La Mesa del Congreso ha aceptado que una diputada de Unidos Podemos examine las actas de la comisión de encuesta que investigó, en 1978, la muerte de Manuel José García Caparrós. Hasta ahora esas las actas de la comisión de encuesta sobre los sucesos de Málaga y La Laguna tenían carácter reservado. El acceso a la documentación estaría condicionado a que los nombres que aparecen en las actas hasta ahora reservadas sean tachados.
Eva García Sempere, diputada malagueña de Unidos Podemos, solicitó la documentación en febrero de este año y la petición fue denegada el 18 de mayo por la Mesa del Congreso. La propia Mesa acepta ahora la petición de reconsideración formulada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, según ha asegurado a eldiario.es/Andalucía una fuente oficial del Congreso. Según este portavoz, la decisión de la Mesa de permitir el acceso a las actas se tomó en la reunión de este martes por la mañana. Fuentes de Unidos Podemos confirman que han recibido la comunicación oficial de que podrán consultar los documentos sobre la muerte del joven, hoy símbolo de la autonomía andaluza. Eva García Sempere confirma que podrá acceder a las actas, aunque no podrá verificar qué nombres aparecen allí.
Las actas de la comisión de encuesta pueden consultarse incluso en el archivo web del Congreso, a excepción de tres sesiones que no tienen diario: las de 13 de enero, 29 de junio y 9 de noviembre de 1978. “Esta sesión no tiene diario”, se lee en la web. Esas actas no podían consultarla ni siquiera los diputados. Izquierda Unida lo había solicitado en repetidas ocasiones y Eva García Sempere, diputada de Unidos Podemos por Málaga, pidió acceder a esas actas el pasado mes de febrero. La Mesa denegó nuevamente la solicitud, amparándose en un informe de la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo que afirmaba su carácter secreto. A la petición de García Sempere se sumó la Junta de Andalucía, cuyo Consejo de Gobierno cursó una petición similar a finales de agosto.
Unidos Podemos pidió a la mesa que reconsiderase su decisión, porque el informe de la Dirección de Documentación se basaba en última instancia en el reglamento provisional del Congreso, de octubre de 1977, obviamente ya derogado. Ese reglamento recoge que el contenido de las reuniones y deliberaciones de las comisiones de encuestas será secreto “hasta que el Pleno acuerde el dictamen, salvo que se acuerde el carácter reservado de su contenido y de las mismas”. Es decir, emitido el dictamen (lo que ocurrió el 9 de noviembre de 1978) el contenido es público, salvo excepción acordada. Ese supuesto acuerdo para mantener el secreto no consta.
Unidos Podemos también cuestionó que la Ley de Patrimonio Histórico fuera aplicable, como al parecer se asegura en el informe, y que la Mesa se amparara en un informe no vinculante. “La mesa del congreso pide un informe a la dirección de biblioteca. Pero no es quien decide. Ni siquiera el informe del letrado es vinculante, sino que se toman en consideración”, explica Eva García Sempere.
Este medio dirigió varias preguntas al Congreso la semana pasada, en las que se cuestionaba por la naturaleza vinculante o no de los informes, se pedía su consulta, y se solicitaba información sobre el supuesto acuerdo para prorrogar el secreto después del dictamen de la Comisión de Encuesta. El portavoz del Congreso no ha facilitado la resolución de la Mesa, que se reúne habitualmente los martes.
El acceso a las actas reservadas puede arrojar luz sobre las circunstancias de la muerte del joven malagueño, ocurrida el 4 de diciembre de 1977 durante las manifestaciones celebradas en Andalucía para pedir la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución. Aquel muchacho de 19 años murió por un disparo, y nunca se supo quién apretó el gatillo. No lo averiguó la investigación judicial, y tampoco la comisión de investigación (entonces llamada “de encuesta”) del Congreso. La manifestación fue duramente reprimida por la Policía, que cargó y realizó disparos al aire. En La muerte de García Caparrós, Rosa Burgos explica que la bala que lo mató era de la policía, que el informe balístico que lo prueba se ocultó, que no murió donde se dijo y que la extrema derecha actuó en connivencia con el Gobierno Civil para reventar la manifestación. En 2013, García Caparrós fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía y hoy es un símbolo consolidado del autonomismo.