Una colecta para llevar el polémico rascacielos de Málaga ante los tribunales

La plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, que se opone a la construcción de un rascacielos que dominaría la bahía de Málaga, se prepara para recurrir a los tribunales los planes cada vez más avanzados del Puerto y el ayuntamiento de la ciudad (PP). Para ello, acaba de lanzar una campaña de micromecenazgo con la que pretende sufragar la interposición de un recurso contencioso-administrativo con el que recurrirá la resolución que culmina los trámites urbanísticos a nivel municipal.

El objetivo es paralizar la construcción del rascacielos destinado a hotel de lujo (con una altura prevista de 116 metros, pero autorización para elevarse hasta los 150) y que la Farola de Málaga, declarada BIC en 2023, siga manteniendo su función de faro, que quedaría descartada si se colocara el edificio en la parcela del dique de Levante que ahora tiene reservada.

La plataforma pretende obtener 30.000 euros con los que recurrir la modificación puntual del Plan Especial del Puerto de Málaga, aprobada por el Pleno el 30 de noviembre y publicada oficialmente el 19 de febrero. A partir de esa fecha, hay dos meses para presentar el recurso. El objetivo es, en primer lugar, paralizar cautelarmente la tramitación y, en última instancia, conseguir el carpetazo definitivo al edificio.

La campaña de crowdfunding a través de la plataforma Goteo pretende generar adhesión a partir del elemento identitario. Así, las recompensas van desde el paseo en jábega por la bahía hasta una postal enmarcada de La Farola, pasando por un poema sonoro de Manuel Rivas.

“Buscan poner en valor la idiosincrasia de ser malagueño y malagueña”, explica Isabel Ruiz-Mora, profesora de la Universidad de Málaga y miembro de la plataforma: “Ir a los juzgados no es gratis, e invitamos a quienes quieran una ciudad que mira a su historia, que pone en valor su patrimonio y protege el paisaje y el entorno natural a que nos apoyen”.

Motivos del recurso

En este momento, el rascacielos está pendiente de obtener el visto bueno del Consejo de Ministros, que levantará o no la prohibición general de construir un hotel en una parcela pública de suelo portuario. Para ello, debe emitirse antes un informe de Puertos del Estado y acreditarse el interés general de la actuación.

“Hay una multitud de razones para recurrir”, asegura Matías Mérida, profesor de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Málaga y uno de los portavoces de la plataforma, que enumera: “La utilización del espacio público para uso privado (una concesión de 50 años prorrogable es, a efectos prácticos, una privatización); la afección a la movilidad, al tráfico portuario…”.

El rascacielos se situaría en el dique de Levante, cuyo espaldón está afectado por un proceso acelerado de corrosión y su exposición al embate de las olas. “En una época de incremento de fenómenos meteorológicos extremos, con temporales de cada vez mayor intensidad, y con la subida del nivel del mar calculada en un metro de aquí a 2100 con previsiones que se superan año tras año, lo último es levantar una construcción de esta índole al lado del mar, en un lugar en el que la legislación de Costas jamás lo permitiría”, detalla Mérida, que apunta a presuntos incumplimientos de la normativa urbanística andaluza (la LISTA), de la Ley de Puertos, de la legislación ambiental y de legislación sobre patrimonio histórico como ejes argumentales del futuro recurso.

El otro argumento es paisajístico. “En la bahía, el lugar más frágil visualmente del entorno, provocaría un impacto visual brutal, como no ha habido en la historia de la ciudad”. El rascacielos dominaría la bahía, duplicando (y pudiendo llegar casi a triplicar) al edificio más alto de la Malagueta, llamado paradójicamente “Torre del Puerto”. Opacaría de paso La Farola, un faro decimonónico, emblema de la ciudad desde entonces (así lo reconoce el propio PGOU) y Bien de Interés Cultural desde el año pasado. La Farola quedaría inutilizada como faro y debería apagarse.

La Plataforma, constituida desde primera hora e integrada por entidades, sindicatos, académicos y personas anónimas, lleva años denunciando el proceso de selección del proyecto (a cargo del arquitecto José Seguí) sin concurso público, la tramitación simplificada y el “desvirtuado control administrativo”. Discute también su cacareada rentabilidad económica y social en un contexto de turistificación y competencia descarnada por el dinero del turista.

Por último, subraya la incongruencia de que un proyecto así, privado y en manos de un fondo catarí, reciba el sello de “interés general” previa modificación legal a la carta. “Málaga está a punto de cometer un error histórico irreversible: construir un rascacielos mal ubicado en el entorno más frágil y amenzado de la ciudad, en una de las bahía del litoral mediterráneo con mayor valor paisajístico, apagando la Farola y destruyendo el horizonte para siempre”, señalan en un comunicado.

Un proyecto que genera división

Casi ocho años después de que se presentara en sociedad, se daba por supuesto que el rascacielos acabaría ante los tribunales. El proyecto genera una profunda división entre la ciudadanía. Lo hace, además, de forma transversal a partidos e ideologías.

Esto no ha alterado la hoja de ruta de los promotores, un grupo inversor catarí desconocido (representado durante un tiempo por el expresidente del Real Madrid Ramón Calderón, y ahora asociado con la cadena hotelera Hesperia) y el propio Puerto de Málaga, antes bajo la presidencia de Paulino Plata (PSOE) y ahora con Carlos Rubio (PP). El rascacielos también tiene el apoyo del gobierno de Francisco de la Torre y de la asociación de empresarios.

Enfrente, toda la oposición (PSOE, IU, Podemos), instituciones como el Colegio de Arquitectos, la Academia de Bellas Artes o el Defensor del Pueblo Andaluz, organismos internacionales como ICOMOS (asociado a la Unesco), voces destacadas de la Universidad o la cultura y cientos de ciudadanos anónimos que se han manifestado o firmado en contra. El trámite de modificación urbanística seguido ante el ayuntamiento recibió más de 1.500 alegaciones.

El equipo de gobierno suele argumentar que tiene el respaldo de una mayoría, pero lo cierto es que, aun admitiendo la asimilación, sólo el PP lo llevó en su programa y no llegó al 50% de los votos. Incluso su antiguo socio Ciudadanos, que ayudó a tumbar la propuesta de una consulta ciudadana, se desmarcó del rascacielos en el último tramo del pasado mandato.

Hasta ahora, las únicas manifestaciones públicas de miembros del Gobierno central, que debe validar o no el presunto interés general de construir ahí ese hotel, sugieren que no le entusiasma la idea. Preguntada sobre el proyecto, la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez recalcó hace apenas un mes que la “prioridad” de la ciudad ahora no es tener “más plazas de hotel”.