Uso excesivo de la fuerza, estado de tensión permanente, aislamiento, miedo, frío, violencia, hambre, sed, muerte,... “La situación y organización interna de la cárcel-CIE de Archidona ha constituido una lista interminable de violaciones de los derechos humanos”, dice la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura que, en su informe anual, dedica un capítulo especial al episodio vivido por casi 600 migrantes argelinos que fueron encerrados de forma temporal en el centro penitenciario Málaga II, en Archidona, después de alcanzar tierra española a través de las costas murcianas.
El empleo provisional de esta cárcel como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) desde el 20 de noviembre de 2017 fue polémico desde el principio. La recopilación de información procedente de los internos, el Defensor del Pueblo Español o la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora describe “una realidad que dista mucho de poder considerarse digna”. Para el Defensor, incluso, “no se respetaron las reglas mínimas de custodia de las personas internadas en un CIE”.
Se encerró a un total de 576 hombre argelinos y un hombre de origen marroquí, 486 de los cuales fueron devueltas desde Almería, vía marítima, a su país de origen. La mayoría de las devoluciones se organizó en grupos de 30 a 40 personas. Durante su encierro, se aisló a dos módulos completos en dos ocasiones (13 y 28 de diciembre). No se les llevó ni comida ni agua. “El efecto del aislamiento en personas que acaban de pasar por un hecho tan traumático como es poner en riesgo tu vida durante una travesía en una barca por el Mediterráneo y que se encuentran en una situación de incertidumbre absoluta (no saben qué va a ocurrir con ellos) debe ser enorme”, señala el informe.
La CPDT considera que el aislamiento en este caso “buscaba aumentar el castigo, la humillación que ya suponía encontrarse detenidos en Archidona y reforzar el miedo y certidumbre de que serían deportados”. “Un intento deliberado de deshumanizar aún más a estas personas encerradas”, añade el informe, que recuerda que la muerte de Mohamed Bouderbala se produjo durante uno de los periodos de aislamiento.
Según apuntó Amanda Romero, abogada experta en extranjería que asesora a
las personas que estuvieron recluidas en Archidona, “hemos observado que la mayoría de los agentes realizan estas labores equipados con el material antidisturbios, lo cual genera un clima de fuerte hostilidad”. Así se hacía constar en las primeras denuncias públicas de organizaciones, como Andalucía Acoge, que se interesarse por la situación de los migrantes en el improvisado CIE.
“Tensión y agresividad permanente”
A juicio del Defensor del Pueblo Español, según recoge el informe de la CPDT, aquella situación “no favorece la normalización de la convivencia en el centro es que la gestión directa con los internos la están realizando agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con su uniformidad e instrumentos habituales”. Añadió que “las medidas de seguridad en la relación policía-internos eran muy intensas para una privación de libertad de esta naturaleza”.
Las personas internadas describen una situación de mucha tensión, señala el informe. Aunque afirman que algunas de las fuerzas de seguridad eran amables, señalan que otras insultaban y pegaban sin razón ninguna y que había mucha tensión y agresividad permanente en el ambiente. “El miedo era una de las constantes en el día a día de Archidona”.
Según las declaraciones de Maribel Mora, se produjeron al menos cuatro motines,
dos de ellos muy grandes y altercados continuados, con una “relación clara” entre deportación y motín, ya que éstos siempre tuvieron lugar en los dos días anteriores o posteriores a las expulsiones. “Hubo constancia de que se hizo uso de la fuerza en la gestión de los altercados y que no se comunicó al juez, tal y como establece la ley”, denuncia la CPDT.
Por otra parte, según el relato de los internos entrevistados, el traslado al centro se
realizó atando las muñecas contrarias de los detenidos mediante bridas, “una una medida innecesaria, que deshumaniza y criminaliza aún más a las personas”. La confirmación visual de la violencia que tuvo lugar ha sido mostrada en vídeos grabados por los propios internos y reproducidos en los principales medios
de comunicación españoles y argelinos, como informó este medio.
En cuanto al acceso a ropa, agua, comida, organización de horarios y calefacción, el informe recoge que, cuando los migrantes llegaron a este centro, el agua no era potable ni podía utilizarse para ducharse. El informe del DPE indicaba que no todos los servicios necesarios en un centro de internamiento se encontraban operativos y que las zonas comunes y los baños de los patios no estaban habilitados.
Los internos afirmaban que la calefacción no funcionaba. Las noches de noviembre, diciembre y enero en Archidona las temperaturas bajaron de los 0º y nevó en unas cuantas ocasiones, y no se les entregó ropa hasta el 12 de diciembre, por lo que durante dos semanas solo contaron con la ropa que llevaban puesta el día de su llegada. Muchos no tenían ropa de abrigo. El frío fue una constante que marcó su tiempo en la Cárcel-CIE de Archidona. También declararon que no tuvieron agua caliente, relata la CPDT.
Comida escasa
Según detalla el informe, no existían horarios ni actividades más allá del desayuno, almuerzo y cena. El tiempo entre las comidas lo pasaban en el patio sin poder pasar al resto de zonas comunes, incluido los baños. Esta falta de organización, en opinión del DPE, favoreció los incidentes entre los internos. La comida, relatan los internos fue muy escasa.
En cuanto a la atención sanitaria, el DPE describió en su informe una ausencia de reconocimiento médico en el momento del ingreso y carencias en la atención sanitaria e instó a las autoridades a proceder de manera inmediata al mismo. Igualmente les conminó a establecer asistencia médico-sanitaria las 24 horas en el centro. Tampoco se formalizó un registro de las solicitudes de necesidades de atención médica, por lo que, de forma oficial, no sabemos cuántas de estas solicitudes quedaron sin atender. A la CPDT le constan datos de que en ocasiones se realizaron traslados al hospital y que en algunos de ellos los detenidos iban en la ambulancia esposados.
En el informe se apuntan “dudas” en la forma en la que el Ministerio garantizó la asistencia jurídica y lingüística de las personas detenidas, al menos, en ciertos momentos del internamiento. Los internos indican que muchos nunca supieron quiénes fueron los abogados que se les asignaron. Además, no existía buzón para quejas o peticiones a instituciones, tal y como garantiza la ley. Las consecuencias de estas ausencias de información fueron el sentimiento compartido de indefensión total por parte de las personas internadas, concluye el informe.
La CPDT también denuncia “el absoluto desinterés por garantizar los derechos de los menores en nuestro territorio marcó el proceso completo de su presencia en la cárcel-CIE de Archidona”. A ese respecto, “nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad política ante esta grave vulneración de derechos de los menores y no tenemos, ni nunca tendremos, garantías de que no se haya expulsado a menores de edad del territorio español. También hay constancia de que se han producido irregularidades con la protección de solicitantes de asilo.
En todo caso, la CPDT considera que los CIE “son cárceles opacas donde se encierra, en muchos casos, en condiciones nefastas e insalubres, a personas que no han cometido delito alguno, a la espera de una expulsión que, en muchos casos, no llega. Son un eslabón, uno extremadamente cruel, más del racismo y xenofobia institucional del estado español”.