Si hay un debate malagueño que en los últimos cinco años ha protagonizado corrillos políticos, cenáculos de gente influyente, acaloradas discusiones twitteras y páginas de periódico, es el del rascacielos del puerto. El Ayuntamiento de Málaga y el puerto de la ciudad han superado hasta ahora cualquier obstáculo técnico y jurídico a su intención de permitir que un grupo inversor catarí levante un gran edificio en el dique de levante. Salvados todos los escollos, esta semana los contrarios a la idea van a hacer un último intento de que se escuche a los ciudadanos en una cuestión tan singular. Adelante Málaga y PSOE han presentado una moción conjunta al Pleno para que se apruebe una consulta popular.
Aunque los términos estarían por definir, la cuestión se resumiría así: ¿está usted a favor de que se construya un rascacielos de 115 metros de altura (metro arriba, metro abajo) en suelo público del Puerto de Málaga?
Las dudas han rodeado al proyecto desde que se presentó, allá por 2015, y ha ido superando trámites urbanísticos desde entonces. A veces, con argumentos que han generado sorpresa, como cuando la Evaluación Ambiental concluyó que no se afectaría a la vista de la bahía porque el observador siempre podía cambiar de ubicación.
Se trata de un rascacielos destinado a convertirse en un hotel de cinco estrellas gran lujo, con capacidad para 378 habitaciones, usos comerciales, un mirador con restaurantes y un auditorio previsto para 1.100 espectadores. En las previsiones de sus promotores, que aseguran que invertirán 200 millones de euros, va a generar mucho empleo.
El rascacielos tiene la firma de José Seguí, un arquitecto conocido en la ciudad porque ha diseñado por encargo de las administraciones públicas la Ciudad de la Justicia o el nuevo Teatro Cervantes. En estos años, se ha sabido muy poco de los inversores cataríes que le encargaron el diseño. La empresa promotora, Andalusian Hospitality II, apenas cuenta con 3.000 euros de capital social y una oficina en Marbella. Pertenece a unos jeques que han aparecido en contadas ocasiones en público, y ahora está representada por Ramón Calderón, el abogado que en su día presidió el Real Madrid.
Un Pleno dividido
El reglamento establece un “derecho a la consulta ciudadana”, cuyo resultado no sería vinculante. De celebrarse la consulta, sería un hito sin precedentes en la historia reciente de la ciudad. Hace cinco años el Pleno aprobó preguntar a los ciudadanos sobre la disyuntiva entre plantar un bosque urbano o cuatro grandes torres en los antiguos terrenos de Repsol, pero nunca se hizo. “Se ha hecho en otras ciudades de España. Si no es con este tema, no sé con qué se va a hacer”, comenta Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante Málaga.
Preguntar a los ciudadanos es la penúltima bala de los opositores al proyecto antes de que el asunto llegue al Consejo de Ministros para recibir (o no) el visto bueno final. Pero para materializarse, la consulta debe pasar por una votación en Pleno, y eso es casi imposible. PSOE y Adelante Málaga presentan la moción, y suman 15 concejales. 14 tiene el PP, una Ciudadanos (integrada en el equipo de Gobierno) y el último es Juan Cassá, exportavoz de Ciudadanos y hoy, no adscrito pero cada vez más cercano al PP. El reglamento exige mayoría absoluta para aprobar la consulta.
En su comparecencia previa al Pleno, el alcalde Francisco De la Torre ha defendido el rascacielos, anticipando el voto negativo del PP a la consulta: “Aprobar esto [por la consulta popular] daría una imagen de inseguridad”. De la Torre mantiene que el rascacielos aportará un valor añadido a la imagen de la ciudad en un segmento, el del turismo de lujo, en el que ve potencial de crecimiento. “Es algo positivo para la ciudad”, ha dicho. Sin embargo, en una entrevista reciente en Málaga Hoy admitió que tramitar un proyecto tan excepcional por concurso “puede ser” mejor. En lugar de eso, fueron los promotores quienes comunicaron su proyecto al Puerto, que abrió un trámite de competencia de proyectos que redujo el plazo de presentación de alternativas a un mes.
Como ha recordado el regidor, el PSOE parece estar modulando su posición, ahora mismo indefinida. Fueron dos presidentes socialistas quienes impulsaron el proyecto desde la autoridad portuaria, y el grupo municipal no se opuso aunque pidió introducir matices. Ahora no rechaza taxativamente el proyecto, pero dice estar en posición de “escucha activa”. “Estos últimos meses hemos comprobado que hay un rechazo creciente y queremos escuchar a la ciudadanía”, explica a eldiario.es/Andalucía Daniel Pérez, portavoz socialista. Pide una consulta porque un proyecto así “requiere conocer el sentimiento de la ciudad”, pero su postura final no está fijada porque no han podido consultar el proyecto modificado y la documentación para cambiar el plan especial del puerto, según asegura. “Siempre hemos pedido que encajara en la fachada portuaria y en el skyline de la ciudad”, advierte.
Más allá de la posible consulta popular, a nivel municipal solo resta la aprobación definitiva del plan especial del dique de levante, previsiblemente en el Pleno de febrero, con la que se modificarían los criterios urbanísticos que rigen en el puerto para acomodarlos al proyecto. Después, puertos del Estado elaborará un informe sobre el que decidirá, ya sí definitivamente, el consejo de ministros.
El rascacielos de la discordia: 116 metros de altura que dominarían la bahía
El rascacielos previsto mide ahora 116 metros y se levanta en 27 plantas, y se ubicaría en un suelo público cedido por 50 años. La legislación exige que haya interés público para autorizar un uso no portuario en ese tipo de suelos. De construirse, sería el edificio de más altura en la ciudad, en una zona, el puerto, que a priori solo admite edificios de hasta 13 metros y con una edificabilidad siete veces inferior, por lo que es necesaria la modificación del plan urbanístico. Inicialmente iba a tener 135 metros de altura en 35 pisos, pero Estudio Seguí lo rebajó en un intento infructuoso de rebajar también la polémica. No lo ha conseguido porque para los opositores la cuestión no cambia: creen que sigue siendo una torre que altera la visión de la bahía, que asume un importante riesgo constructivo por la acción del mar y que privatiza de facto un espacio público en beneficio de unos pocos.
Los críticos al proyecto se han agrupado estos años en torno a una plataforma llamada Defendamos Nuestro Horizonte, que ha hecho todo lo posible por que se cancele. “No es que estemos en contra del rascacielos, sino del rascacielos en ese sitio”, aclara Juan Antonio Triviño, antiguo trabajador del Puerto y hoy portavoz de la plataforma.
Ha reunido firmas, presentado alegaciones, organizado coloquios, pedido reuniones e invitado a organismo internacionales como ICOMOS, vinculado a la Unesco, que elaboró un informe que pedía dar marcha atrás porque “degradaría la imagen y los excepcionales valores paisajísticos” de la ciudad. También se han manifestado en contra el colegio de arquitectos o la Academia de las Bellas Artes de San Telmo. A favor se ha declarado la Confederación de Empresarios de Málaga, por el supuesto impacto económico y sobre el empleo que tendría.
La última iniciativa de los críticos ha tenido un eco notable porque ha exportado la polémica. 300 personalidades de ámbitos muy diversos y otras 15.000 personas han firmado un manifiesto en el que piden cancelar el proyecto. Emilio Lledó, Miguel Ríos, Manuel Vicent, Elvira Lindo, Elvira Roca, Isaac Rosa o Benito Zambrano están entre los firmantes del manifiesto, titulado 'No a la ruptura del Patrimonio Cultural del Paisaje'.
En él se alerta del impacto irreversible que tendría colocar ahí ese edificio, anulando el protagonismo de los hitos más reconocibles de la ciudad: la Catedral, Gibralfaro y la Alcazaba. Además, La Farola, un elemento simbólico de la ciudad desde 1816, quedaría diminuta y sin uso con la mole a su vera. Si hay rascacielos, La Farola se apagará. Pero las críticas van más allá de los inconvenientes estéticos de plantar una torre en la fachada marítima de la ciudad.
Un hotel de gran lujo en un dique ya deteriorado que ha consumido su vida útil
Hay dudas de si la estructura sobre la que se levantaría el edificio está en condiciones de soportarlo con garantías. Un informe del CEDEX, el centro de estudios dependiente del Ministerio de Transportes, alertó en junio de que la corrosión acelerada del dique de Levante (terminado en 2001 tras una obra de tres años y 59 millones de euros) va a rebajar su vida útil de los cincuenta años previstos a doce (ya transcurridos) en algunos tramos. El informe se centra en los espaldones del dique, que dan directamente al mar, y apunta tres causas: el azote de las olas marinas, la peor calidad del hormigón que se usó (porque se usó menos cemento o se aguó el que se puso) y la mala compactación del recubrimiento.
Es posible que este deterioro afecte también a los 30 cajones sobre los que reposaría el rascacielos. Los precedentes no son buenos. La constructora del dique, la UTE que formaron Sando y Dragados, construyó también el atraque sur y el muelle 9 del puerto. En la primera, el fiscal acusa a ingenieros del puerto y de la contrata de certificar que se habían colocado más pilotes y más gruesos de lo que realmente se puso. En la segunda se usaron materiales de relleno, y el pufo se descubrió, precisamente, cuando los cajones se movieron tanto que un buque encalló.
Ahora, el Puerto ha licitado la realización de trabajos de inspección subacuática para comprobar en qué estado se encuentran los cajones del dique de levante. “No se va a hacer un kiosco. Es una temeridad plantear un edificio de 130 metros con una cimentación de 50 metros al lado de un dique que está en ruinas. Lo que ya se ha visto es motivo suficiente para parar y esperar a lo que digan los técnicos”, alerta Triviño, que añade: “Y aunque fuera técnicamente factible, está claro que va a ser más caro. ¿Va a seguir siendo viable si el coste de la cimentación se dispara?”.
Un estudio presentado en el periodo de alegaciones por Rafael Esteve, profesor de Economía de la Universidad de Málaga y exconcejal socialista, alertó de que la viabilidad económica se sustentaba más sobre su explotación comercial y potencialmente residencial (algo prohibido) que sobre la hotelera. “Sería un desastre que como otros grandes edificios cayera en quiebra y nos quedáramos con una estructura en un lugar tan emblemático y tan sensible”, resalta Zorrilla.
“Sigo confiando en que no se apruebe la modificación”
El proyecto presenta también muchas dudas por su ubicación. Málaga es una ciudad muy expuesta a las previsibles subidas del nivel del mar, según los expertos. “Cuando la mayoría de las ciudades litorales se plantean actuaciones que mitiguen efectos del cambio climático, aquí nos planteamos hacer rascacielos en terrenos ganados al mar”, alerta Eduardo Zorrilla, que zanja: “Hay una razón de principios: el espacio público debe servir a intereses públicos. Podría haberse pensado para otro equipamiento de disfrute público, no para un hotel de lujo, con intereses especulativos de los que además conocemos poco”.
“Este proyecto tiene muy poco de fundamentos técnicos y mucho de personalismo, casi de cabezonería”, opina Triviño, que ve margen para que el equipo de gobierno revoque una decisión política cuando deba someter la revisión del plan parcial al Pleno. “Todo este movimiento debería hacer reflexionar a De la Torre. Sigo confiando en que al final no se apruebe la modificación y que el tema no salga de Málaga”, señala.
Los partidos impulsores de la moción insisten en que el reglamento contempla las consultas precisamente para casos como este: un proyecto en suelo público de gran relevancia que condicionará la imagen de la ciudad y genera división entre los ciudadanos por su impacto. El Pleno de este jueves decidirá si hay que oír a los ciudadanos, o si hay que continuar con los trámites, sin más dilación, hasta la decisión final.