El exconsejero de Educación, Cultura y Deporte y diputado del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía Luciano Alonso ha anunciado que presentará su dimisión tras el último pleno del año, fijado para los próximos miércoles y jueves, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya señalado para el 30 de enero el inicio del juicio contra él por presunta prevaricación administrativa.
Desde que la Fiscalía Superior de Justicia presentó la acusación contra él, se había convertido en un problema para el Gobierno de Susana Díaz, y ya se apuntaba que su cese era cuestión de días. C's, socio de investidura de Susana Díaz, tenía la garantía de ésta de que la salida de Luciano Alonso se produciría en cuanto se fijara juicio contra él, por lo que los de Juan Marín tampoco quisieron hacer más presión con el tema a la espera de ello.
Cabe recordar que se le va a juzgar por los nombramientos de Luis Guerrero Jiménez como director del Centro Andaluz del Flamenco (CAF) y de Alejandro Cárdenas y María Centeno como directores consecutivos de la Filmoteca de Andalucía. En un comunicado remitido la tarde este viernes, cuando ya se publicado la fecha del juicio, Luciano Alonso, para quien la Fiscalía Superior de Andalucía solicita 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, dice que toma esta decisión “en cumplimiento del código ético” del PSOE.
“En este duro trance vital, en el que la asunción y cumplimiento de esa exigencia ética”, comienza, opta por dejar “el noble oficio de la política con mayúsculas, entendida como servicio al ciudadano”. De todas maneras, insiste en que su juicio “versará únicamente sobre si pudo aplicarse indebidamente un precepto legal que permite reasignar funciones de los empleados públicos” para “la mejor y más eficiente organización del departamento”.
Insiste en su inocencia
Igualmente, critica que la fiscalía empezara la investigación “por noticias de prensa”, una práctica “desaprobada” por doctrina consolidada del Tribunal Supremo. También recuerda que “fue descartada judicialmente la inicial acusación del fiscal por un delito de malversación de fondos públicos, por lo que en este caso ni se trata propiamente de un juicio por corrupción, ni cabe hablar de empleados fantasmas, ni ha habido beneficio o lucro por parte de nadie”.
En esta línea, continúa: “Es obligado resaltar que ha sido ya también establecido judicialmente que todos los nombrados, como empleados eventuales o de confianza, respecto de los que no es exigible la idoneidad, desempeñaron con acierto y dedicación las funciones de interés público que les fueron encomendadas”, explica el ex consejero. Para concluir: “Quisiera finalmente sobreponerme al dolor y al desánimo de este momento, reiterando que siempre he actuado convencido de la plena legalidad de los nombramientos, cuya única finalidad fue la mejor y más eficiente defensa de los intereses de los ciudadanos”.
Desde el PSOE-A ya confirmaron que si se abría juicio oral le aplicarían el código ético del partido, pese a que han insistido en que no se puede hablar de corrupción en un caso en el que se habla de que firmó esos nombramientos para “beneficiar a personas del PSOE”.
Diputado en el Parlamento de Andalucía por Málaga desde 2004, ha estado en el Consejo de Gobierno en dos legislaturas y media. Primero como consejero de Turismo, Comercio y Deporte con Manuel Chaves de presidente; luego, de consejero de Cultura y Deporte, de 2012 a 2013, ya con José Antonio Griñán; y finalmente, consejero de Educación, Cultura y Deporte, con Susana Díaz.
Durante esta última etapa de consejero fue el encargado de lidiar con el escándalo de los fondos de formación profesional para el empleo, toda vez que dependían del área de educación hasta que fueron traspasados a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en esta legislatura. De hecho, Luciano Alonso puso en marcha en 2013 el plan de choque ordenado por la presidenta para revisar uno a uno los expedientes de subvenciones hasta la última convocatoria -2011- y desde 2007, porque cualquier irregularidad previa habría prescrito la posibilidad de exigir la devolución del dinero. Esa revisión, pensada para un plazo de dos años, todavía no ha concluido.