El Ayuntamiento de Málaga va a embarcarse en la reforma del impuesto municipal sobre la plusvalía con una posición ya fijada por parte del equipo de Gobierno: en lo que está en su mano el impuesto no va a bajar, a pesar de que la nueva ley estatal lo permite.
A un año vista de las elecciones municipales, Francisco de la Torre, el veterano alcalde del Partido Popular (lo es desde el año 2000) lo tiene claro. La reforma forzosa de la norma estatal sobre este impuesto, que cercenó una parte de los ingresos municipales, no le deja margen para realizar nuevas rebajas, aunque quisiera. “No tiene sentido” rebajar el impuesto cuando el Ayuntamiento ya va a ver reducidos sus ingresos por efecto de la nueva norma estatal, ha explicado en alguna ocasión.
Otorga así una baza a la oposición, que en los últimos días ha usado este asunto para criticar duramente al regidor. Le acusan de “mentir”: en primer lugar, porque hace tres años prometió ir reduciendo el impuesto hasta eliminarlo, lo que no ha ocurrido; pero también, porque el Ayuntamiento se ha arrogado como mérito propio la reducción en los ingresos provocada por la nueva norma estatal, consecuencia a su vez de una sentencia del Tribunal Constitucional. El equipo de Gobierno aduce que la bajada, que cifra en el 36% de media, es real y, tenga el origen que tenga, es asumida en las cuentas municipales sin compensaciones por parte del Estado.
El asunto afecta a quienes heredan cada año una vivienda como consecuencia del fallecimiento de un familiar, unos 1.400 malagueños, según los datos del concejal de Economía, Carlos Conde. También a quienes adquieren una vivienda inter vivos. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) se paga cuando una persona vende, dona o hereda una vivienda, gravando la revalorización de los terrenos urbanos sobre los que está construida.
En octubre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el método que se utilizaba para calcular la base imponible del impuesto, dejando en el aire un tributo que aporta unos 2.500 millones de euros a las arcas de todos los municipios en España. Solo el IBI (con 14.000 millones) aporta más a los ayuntamientos. En realidad, la decisión del Constitucional fue la puntilla a un impuesto ya puesto en tela de juicio con anterioridad, y obligó al Ministerio de Hacienda a intervenir de urgencia, modificando la norma que lo regula.
Con esa norma en vigor, los ayuntamientos quedaban emplazados a modificar sus propias ordenanzas, haciendo uso de los márgenes que les confiere el marco estatal para fijar unos tipos impositivos más o menos altos. La nueva ordenanza malagueña, que el Ayuntamiento quiere tener lista en abril, no hace uso de ninguna de las opciones para reducir el pago de la plusvalía. El Ayuntamiento podría rebajar la cuota tributaria de dos formas: minorando los coeficientes máximos (que se aplican en relación a los años que han pasado desde la última vez que se transmitió el inmueble) o reduciendo el valor catastral del suelo hasta un 15%.
Sin embargo, ya ha explicado que no hará uso de ninguna de estas posibilidades. Por el contrario, mantendrá el coeficiente máximo y los valores catastrales vigentes. Para el consistorio, es una cuestión de recursos: el Ayuntamiento estima que la modificación obligatoria ya le resta casi 19 millones de euros (sobre una cuantía inicial de 55, y un Presupuesto total de 936 millones). Con esa merma, razonan en el equipo de Gobierno, no hay margen para otras rebajas, menos aún en un contexto de caída de ingresos motivada por la pandemia. Además, el valor catastral del suelo en Málaga ya estaría infravalorado, y podría rondar la tercera parte del valor de mercado, según el concejal Carlos Conde.
Este miércoles, Conde adelantó los detalles del anteproyecto, asegurando que los coeficientes que se introducen para el cálculo de la cuota ya suponen una reducción media del 36,82% de las cantidades a abonar (sean por compraventa o por herencia). Los populares argumentan que con esa reducción dan cumplimiento a su programa electoral, que contemplaba reducir el 12,5% anual para las transmisiones mortis causa, hasta su eliminación.
Sin embargo, lo cierto es que para llegar a ese porcentaje el Ayuntamiento no ha hecho nada más que aplicar una norma estatal de obligado cumplimiento. Para la concejala socialista Alicia Murillo, se trata de un “truco de ilusionista”.
“Es verdad que es una normativa que nos ha llegado, pero también es verdad que se ha bajado un 36%. Y a día de hoy nadie nos puede quitar el mérito de asumir en solitario esa bajada del impuesto en la plusvalía mortis causa”, resumió Conde en una comparecencia forzosa ante la Comisión de Economía. El razonamiento del Ayuntamiento es que, aunque la rebaja venga determinada por una norma estatal, por ahora la asumen las arcas municipales, si bien la Federación Española de Municipios y Provincias sigue exigiendo al Estado una compensación.
La decisión del equipo de Gobierno ha unido a la oposición en sus críticas. Los socialistas son partidarios de eliminar el impuesto en las transmisiones mortis causa. Daniel Pérez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, ha acusado a De la Torre de “mentir” a los malagueños. “Si el señor de la Torre no cumple su promesa de eliminar la plusvalía mortis causa solo demostrará que es un oportunista y un vendehúmos que no merece ocupar el sillón de alcalde”.
Por su parte, Nicolás Sguiglia (Unidas Podemos por Málaga) acusó al alcalde de “tomar el pelo” a los ciudadanos y al PP de hacer “demagogia fiscal”, ocultando que baja impuestos a las rentas altas, pero mantienen los tributos a la “gente corriente”: “El caso de las plusvalías mortis causa es una buena muestra”.
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