- Todo empezó el 1 de marzo, cuando Mijas Comunicación acordó encargar a un experto informático determinar si se habían borrado 831 gigabytes de información de la cuenta del anterior director
El experto informático César Gil Mauriz ha presentado una denuncia contra Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas (Ciudadanos), por el presunto delito de descubrimiento y de revelación de secretos, que habría cometido el regidor al desvelar en rueda de prensa que Gil Mauriz tiene antecedentes policiales.
Es el último capítulo de un asunto, el del presunto espionaje en Mijas Comunicación, que ha superado el debate político para entrar de lleno en la arena judicial.
El origen del caso
El 1 de marzo, Mijas Comunicación, la radiotelevisión pública de Mijas, acordó encargar a un experto informático determinar si se habían borrado 831 gigabytes de información de la cuenta del anterior director, coincidiendo con su cese. La contratación había sido aprobada por unanimidad. Fue la directora, Laura Delgado, quien ejecutó el acuerdo. César Gil Mauriz recibió el encargo y lo realizó entre el 4 y el 11 de marzo. El experto también investiga ahora el posible espionaje en los ordenadores y algunos teléfonos corporativos, ante las sospechas que manifiestan algunos trabajadores.
En una reunión del consejo de administración celebrada el 22 de marzo, César Gil Mauriz dijo a los consejeros que había encontrado evidencias del borrado de información y de que los ordenadores y dos teléfonos estaban infectados por programas espía y de control remoto. También les dijo que había podido recuperar parte de la información, entre la que había carpetas con conversaciones y mensajes clasificados de trabajadores y concejales del consejo de administración, a excepción de una concejala de Ciudadanos. Lo dijo sin aportar ningún documento.
eldiario.es/Andalucía adelantó durante la tarde del 26 de marzo que Mijas Comunicación investigaba el supuesto espionaje a los trabajadores, así como las revelaciones realizadas por el experto.
Las consecuencias: el 28 de marzo el tesorero emitió una nota urgente en la que pedía paralizar los pagos y apagar los ordenadores de su departamento “para asegurar los caudales públicos”, esgrimiendo la publicación de “noticias muy alarmantes en la prensa”. En su comparecencia ante los consejeros de Mijas Comunicación, Gil Mauriz aseguró que tenía “indicios suficientes” de que el espionaje trascendía a otros organismos municipales, aunque no ha revisado ningún equipo informático de otros departamentos y no aclaró cuáles son esos indicios.
La propuesta del tesorero (que, según fuentes municipales, llegó a materializarse por unas horas) encendió todas las alarmas en el equipo de gobierno, que logró paralizar la medida.
Dudas sobre el perito
El consejo de administración de Mijas Comunicación encomendó a Laura Delgado la tarea de encontrar un experto informático, y ella acudió a la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, que designó a César Gil Mauriz.
En la reunión del consejo celebrada el 29 de marzo, el alcalde Maldonado cuestionó que el perito se presentara como “perito judicial informático” y anunció que había denunciado al perito por “estafa” ante la Guardia Civil.
El 3 de abril, el regidor convocó una rueda de prensa para explicar los términos de su denuncia y añadir, papeles en mano, que Gil Mauriz fue detenido por la Policía el 19 de noviembre de 2018 como posible autor de un delito de “fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas de ordenador destinados a cometer estafa”, según mostró. También reveló que en 2011 fue investigado por una presunta estafa en la venta de un vehículo, y que tenía o había tenido deudas.
Dos días después, la Cadena Ser adelantó que la Fiscalía acusa a Gil Mauriz de falsedad y estafa. Según la Ser, el fiscal acusa al experto de falsificar un aval bancario por 40.000 euros para ocultar su situación de insolvencia y optar a un contrato con una compañía telefónica.
¿Qué dice el experto?
Gil Mauriz dice ser poseedor de un Máster en Informática Forense y Peritaciones Judiciales, un título propio (no oficial) de la UDIMA (una universidad privada a distancia) y la propia Asociación de Peritos a la que pertenece. Esta asociación es una entidad privada que ofrece cobertura a sus asociados, a los que entrega una placa y un número que no son oficiales. Asegura que lleva una placa que lo acredita como perito porque puede comparecer como tal en juicio, pero que a los trabajadores siempre les dijo que actuaba por encargo del consejo de administración.
El experto ha admitido a eldiario.es/Andalucía que para lograr su título no tuvo que cursar una Ingeniería Informática, sino que acreditó una experiencia laboral que “convalida” los requisitos de acceso. Gil Mauriz asegura que lleva trabajando en este sector desde los 14 años, y aparece como administrador único y propietario de varias sociedades limitadas. Cuatro de ellas están relacionadas con la seguridad y la informática, pero también consta como administrador de una empresa de limpieza y jardinería, y de otra de transporte de mercancías.
Ante las dudas, el Colegio de Ingenieros Informáticos de Andalucía emitió una nota en la que señala que “perito titular es aquel que tiene título oficial”, y que son esos peritos los que el juez debe nombrar preferentemente (lo que no ha ocurrido, porque hasta ahora ningún juez investigaba el supuesto espionaje en Mijas Comunicación). El colegio resalta que el título que Gil Mauriz dice poseer no es oficial, y que la asociación no representa a los peritos informáticos.
La maraña judicial
La controversia en torno a la investigación del perito y su propia idoneidad ha provocado la interposición de denuncias cruzadas. De un lado, cada uno de los partidos de la oposición (PP, PSOE y Costa del Sol Sí Puede) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía, que ya ha abierto diligencias para investigar el supuesto delito informático, que podría ampliar luego a los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Ciudadanos también denunció, pero en este caso a César Gil Mauriz ante la Guardia Civil, que acordó citar al perito como investigado y a la directora, Laura Delgado, como testigo. La denuncia ante la Guardia Civil ha dado lugar a unas diligencias de investigación ante el Juzgado de Instrucción 2 de Fuengirola.
Por último, César Gil Mauriz ha denunciado a Juan Carlos Maldonado como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, que habría cometido al desvelar información reservada de carácter personal.
Lo que dice y lo que no dice el informe escrito
El experto entregó informe escrito la noche del 1 de abril. Ese documento, cuyo contenido adelantó eldiario.es/Andalucía, está firmado por Gil Mauriz y Alejandro Cortés, y refrenda algunas de las revelaciones verbales del 22 de marzo, pero omite otras. El informe constata la existencia de software espía y de control remoto en los ordenadores de los trabajadores. Según los expertos, los ordenadores estaban infectados por programas espía que permitirían grabar las pulsaciones en el teclado, obtener datos de autenticación de contraseñas y proporcionar acceso a hackers.
El ordenador de la jefa de administración y de la actual directora estaban infectados por software oculto para la realización y reenvío automático de copias de seguridad, control remoto y monitoreo. También señala que el anterior director desconectó y manipuló las cámaras de seguridad y que se llevó material con nocturnidad.
Sin embargo, nada dice de los “indicios” de espionaje en otras dependencias municipales, ni de si entre la información supuestamente borrada y recuperada había conversaciones de trabajadores y concejales, clasificadas y entre las que habría información “delicada”. El informe señala que no se ha auditado la información borrada y recuperada porque no era “objeto del presupuesto preliminar”, y que ese trabajo será objeto, en su caso, de una ampliación.
La ampliación fue acordada por la mayoría de los miembros del consejo, con oposición de los dos miembros de Ciudadanos, cuyo alcalde no firmó el acuerdo adoptado por la mayoría. Según dijo en rueda de prensa, debía consultarlo con su abogado.