La pretensión de un grupo inversor catarí de levantar un rascacielos en una parcela pública del Puerto de Málaga es una de las cuestiones que más debate genera en la ciudad. A favor o en contra se han pronunciado casi todos los partidos políticos (PP a favor; PSOE, ahora en contra; Unidas Podemos en contra), Puertos del Estado (el principal impulsor, con el Ayuntamiento), el Ministerio de Cultura, la Academia de Bellas Artes, el Colegio de Arquitectos, un organismo asesor de la UNESCO (en contra) y miles de ciudadanos ilustres o anónimos.
Ahora se suma un nuevo actor, sin capacidad ejecutiva pero con naturaleza mediadora y de Pepito Grillo de las administraciones. El Defensor del Pueblo Andaluz aboga por “proteger el Puerto de Málaga ante proyectos urbanísticos” como el del rascacielos en una resolución reciente. Jesús Maeztu concluye que no se entiende que carezca de protección como Bien de Interés Cultural, cuando así se previó en la tramitación del expediente de declaración BIC del Centro Histórico, al que es consustancial. El Centro Histórico está protegido como BIC, pero de su delimitación está excluido el Puerto, con el que linda.
Por eso, ha emitido una “recomendación” para “velar por la integridad de los valores protegidos en el Conjunto Histórico de Málaga declarado Bien de Interés Cultural” y una “sugerencia” para “impulsar” ante la Administración General del Estado, a quien correspondería su declaración como BIC, un régimen de protección para el Puerto “acorde (…) con la categoría aprobada para el resto del Conjunto Histórico de la ciudad”. Concluye que se deberían condicionar los proyectos urbanísticos que desplieguen “una evidente afección ambiental y paisajística” en el espacio portuario.
El Defensor resuelve así una queja en la que se le pedía protección para el Puerto de Málaga y que se impidieran las obras “sin control previo de las administraciones culturales competentes”. Son peticiones que quedan lejos de sus competencias, pero ha llegado tan lejos como podía: recomendando a las administraciones (principalmente, al Ministerio de Cultura) que hagan algo para proteger el Puerto, quizá declarándolo BIC.
Sin embargo, el Ministerio ha rechazado hasta ahora todos los intentos de recabar su protección. El pasado marzo archivó un expediente que él mismo había abierto de oficio, y que buscaba determinar si el rascacielos, de 116 metros de altura y destinado a hotel de gran lujo, alteraría o no el paisaje protegido de la ciudad. Cultura acabó concluyendo que no hay “evidencias probadas” de “expoliación” del paisaje, a pesar de que antes sí había apreciado “indicios suficientes” de que alteraría “de manera irreversible” el paisaje y que es “parte fundamental de la creación del conjunto histórico”.
“Ostenta los parámetros para ser considerado BIC”
El Defensor no se explica cómo un ámbito de protección tan amplio como el Centro Histórico de la ciudad acaba prescindiendo del Puerto, sin el cual queda “desgajado e incompleto”. “Resulta evidente por reconocido el papel esencial que implica el Puerto de Málaga en la historia, concepto y comprensión del ciudad de Málaga”, dice el Defensor, que resalta que el relato que fundamenta la propia declaración BIC del Conjunto Histórico hace continuas alusiones al Puerto y su papel esencial en la conformación histórica de la ciudad. Le sorprende que después de tantas menciones acabe excluyéndolo del ámbito de protección.
Antes de emitir su resolución, preguntó a la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, que es la administración que declaró BIC el Centro Histórico. Y la Delegación le contestó que el Puerto estaba incluido dentro de la delimitación cuando se inició el expediente para la declaración del BIC, en 1985. Sin embargo, se le sacó en 2011, justo antes de aprobarse el decreto, porque su protección no corresponde a la Junta de Andalucía sino a la Administración del Estado, al tratarse de un patrimonio histórico adscrito a Puertos del Estado.
Eso no significa que el Puerto no merezca ser BIC, dice la Delegación. “El Puerto de Málaga ostenta valores culturales para ser considerado como Bien de Interés Cultural (BIC) como parte del Conjunto Histórico de Málaga, pero la competencia para la protección cultural de este espacio como BIC no corresponde a la Comunidad Autónoma sino a la Administración del Estado”, le dice al Defensor.
En la resolución, Maeztu concluye que la falta de protección solo se explica por una cuestión competencial. La Junta de Andalucía, que dice que reúne las condiciones para ser declarado BIC, no puede hacerlo; y la Administración del Estado, que sí podría a través del Ministerio de Cultura, no ha mostrado interés.
Sin embargo, el hecho de que carezca de una figura formal que lo ampare no debe implicar, dice el Defensor, que quede desprotegido. La Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía no prohíbe la alteración de los conjuntos históricos, pero impone a los planes urbanísticos que les afectan algunos condicionantes, que el Defensor cita. Por ejemplo, permite “excepcionalmente” las remodelaciones urbanas “siempre que supongan una mejora de sus relaciones con el entorno territorial y urbano”, y obliga a que las nuevas edificaciones fijen unos parámetros “con respeto y en coherencia con los preexistentes”.
A la espera de la Evaluación Ambiental Estratégica
“La larga lista de instituciones, organismos, técnicos y personalidades que se han manifestado sobre el inconveniente de colocar ahí ese edificio se engrosa ahora con el pronunciamiento del Defensor del Pueblo”, se felicita Juan Antonio Triviño, portavoz de la Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, que advierte también de que “los intereses ocultos o descarados del Ayuntamiento y el presidente de la Autoridad Portuaria les hacen prestar pocos oídos a estos pronunciamientos”. “Está claro que no es un problema de argumentos”. Con todo, cree que el riesgo ahora es que se modifiquen los parámetros que limitan los usos del suelo público portuario para permitir no solo un hotel, sino otro tipo de aprovechamientos privados.
Presentado inicialmente en 2015, el proyecto para levantar el rascacielos sobre el muelle de Levante debe superar una nueva Evaluación Ambiental Estratégica, después de que caducara la aprobada hace más de cuatro años. Si recibe el visto bueno, el Pleno del Ayuntamiento deberá aprobar o no la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto, que actualmente solo contempla una edificabilidad 6.000 metros cuadrados en un máximo de 13 metros de altura, muy lejos de los 116 metros y 45.000 metros cuadrados que se prevén para el rascacielos. Si se mantienen los plazos, el debate acabará produciéndose muy cerca de las elecciones municipales. Finalmente, el Consejo de Ministros tendría que autorizar el cambio a uso hotelero del suelo portuario.