Las listas de espera sin publicar durante un año ocultaban un aumento del 227% de andaluces fuera del plazo legal para operarse

Andalucía contabiliza hoy más de un millón de personas en lista de espera para operarse o para ser atendido en consulta por un especialista. A junio de 2023, los andaluces pendientes de una intervención quirúrgica eran 192.561, un 11% más que hace un año, y los que aguardan cita para una consulta con un especialista alcanzan los 841.731, unos 64.000 menos. En total, las listas de espera sanitarias afectan ya al 12% de la población andaluza empadronada en junio (8,6 millones de habitantes).

Son datos de la Junta de Andalucía que hizo públicos el Ministerio de Sanidad el pasado viernes, señalando a esta comunidad entre las tres primeras con la tasa más alta de pacientes en espera para operarse por cada 100.000 habitantes -23,24 frente a los 17,55 de media nacional-; y la segunda con el peor tiempo de espera para una cita con el especialista (139 días, cuando la media de España son 112).

Cuatro días después de que el Ministerio hiciese públicos estos datos globales por comunidades, la Consejería de Salud de Andalucía ha autorizado finalmente la publicación de sus estadísticas, más pormenorizadas, que llevaban un año y medio sin ver la luz “por un problema técnico”, según la consejera del ramo, Catalina García.

Las listas de espera en el Sistema Andaluz de Salud (SAS), publicadas este martes, ocultaban un aumento del 227,5% de pacientes fuera del plazo legal para ser operado, es decir, pacientes que han rebasado los tiempos máximos de respuesta en atención especializada que establece el decreto de garantía de plazos de la Junta, vigente desde 2001.

En junio de 2022, último dato publicado por la Junta hasta hoy, el SAS contabilizaba 10.992 pacientes en lista de espera para operarse. Los datos de hoy, a junio de 2023, contabilizan 36.004 andaluces fuera del plazo legal. Esta es la cifra que más “preocupa” al Gobierno de Moreno, dentro del millón de pacientes que aguarda para ser atendido. El 25% de los 192.561 pendientes de una intervención quirúrgica lleva más de seis meses esperando.

De 84 a 118 días de demora media

El tiempo de demora media para los pacientes pendientes de una operación con garantía de plazos también se ha disparado en un año: en junio de 2022 era de 84 días, en junio de 2023 alcanzó los 118 días. Se ha pasado de 11,45 pacientes en espera por cada mil habitantes a 16,05.

El decreto andaluz de garantía de plazos sanitarios pone el límite legal en 30 días para recibir una prueba diagnóstica, 60 días para citas con el especialista y 90, 120 o 180 días para una serie de intervenciones quirúrgicas (no todas, y el plazo varía según el tipo de operación). En los últimos 12 meses, la cola de pacientes que ha rebasado el tiempo máximo de espera para operarse creció en 25.000 personas más, “un incremento inédito en tan solo un año”, explican fuentes de Salud, que admiten que los números son “catastróficos”.

De junio de 2022 a junio de 2023, según los datos publicados el pasado viernes por el Ministerio de Sanidad, el número de andaluces en espera para una operación quirúrgica ha aumentado en 20.000 personas: de 172.000 en junio de 2022 a 192.561 pacientes.

Las estadísticas publicadas hoy por el SAS -calculadas con criterios distintos- muestran unos números más abultados: en total 203.375 pacientes en lista de espera quirúrgica -53.300 más que hace un año (150.034)-, de los que 134.749 tendrían prioridad porque su operación está recogida en la ley de garantía de plazos. Pero la sanidad andaluza ya ha incumplido el plazo máximo legal con el 17,7% de esos más de 200.000 pacientes pendientes (36.004).

La tasa de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica en Andalucía es de 23,24 por cada 100.000 habitantes, entre las tres más altas del país –la media es 17,55–, y el tiempo medio de espera es de 139 días –la media nacional son 112 días–, sólo por detrás de Canarias y Cantabria.

430.000 andaluces esperando más de 60 días una consulta

Tras la publicación de los datos globales en la web del Ministerio de Sanidad, la consejera de Salud defendió que este incremento “demuestra que el sistema funciona”, porque hay más producción y se derivan más enfermos a la sala de quirófanos.

El número de andaluces que aguarda cita con un especialista ha mejorado: de los 906.000 pacientes registrados el año pasado a los 841.731 en junio de 2023, 64.269 menos. El 40,8% -430.136 pacientes- lleva más de 60 días esperando una consulta. Son 101,57 pacientes pendientes de una cita por cada mil habitantes, la segunda tasa más alta del país, por detrás de Cantabria (108). El tiempo medio de espera, en días, ha aumentado en el último año: de los 110 días de demora en 2022 a los 121 días el pasado junio, el segundo peor dato del país, por detrás de Canarias (123).

Mirarse en la etapa socialista

El Gobierno de Juan Manuel Moreno ha comparado estos datos con la situación de la sanidad pública andaluza de 2018, último año del PSOE en el poder, hace un lustro. Entonces eran 843.538 pacientes andaluces en lista espera, una situación “crítica” denunciada en las calles por el colectivo sanitario, los ciudadanos y la oposición, que contribuyó a expulsar a los socialistas de la Junta después de 37 años.

Desde entonces, la pandemia y la falta endémica de médicos ha tensionado aún más el sistema y se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno popular, que llevaba más de año y medio sin actualizar estos datos, alegando “un problema técnico” que no se llegó a especificar.

El aumento disparado de las listas de espera entre junio de 2022 y junio de 2023 “no tiene nada que ver con la pandemia”, explican desde el departamento de Catalina García. El incremento tiene una relación directa con la paralización fulminante del sistema de contratación extraordinaria de emergencia, esto es, los contratos a dedo con clínicas privadas para derivar a pacientes desde la pública que el Gobierno andaluz prorrogó dos años después de derogarse el marco legal de contratación durante la pandemia.

El SAS prorrogó cuatro veces ese procedimiento de contratación de emergencia, ampliando los 70 millones de presupuesto inicial hasta los 243 millones en junio de 2023. La Junta anunció el regreso a la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia competitiva, a partir del 30 de junio, después de que eldiario.es publicase que llevaban dos años estirando una contratación a dedo amparándose en un marco legal estatal ya derogado.

El Sistema Andaluz de Salud (SAS) volverá a la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia competitiva, a partir del próximo 30 de junio, cuando expira la cuarta y última prórroga del procedimiento de contratación de emergencia, que el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha estirado durante más de dos años, amparándose en las condiciones “excepcionales e imprevisibles” de la pandemia, y en un marco legal estatal derogado en mayo de 2021.

Ley de plazos

El retraso para ser atendido en la sanidad pública andaluza no es sólo un debate sobre la gestión de un servicio público. En Andalucía, desde el año 2001, el Gobierno autonómico reconoce por ley el derecho de los ciudadanos a ser atendidos por un especialista, realizarse las pruebas diagnósticas que necesiten y recibir un diagnóstico y una prueba terapéutica en un plazo máximo comprendido entre los 90, 120 o 180 días (según el tipo de operación) y 30 días para pruebas diagnósticas y 60 días para citas de especialidades.

En caso de que se superen estos plazos, regulados en el decreto de garantías de tiempos máximos de respuesta del SAS, los usuarios pueden solicitar atención en un centro privado autorizado, y la Junta asumirá el coste del tratamiento o la prueba. Sin hacer públicos los datos actualizados de listas de espera, la Consejería de Salud decidió lanzar hace un mes un “plan de choque” para reducir el número de pacientes, consistente en la licitación de varios acuerdos marco para concertar con la sanidad privada la derivación de miles de pacientes, tanto para operarse como para recibir una prueba diagnóstica.

El presupuesto total de estos cuatro convenios roza los 800 millones de euros: 533,3 millones para derivar operaciones; 201,1 millones para diagnósticos, y en torno a 30 millones para pacientes de salud mental y pluripatológicos (estos dos últimos convenios aún por licitar, previstos para antes de que finalice el año).