Colectivos califican como “delito de odio” y agresión “brutal” el ataque sufrido por una transexual en Málaga

Distintos colectivos andaluces de homosexuales y transexuales han coincidido este viernes en calificar como “delito de odio” y una agresión “brutal” el ataque sufrido por una transexual en el polígono de Guadalhorce de Málaga a manos de cuatro jóvenes que iban en un coche y han pedido que este acto “tenga el agravante de transfobia”.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Andalucía Diversidad LGBT y del Observatorio Andaluz contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, Antonio Ferre, ha dicho que si ya de por sí “es duro” porque estas personas “están abocadas a la estigmatización y a la dura inserción laboral, que encima tengan que aguantar estos ataques de transfobia, a través de insultos, lanzamiento de piedras y agresiones, no es justo”.

De esta manera, desde la fundación que representa ha mostrado su solidaridad con una compañera y ha dejado clara la disposición de su plataforma para atenderle a nivel legal. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para luchar contra la transfobia y la homofobia, “donde hay muchas cosas por hacer”, ha agregado.

Por su parte, la Asociación de Transexuales de Andalucia-Sylvia Rivera (ATA-Sylvia Rivera) ha dicho que a esta “brutal” agresión hay que sumarle el agravante de odio por la identidad de la víctima. Por tanto, la entidad ha condenado “estos deplorables” hechos y solicitado a la Fiscalía especializada en delitos de odio de la provincia una “exhaustiva” investigación sobre todas las personas que supuestamente fueron vejadas, amenazadas y agredidas.

“Estos hechos, después de la agresión a un joven transexual en Granada en meses pasados, nos llevan nuevamente a exigir al Gobierno de Andalucía que implemente las medidas contra la transfobia, contempladas en la Ley Trans de Andalucía, que ha cumplido dos años desde su aprobación”, según ha declarado en un comunicado la presidenta de ATA-Sylvia Rivera, Mar Cambrollé.

“Erradicar el odio y fomentar valores de respeto a la diversidad sexual y de género es una labor de toda la ciudadanía, pero sobre todos de quienes tienen la responsabilidad de educar, informar y gobernar, por ello mismo, un estado aconfesional no debe permitir discursos que fomentan el odio por parte de obispos y las penas han de ser ejemplares teniendo en cuenta el agravante de odio”, ha añadido Cambrollé.

Desde la Federación Arco Iris consideran “fundamental” reducir los niveles de homofobia y transfobia en la población andaluza, “ya que este miedo y rechazo a la diversidad está en la base de estas agresiones”, ha comentado el presidente de la federación andaluza de asociaciones pro-Lgbti, Gonzalo Serrano.

Para ello, y según han explicado en un comunicado, este mismo miércoles han mantenido una reunión con el director del Instituto Andaluz de la Juventud, Francisco Pizarro, el cual “se comprometió” a poner en marcha a partir de septiembre un plan de actuación con cuatro medidas destinadas a reducir los niveles de homofobia y transfobia en la población joven en Andalucía, a través de los ámbitos educativo y deportivo.

Además, consideran de vital importancia continuar la formación de las fuerzas de seguridad en relación a los delitos de odio y la población Lgtbi y han criticado que Málaga es la única gran ciudad de la Costa del Sol que aún no ha accedido a realizar el taller de sobre delitos de odio y población Lgtbi que ofrece a la Policía Local.

Malestar por las condenas “irrisorias”

En otro orden de cosas, el presidente de Andalucía Diversidad, Antonio Ferre, ha mostrado su malestar con algunas condenas, que en muchos casos son “irrisorias”, como un episodio acontecido hace unos días en Madrid en el que, “tras agresiones e insultos, los responsables fueron multados con 250 euros, ya que la jueza no lo consideró un delito de odio”.

A tal respecto, Ferre ha pedido que las condenas sean “referentes y llamativas”, ya que, si “estamos luchando contra las infradenuncias, es porque a veces la lentitud de la justicia interfiere o el propio colectivo no siente que la ley esté de su parte, a pesar de que se trate de casos puntuales”.