Un conflicto laboral entre Unicaja y una decena de trabajadores de su central receptora de alarmas está aflorando una posible vulneración de las normas de acceso a imágenes de las cámaras de vigilancia en cajeros y oficinas del banco. Los trabajadores, despedidos por la empresa Grupo Control el pasado junio, tenían su local de trabajo en un sótano de la sede central de Unicaja, en Málaga capital.
Ahora reclaman que no sólo trabajaban para Unicaja en cesión ilegal, sino que durante muchos años han desempeñado funciones para las que no tenían habilitación, como gestionar claves del sistema de alarmas, o revisar imágenes y vídeos tomados por cámaras de seguridad. Varios han presentado una denuncia ante la Policía porque entienden que se ha vulnerado la Ley de Seguridad Privada.
Creen que fueron despedidos para evitar las consecuencias de las presuntas ilegalidades, justo antes de un juicio por cesión ilegal. “Más de 15 años diciendo 'sí, bwana', y ahora nos tratan peor que a unos delincuentes: 'Coged la bolsa y os vais'”, protesta uno de los trabajadores despedidos, algunos de los cuales acumulan casi 30 años en la sede de Unicaja.
Este miércoles, tanto ellos como la empresa que los tenía en nómina (Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.) y la entidad bancaria han comparecido en la sede malagueña del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para dirimir si el despido es nulo y si se estaba produciendo una cesión ilegal de trabajadores. Allí se han mostrado la carta de despido, amparado en la decisión de Unicaja, y un contrato previo que atribuye a la entidad el coste de los ceses en caso de producirse, lo que avalaría la tesis de que en realidad trabajaban para el banco.
Tanto Unicaja como Grupo Control han declinado hacer comentarios.
El conflicto laboral ha aflorado una cuestión peliaguda: durante años, los trabajadores pudieron realizar funciones como el tratamiento de imágenes captadas por las cámaras de seguridad de cientos de inmuebles del banco, o el control y asignación de claves de cajas fuerte o alarmas, en teoría restringidas por ley a personal de seguridad propio de la empresa o a empleados de seguridad privada debidamente autorizados.
Según denuncian, ellos realizaban cientos de recuperaciones de imágenes cada mes, cumpliendo peticiones de los directores de seguridad de Unicaja para que revisaran tal o cual grabación. La mayoría ni siquiera son vigilantes de seguridad, y de ser así, la validez de sus actuaciones estaría en cuestión. Hay que tener en cuenta que las imágenes de esas cámaras han podido usarse en juicios laborales o incluso penales. “Yo puedo acceder a las cámaras si saltan las alarmas, pero no debería poder mirar las cámaras de cualquier día. A mí me pedían que recuperara imágenes de tal persona que había estado interaccionando en caja”, señala un trabajador.
Un informe de Inspección de Trabajo del pasado 3 de octubre parece confirmar su denuncia. Tras visitar el lugar, el inspector recoge que “el departamento de seguridad de Unicaja también contacta a la central receptora de alarmas cuando necesita imágenes de la cámara de videovigilancia” o que “las oficinas de Unicaja llaman al CRA para resolver las incidencias de seguridad”.
Los trabajadores ultiman un escrito para trasladar los hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y han presentado varias denuncias ante la unidad de seguridad privada de la Policía Nacional, según ha podido comprobar este medio.
La actividad de explotación de centrales de alarmas y todo lo que suele conllevar sólo puede prestarse por empresas de seguridad privada, según la Ley de Seguridad Privada, y debe ser objeto de un contrato específico. Otra opción es asignarla al departamento de seguridad de la propia empresa, en este caso Unicaja. Pero durante años no se operó con ninguna de las alternativas. Los trabajadores de la central receptora de alarmas se integraban en la seguridad del banco, contratados por otra empresa y bajo el convenio de telemarketing.
Hasta 2019, estaban contratados GDA (una empresa de servicios del grupo Unicaja), que no está registrada ante la Policía como empresa de seguridad. Y en 2019, el banco externalizó el servicio y se lo concedió a Grupo Control, que sí está registrada como tal. Sin embargo, los trabajadores denuncian que nada cambió: se les siguió aplicando el mismo convenio, y no se dio cobertura legal a las actividades que supuestamente realizaban, como el procesamiento, tratamiento, gestión y almacenamiento de datos de imágenes y videoimágenes.
Los trabajadores subrayan que ellos no tienen formación ni habilitación para esas tareas, que realizaban a pesar de no estar recogidas en su contrato. “Lo habitual era realizar las actividades de un modo automático, o siguiendo instrucciones vía telefónica del director de seguridad de Unicaja”, se detalla en la denuncia ante la Policía, a la que se acompaña el protocolo de actuación para el tratamiento de imágenes, o solicitudes de chequeo o visionado de imágenes, por ejemplo, de una oficina donde duermen personas sin hogar. Según se cuenta, llegaron a encargarles un informe sobre una presunta suplantación de identidad, para el que debían basarse en imágenes que, en teoría, no estaban habilitados para ver.
Todos tenían acceso a “todos los equipos, a todos los programas y a todo el material disponible”. También asignaban las claves de verificación de identidad, de modo que tenían la opción de acceder físicamente a cualquier oficina suplantando la identidad de cualquier empleado, o conectar y desconectar el sistema de alarmas a una determinada hora “sin que nadie pudiera determinar quién había ejecutado esa acción”. “Podríamos considerar una bendición que no ocurriera nada”, se lee en la denuncia.
La denuncia de los trabajadores se produce después de que fueran despedidos, tras varios años reclamando sin éxito ante los tribunales que Unicaja los subrogara.
En 2019, un juzgado de lo social ya rechazó que tres de los once empleados hubiesen sido objeto de una cesión ilegal, pero los otros ocho defienden que aquel juicio estuvo mal planteado. Ellos también llevaron el caso a los tribunales. En octubre de 2022, su juicio fue suspendido a petición del banco, que pidió más tiempo para aportar la documentación. Días antes de la nueva fecha del juicio, el pasado junio, Unicaja rescindió el contrato con Grupo Control, y este despidió a los trabajadores. El juicio fue nuevamente pospuesto por la huelga de funcionarios, en esta ocasión hasta abril de 2024. Este miércoles se juzgaba la posible nulidad del despido colectivo.
Los exempleados, que han desempeñado su labor durante décadas en un sótano sin iluminación de la sede central del banco, también han denunciado sus condiciones ante la Inspección de Trabajo. Un inspector ya ha propuesto imponer una sanción grave a Grupo Control, después de constatar que en la central receptora de alarmas de Unicaja trabajaban más de nueve horas diarias y 48 semanales, con menos de doce horas de descanso entre turnos y excediendo el máximo de horas extra. Ni siquiera tenían un microondas donde calentarse la comida. En otro informe recién emitido, el inspector ha advertido de que pueden solicitar la nulidad de los despidos, ya que fueron puestos en la calle mientras estaba pendiente el juicio por cesión ilegal.
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