El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha asegurado este lunes que “es absolutamente imposible imputar” en el caso de los ERE irregulares al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, pues, en su declaración judicial, el ex interventor Manuel Gómez “sólo ha dado titulares, más o menos aprovechables por las plumas adversas al PSOE y al Gobierno andaluz, pero datos que permitan su incriminación, absolutamente ninguno”.
En una entrevista concedida a Europa Press, Emilio de Llera ha opinado por tanto que la anunciada marcha de Griñán no tiene nada que ver con el caso que instruye la juez Mercedes Alaya, añadiendo que con su salida “está demostrando una vez más que es un hombre de Estado, el único líder con sentido de Estado con que cuenta este país”. “Se va porque quiere facilitar la evolución natural del Gobierno andaluz, además de por razones personales y porque está cansado”, ha apostillado.
Tras subrayar que se trata de “una decisión política de una generosidad fuera de toda duda”, el consejero del ramo se ha referido a la declaración del ex interventor y se ha preguntado “¿de qué alertó el ex interventor, de que no estaba conforme con el tipo de procedimiento que se utilizaba?”. “Al mismo tiempo está diciendo que el procedimiento era legal, y si algo es legal no puede ser constitutivo de delito”, ha incidido.
Al hilo de ello, y preguntado por la posible imputación en el caso ERE del ex presidente de la Junta Manuel Chaves; del exconsejero de Empleo y actual diputado nacional José Antonio Viera, o del exconsejero de Presidencia y diputado del PSOE por Jaén en el Congreso Gaspar Zarrías, De Llera ha lamentado que “se lleva apuntando a muchas personas desde el inicio de la instrucción”.
“DESCORAZONADO CON LA INSTRUCCIÓN” DE LOS ERE
En esta línea, el responsable autonómico de Justicia ha dicho estar “un poco descorazonado con la forma de realizar la instrucción de mi compañera”, ya que “sigo sin entender que sostenga que Antonio Fernández, siendo viceconsejero, en unión de su superior, el consejero de Empleo, participó en la ideación y firma de un convenio para eludir los controles públicos, y que meta en la cárcel” al primero de ellos “y al otro lo deje apuntado, porque, según se dice, es aforado”, en alusión a Viera. “Quizás no le falte razón a quienes dicen eso”, ha indicado.
No obstante, ha agregado, “la realidad es que aquí se está apuntando a mucha gente; se amaga pero no se da”, punto en el que ha criticado el auto en el que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla imputó a 20 cargos o ex altos cargos de la Junta “sin relatar un mínimo hecho en el que puedan asentarse” dichas imputaciones, lo que hace que los inculpados “lleguen a ciegas” al día de su declaración.
“Un juez está obligado a razonar, fundamentar y motivar sus decisiones, y eso sirve como mecanismo de control a los jueces por parte de sus superiores jerárquicos, y también a los ciudadanos, para que sepan por qué se imputa a un ciudadano”, ha insistido el consejero, quien ha confiado en que la Audiencia Provincial estime el recurso de la Junta contra este auto de imputación. “No tiene sentido una imputación de este tipo”, ha dicho.
“NO CREO QUE EL SUPREMO ACEPTASE” LA CAUSA DE LOS ERE
Cuestionado sobre si cree que la juez debe elevar el caso al Tribunal Supremo, ha afirmado que no cree que “haya motivo” para ello. Además, “no creo que el Supremo aceptase esta causa con lo que a día de hoy sabemos de las personas aforadas, a quienes se les está amenazando judicialmente”.
No obstante, ha tachado de “lógico” que el PSOE-A haya pedido públicamente elevar el caso al Supremo, ya que “el daño político que se le está causando con esas amenazas o amagos es brutal, pues se está insinuando que pueden ser inmediatamente inculpadas un montón de personas que componen los cuadros del partido, empezando por el presidente”. “No hay derecho a que se haga padecer a las personas y familias ese ambiente de semiimputación que están padeciendo, y que políticamente tiene un coste para el PSOE”, ha afirmado.
Por último, ha criticado la “falta de imparcialidad” de la juez Alaya cuando afirmó, en la declaración del ex interventor, que “ya sabemos que Griñán conocía sus informes”, lo que denota “una intencionalidad por imputar” al presidente de la Junta. “Me parece de una falta de profesionalidad muy seria”, ha aseverado.