La muerte de un migrante , probablemente un suicidio, es el último y más grave incidente registrado en la cárcel de Archidona que el Gobierno utiliza como CIE. La historia de este centro carcelario (según dispone el BOE) tiene ya un episodio trágico que se suma a varias protestas, un motín (que Interior se niega a calificar como tal), carencias elementales en instalaciones y servicios, y el encierro durante semanas de varios menores, algo que no permite la ley.
21 de noviembre: el 21 de noviembre el Ministerio de Interior comenzó a trasladar a los migrantes (mayoritariamente argelinos) llegados ese fin de semana a la costa de Almería y Murcia. Varios jueces de Vera (Almería), Lorca (Murcia), Almería y Murcia autorizaron el traslado de los migrantes, alrededor de 500, al centro de Archidona, que aún estaba cerrado. Ahora, una jueza de Vera investiga si Interior facilitó datos falsos a los jueces con la finalidad de que estos aceptaran el traslado al centro carcelario. La investigación es consecuencia de una querella contra Interior interpuesta por el sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP por posibles delitos de falsedad documental, estafa procesal y desobediencia.
22 de noviembre: ACAIP y organizaciones como Málaga Acoge comienzan a denunciar las condiciones de internamiento de los migrantes. La cárcel de Archidona, terminada en 2013 y cuya apertura se venía demorando desde entonces, no disponía de suministro de agua potable, por lo que Interior movilizó todas las botellas de agua disponibles en el economato de la cárcel de Alhaurín de la Torre. Poco después, Málaga Acoge, ACAIP y Médicos del Mundo denunciaron carencias en casi todo: los internos no dispusieron de mudas durante los primeros días, no había calefacción, sólo tenían un intérprete, un solo médico les atendió a todos durante los primeros días, no había teléfono público, se les restringía el acceso a sus pertenencias, no había horarios de visitas de familiares y el centro carecía de plan antiincendios y de plan de evacuación.
Algunas de estas deficiencias sólo empezaron a subsanarse a partir de la visita de un grupo de parlamentarios y del Defensor del Pueblo. Durante la primera semana se produce el traslado de un menor a un centro tutelado por la Junta de Andalucía.
23 de noviembre: técnicos del Defensor del Pueblo visitan la cárcel por sorpresa. Una semana después la institución hace público un informe en el que señala que los internos deben permanecer en el patio “desde el desayuno a la cena”, sin acceso al baño, critica la presencia de policías antidisturbios y cuestiona unas decisiones judiciales que “generan dudas”. El documento es concluyente al señalar las “numerosas carencias” que presenta la cárcel de Archidona para su uso como CIE.
1 de diciembre: Interior impidió una visita del eurodiputado Miguel Urbán y la senadora Maribel Mora (ambos de Podemos) prevista para el 24 de noviembre, aduciendo que los agentes estaban “desbordados”. Ante la queja de Podemos, un grupo de parlamentarios (diputados y senadores) pudieron visitar la cárcel de Archidona el 1 de diciembre. Las ONG y asociaciones de apoyo calificaron la visita de “circo”, y denunciaron que los parlamentarios tuvieron que entrevistarse con los internos bajo la mirada de agentes de policía. Pese a todo, Maribel Mora aseguró a la salida que había podido hablar con tres jóvenes “posiblemente menores de edad”.
13 de diciembre: agentes antidisturbios reprimen una protestaagentes antidisturbios reprimen una protesta por la falta de comida. Interior se niega a calificarlo de “motín”, lo equipara a otras protestas previas, dice que se saldó sin heridos y no confirma el uso de pelotas de goma. Miembros de la plataforma contra el CIE aseguran a eldiario.es/Andalucía que escucharon lo que podían ser disparos de ese tipo de material desde el exterior del CIE. Imágenes en poder de este medio confirman el destrozo de mobiliario. La plataforma insiste en que la protesta de los internos se reprimió con especial dureza.
16 de diciembre: Málaga Acoge denuncia que, según documentación que ha puesto a disposición del juez, hay al menos otros dos menores en la cárcel de Archidona y alerta de que ya se ha programado su expulsión. Eldiario.es/Andalucía comprueba la veracidad de la denuncia. Sin embargo, el juez desestima el 18 de enero la petición de Málaga Acoge. Da más credibilidad a las pruebas oseométricas (que indican que los jóvenes son mayores de edad, con un margen de error de entre 14 y 18 meses) que a la documentación (copias del acta de nacimiento).
18 de diciembre: la Junta de Andalucía confirma que ha asumido la tutela de siete menoresla Junta de Andalucía confirma que ha asumido la tutela de siete menores de entre 14 y 17 años, después de que hayan pasado casi un mes en la cárcel de Archidona. Cinco días antes, el Defensor del Pueblo de Andalucía había asegurado que “ya no hay” menores en Archidona.
22 de diciembre: el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas “solicita” a España que no expulse a los jóvenes encerrados en Archidona que según Málaga Acoge (y la documentación) son menores, y que los traslade a un centro tutelado mientras se comprueba su edad. Para dos de ellos es demasiado tarde. Habían sido devueltos a Argelia durante esa semana.
29 de diciembre: aparece ahorcado uno de los argelinos recluidos en la cárcel de Archidona. La Policía ha abierto una investigación sobre la muerte de este hombre, de 36 años, cuyo internamiento estaba autorizado por un juez de Lorca (Murcia) hasta el 18 de enero. La plataforma Málaga Libre de CIEs ha convocado para este sábado a las 19.00 una concentración “en repulsa del fallecimiento de una persona encerrada en la cárcel de Archidona”. Diferentes organizaciones, plataformas y partidos de la oposición han pedido “responsabilidades” y algunos la dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.