José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), ha acudido este lunes a declarar como investigado después de que un Policía Local de la localidad haya presentado una denuncia contra él por un presunto acoso sexual cometido contra él y su pareja. En su declaración se ha negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía y del abogado del denunciante, y sólo ha contestado a su abogado. Tampoco ha contestado a los medios. Cuando se conoció la investigación judicial, García Urbano envió un comunicado asegurando que la denuncia tenía una finalidad “espuria” y formaba parte de una campaña para manchar su dignidad personal y su trayectoria como alcalde.
El alcalde había solicitado declarar “de manera voluntaria y a la mayor brevedad”, según explicó en su día. Fuentes judiciales han confirmado este lunes que el alcalde ha declarado “en calidad de investigado”, de modo que ha contado con las garantías legales que implica esa condición. Entre otras, la de no declarar contra sí mismo o la de no responder a las preguntas del fiscal o del denunciante, como así ha ocurrido. En los próximos días el juzgado, que ya oyó al denunciante ratificar la denuncia, citará a un testigo.
El regidor ha reiterado que se trata de una denuncia falsa, “sin fundamento”, y su defensa va a pedir el archivo de las actuaciones, según ha informado en una nota.
El juzgado de Instrucción 5 de Estepona investiga la denuncia interpuesta contra el alcalde por un policía local de Estepona, actualmente de baja por motivos psicológicos, por supuestos hechos ocurridos entre marzo de 2022 y junio de 2023 que habrían vulnerado su libertad sexual.
La denuncia recoge una serie de conductas del alcalde de Estepona (lo es desde 2011) con las que habría forzado al denunciante a mantener relaciones sexuales bajo la amenaza de que, si no accedía, perdería su puesto de trabajo, involucrando también a la pareja de este.
Según el relato del funcionario, el alcalde le hizo sentir un “trato especial” desde que llegó, “no acorde a la relación normal de trabajo que un alcalde puede tener con sus funcionarios”. Ese trato implicaba una “intención libidinosa”. “Se comprobó que esa actitud se debía a que el denunciado buscaba satisfacer sus deseos sexuales valiéndose, aprovechándose, de su condición de alcalde”.
Esa intención se habría materializado en diversos hoteles. Según asegura el funcionario, accedió “por miedo a perder su trabajo y, como consecuencia de ello, no poder mantener a su familia”. “Si quería mantener su puesto de trabajo, tenían que acceder a sus perversiones sexuales, tanto el denunciante como su pareja sentimental”, se dice en la denuncia, en la que se asegura que el regidor les “buscó en arrendamiento” un piso en Estepona y llegó a ofrecer 2.000 euros al mes a la pareja para que pasaran el “mayor tiempo posible en Estepona”.
Según ese relato, cuando el denunciante decidió poner fin a la situación, García Urbano le respondió “con tono amenazante” que “su puesto de funcionario dependía de él y que ”si no entraba en su juego su carrera profesional estaba acabada para siempre y que le iba hacer la vida imposible ya que tiene contactos para que no pueda trabajar en ningún sitio“.
La denuncia fue admitida a trámite el pasado 28 de octubre, y el denunciante se ratificó en ella, añadiendo algún detalle, en una declaración por videoconferencia hace algo más de una semana. Tras ello, el juzgado podía archivar de plano la denuncia, si no veía indicios de delito, o acordar nuevas diligencias. García Urbano solicitó declarar, lo ha hecho este lunes como investigado, y el juez ha decidido seguir indagando citando a un testigo.
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