El maestro, las autonomías o el Ministerio: Andalucía entra en la pelea de quién elige a los alumnos suspensos que pasan de curso

El Gobierno andaluz ha suscrito el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas que fija unas directrices muy genéricas para terminar el curso académico, interrumpido en marzo por la crisis del coronavirus. La Consejería de Educación ha remitido una carta al departamento de Isabel Celaá reafirmando su conformidad con “el enfoque y la estructura del acuerdo”, pero también ha expresado su discrepancia respecto al punto más polémico del documento: que todos los alumnos promocionen de curso, salvo excepciones, y que ninguna asignatura suspensa impida obtener el título en 4º de Secundaria o en 2º de Bachillerato (paso previo a la Selectividad).

Esta discrepancia la comparten muchas comunidades firmantes y otras tres -Madrid, Murcia y País Vasco- que se han desmarcado del acuerdo por distintos motivos: las dos primeras, gobernadas por PP y Ciudadanos, porque quieren que el Ministerio de Educación fije un criterio común sobre el sistema de promoción y titulación en estas circunstancias excepcionales. Es decir, ¿con cuántas asignaturas suspensas se puede pasar de curso? ¿Con dos o tres, como establece ahora la ley básica? ¿Con cinco? ¿Con ocho?

Andalucía, que también está gobernada por PP y Cs, comparte esa disconformidad, pero de momento no ha dado el portazo al Ministerio. La misiva que el consejero Javier Imbroda ha enviado a Celáa reclama “que fije un máximo de asignaturas suspensas para poder pasar de curso y titular”, para que no haya criterios dispares entre comunidades ni se produzcan desagravios.

Es un debate interesante y difícil de resolver porque las discrepancias no surgen con el caos que ha desatado el COVID-19. Las discrepancias forman parte del diseño estructural del sistema educativo español y de las muy distintas maneras de interpretar la enseñanza que hay en este país. Por ejemplo, Madrid y Murcia rechazan el acuerdo porque quieren que el Ministerio de Educación establezca un criterio común de aprobados y suspensos a todas las comunidades -es decir, piden más centralismo-; Euskadi, en cambio, rechaza el documento por todo lo contrario: esgrimen sus competencias en la materia para terminar el curso a su manera.

En España, las competencias en educación están transferidas a las comunidades. El Ministerio establece una ley básica, un currículum general, y los gobiernos regionales lo gestionan con más o menos margen de autonomía. La ley básica ya recoge que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno debe de ser “continua, formativa e integradora”. No se decide todo en el último trimestre y mucho menos en el último examen. También dice la ley que los alumnos promocionarán de curso “cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos como máximo”. Y que repetirán curso con tres o más asignaturas suspensas, o sólo dos, si se trata de Lengua y Matemáticas.

El Ministerio de Educación ha propuesto, en estas circunstancias tan raras, que todos los alumnos promocionen de curso (aunque pasen con más asignaturas pendientes de las que ahora admite la ley); y que la repetición sea un recurso “excepcional”. Pero esa excepcionalidad tampoco surge como respuesta al coronavirus y al confinamiento del alumnado. Es el Real Decreto que regula el currículum básico de Secundaria y Bachillerato el que contempla que “la repetición se considerará una medida de carácter excepcional”.

El documento de Celaá es una fórmula ad hoc, inventada expresamente para dar respuesta al lío del coronavirus en las aulas. Pero no hay un vacío legal para quien no esté convencido de estas instrucciones. Para quien rechace el texto, está la ley (la Lomce, legislación estatal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, aún en vigor), que en realidad otorga a las comunidades las mismas competencias para decidir.

En España, la “excepción” de hacer repetir curso al alumno con dificultades de aprendizaje se ha convertido en un recurso sistemático. El 30,8% de los alumnos españoles ha repetido curso al menos una vez antes de cumplir los 15 años, según datos recogidos en el informe del Consejo Escolar del Estado (año 2019). En el curso 2016-2017, ese porcentaje tocó su máximo histórico: 40,6%. En Andalucía, el registro actual es del 33,3% de repetidores antes de los 15 años, según el último informe PISA. Estos datos alejan la realidad educativa española del conjunto de los países de la OCDE, que sitúa la media de repetidores en un 12%.

La situación de la escuela bajo el peso del coronavirus es anómala y la solución que se ha buscado también lo es: el tercer trimestre no está siendo presencial, dado el confinamiento de la población, de ahí que el ritmo de aprendizaje se haya visto irremisiblemente alterado. Este curso terminará en junio, aunque se articulará un plan de refuerzo en julio, pero la gran pregunta es cómo terminarlo: ¿cómo se decide quién promociona de curso, quién obtiene la titulación, quién repite?

Son preguntas que discuten los gobiernos, obviando que en el sistema educativo español existen dos ideas fuerza que a menudo se minusvaloran: la libertad de cátedra del profesor y la autonomía pedagógica de los centros educativos. La ley básica actual también establece que “las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas por el conjunto de profesores del alumno, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias correspondientes”.

Es decir, es cada maestro quien mejor conoce a sus estudiantes, con los que ha estado los dos primeros trimestres y, probablemente, los cursos anteriores. El diagnóstico que el maestro hará a sus alumnos en junio debería medir la evolución y el conjunto de las habilidades adquiridas a lo largo del curso, no el aprobado o el suspenso en un examen final. Las comunidades del PP piden un patrón común de respuesta para terminar el curso, pero ese molde para unificar el sistema de promoción y titulación no tiene encaje en la ley básica. En la ley básica del PP. El sistema de evaluación vasco no tiene nada que ver con el andaluz pero, es más, la forma en la que enseñan y evalúan a sus alumnos los profesores de un colegio de las Tres Mil Viviendas, en Sevilla, no tiene por qué coincidir con la metodología de las escuelas del vecino barrio de Nervión.

El Ministerio de Educación sostiene que su documento sólo es un “paraguas” para que las comunidades ejerzan sus competencias “haciendo adaptaciones curriculares y estableciendo pautas de evaluación” que los docentes puedan utilizar en esta tercera evaluación. El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, ha tratado de explicar que la decisión final no es de las consejerías del ramo de los gobiernos autonómicos, sino de los equipos docentes, que atenderán la situación concreta de cada uno de sus alumnos y la situación excepcional generada por la epidemia.

Las comunidades, por su parte, piden instrucciones más claras para transmitírselas a su comunidad educativa: “las mimas reglas” para Andalucía que para Navarra.“Nosotros tenemos un sistema educativo cíclico, repetimos los conocimientos curso a curso con mayor o menor profundidad. En Primaria y hasta 3º de la ESO podemos hacer una asunción de lo que este año no he podido dar, para incorporarlo el año que viene, que es el planteamiento del Ministerio. Pero en 4º de la ESO y en 2º de Bachillerato es complicado porque si promocionamos a un alumno que le queden seis materias estará en 2º pero tendrá que aprobar las seis y todas las de 2º para poder titularse”, concluye la viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo.