El ayuntamiento de Torremolinos estableció un canon para la explotación de la plaza de toros de 27.106,33 euros, para luego comprar entradas a la concesionaria por idéntico importe. Por aquellos años, el consistorio subvencionaba la cuota íntegra del IBI sin base legal y compraba suministros eléctricos a una sola empresa, sin concurso, por unos 350.000 euros. Estas son algunas de las conclusiones más llamativas de un informe externo que audita el cumplimiento de la legalidad de las contrataciones, convenios y subvenciones durante la última etapa de Pedro Fernández Montes, del PP, como alcalde del municipio.
El documento relaciona prácticas irregulares como la firma por personal de confianza no habilitado, el fraccionamiento de contratos o la falta de justificación de numerosas facturas. El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, abarca desde 2011 hasta junio de 2015 y complementa la auditoría financiera publicada hace un mes y el informe del interventor en el que se cifra la deuda de la localidad en 197 millones de euros. El informe, encargado por el actual equipo de gobierno, ha sido elaborado por Horwart PLM y Grupo de Auditores Públicos.
“Hemos observado que el importe de canon que cobra el ayuntamiento por la concesión de la plaza de toros de Torremolinos asciende a 27.106,33 euros, siendo este mismo importe el que liquida el ayuntamiento con Alberosur, S.L. por la compra de entradas, para su posterior distribución gratuita”, se lee en uno de los aportados del documento, de más de 50 páginas. En otras palabras, el ayuntamiento estableció un canon anual a la concesionaria y, al menos en 2013, pagó idéntica cantidad en entradas, que luego repartió discrecionalmente.
El documento relaciona prácticas irregulares diversas: por ejemplo, recoge un listado con facturas y justificantes bajo la rúbrica “pagos sin justificante”. Ahí se incluyen conceptos como “comidas”, “dietas”, “servicio de cocina”, “servicio instalación freidora”, “sidrería”, “Lepanto”, “Carrefour” (por 4,75 euros) o “gratificación azafato” por un total de 109.895,49 euros en 2011 y 2012. También describe pagos de 80.000 euros anuales a los voluntarios que realizaban servicios de socorrismo en las playas, hasta que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia determinó que esa práctica era irregular.
Otro de los puntos relaciona contratos menores suscritos con una sola empresa por cuantías superiores, durante algunos ejercicios, a los 400.000 euros. Suministros Eléctricos Torremolinos, S.L. obtuvo así 412.429,38 euros en 2011, 312.975,12 euros en 2012; 352.003,64 euros en 2013; y 276.837,74 euros en 2014. En total, 1.353.795,88 euros en compras a dedo en cuatro años.
Prórrogas irregulares, fraccionamiento y servicios sin contratos
Los auditores detectan “deficiencias de carácter general” en la aplicación de los principios de contratación. Así, varios contratos fueron prorrogados más allá de lo permitido por la legislación, o siguieron procedimientos inadecuados por su cuantía, o fueron fraccionados y adjudicados directamente. Es el caso de los servicios de organización y celebración del campeonato de Europa de Baile 2012, adjudicado en dos contratos al mismo adjudicatario, cuando debió sacarse a concurso público de una sola vez.
Llama la atención el servicio de transporte urbano, del que los auditores piden su rescisión por no haber sido adjudicado por concurso. Sólo han accedido al acuerdo original, de 1989, y a la actualización del servicio suscrita en 1996. Después, nada: “Se ha comprobado que no ha existido ningún tipo de procedimiento de licitación”. El ayuntamiento también pagó 295.554,37 euros a Corporación Española de Transporte (autobuses Portillo) por el servicio de transporte gratuito a la Universidad, sin que mediara concurso público. Sin embargo, aquí los auditores resaltan que parte de la documentación no consta en el expediente, por lo que se reservan su opinión. Los auditores también señalan que la gestión del cobro de los recibos de basura llegó a realizarse sin contrato durante un año.
En lo relativo a las subvenciones y ayudas concedidas, uno de los signos distintivos de la anterior corporación, los auditores explican que han recibido documentación procedente exclusivamente del área de bienestar social, pero concluyen que no cumplían con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación o eficacia. Las ayudas para la rehabilitación de edificios, por ejemplo, se adjudicaban por concesión directa, y ni siquiera estaban previstas en los Presupuestos.
Para conceder ayudas económicas familiares no se examinó la carencia de recursos o el estado de necesidad y las subvenciones otorgadas para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles ni siquiera constan de un listado de beneficiarios. De los expedientes que sí han podido analizar, los auditores han comprobado que en más de la mitad de los casos no se acreditaba el cumplimiento de los requisitos. Más aún: los auditores aseguran que no existe base legal que permita la subvención de la cuota tributaria del IBI en los términos en que ha sido aplicada por el Ayuntamiento de Torremolinos en los ejercicios 2011 a 2014.
Un cortijo construido “ladrillo a ladrillo”, según Maribel Tocón
El informe de legalidad y el económico dibujan un panorama de presuntas irregularidades administrativas y deuda multimillonaria en el ayuntamiento. “La causa inequívoca de la astronómica deuda que nos ha dejado el PP ha sido la magnitud de las irregularidades que se han cometido en este Ayuntamiento de una forma dirigida e intencionada durante dos décadas”, opinó ayer la actual concejala de Hacienda, la socialista Maribel Tocón. Tocón, que acusó al exalcalde Pedro Fernández Montes y al PP de construir “su cortijo ladrillo a ladrillo”, pidió tiempo sin embargo para que los servicios jurídicos determinen si tanto este documento como el de auditoría financiera, presentado hace un mes, deben llevarse o no a la Fiscalía. El grupo municipal del PP denunció que Tocón hiciera público el informe antes de remitirlo a los grupos políticos.
El PP gobernó Torremolinos durante 20 años. Durante dos décadas Pedro Fernández Montes ejerció el poder con su particularísimo estilo, que incluyó abundantes subvenciones, ayudas y jamones por Navidad, descalificaciones a concejales de la oposición, una televisión pública condenada por el Consejo Audiovisual Andaluz por su parcialidad, convenios urbanísticos llevados ante la justicia (que archivó las investigaciones) y una despedida entre abucheos en el Pleno con el que se inició la presente legislatura. En cuanto perdió la mayoría absoluta supo que había llegado su fin político.
Durante dos décadas al interventor lo nombró el alcalde. Era empleado municipal (como lo fue durante años el secretario), y lo que debía ser provisional (la accidentalidad del puesto) se prolongó durante 20 años. La realización de sendas auditorías fue uno de los compromisos de legislatura asumido por el gobierno del PSOE, investido con el apoyo de la marca de Podemos, Ciudadanos e IU. El documento financiero reveló el descontrol sobre las facturas, deudas millonarias sin reconocer y órdenes de pago sin aparente control emitidas por el alcalde y su equipo. Según un informe del interventor municipal dado a conocer la semana pasada, la deuda del ayuntamiento de Torremolinos es de 197 millones de euros.