este periódico.

“No es un servicio externalizado, sino que apoyamos a nuestros afiliados sordociegos a través de un servicio muy profesionalizado en el entorno, en este caso educativo, donde es necesario el recurso, tratando de dar las herramientas para que sean independientes”, destaca la representante de la ONCE, cuyos máximos responsables a nivel autonómico hace unos días se reunían con la consejera de Educación, Patricia del Pozo, para abordar, entre otras cuestiones, la necesidad de renovar el convenio entre ambos organismos para dar cobertura educativa al censo de alumnos ciegos o con discapacidad visual. “El convenio vence en diciembre y ya se está preparando”, apuntan fuentes de la Consejería.

Acerca de lo ocurrido en el último mes durante el comienzo de curso, y de a quién se le puede achacar que el alumnado con sordoceguera haya empezado las clases sin mediadora comunicativa, la mediadora explica que “¿Quién dice que el servicio no puede empezar tarde o acabar antes? ¿Quién dice que seis horas a la semana de intervención (en lugar de cubrir toda la jornada escolar) no son suficientes? ¿Quién dice que una hora 'de hacer materiales' no es suficiente para que cada profesional de mediación prepare sus intervenciones, haga burocracia, responda y mande correos, haga materiales adaptados, busque información que necesite para la intervención?”, comenta.

Para la representante de la ONCE, “los mediadores forman parte de un equipo multidisciplinar” que atiende a los niños como “uno más de los apoyos que puedan recibir”. En la medida en que los equipos valoran necesidades y áreas de trabajo, se pone en marcha la atención, sujetos también a situaciones de disponiblidad“, explica Eva Pérez, que afirma que es la ONCE la que solicita el recurso ”en base a un Plan Individualizado de Atención“.