La Eco Reserva de Ojén, un espacio natural a medio camino entre la costa marbellí y el Parque Nacional de Sierra de las Nieves en el que conviven ciervos, cabras montesas, zorros y camaleones, afronta días cruciales. Después de meses advirtiendo de irregularidades, la Junta de Andalucía parece dispuesta a echar a la fuerza a Antonio Calvo, que a través de Andalucía Ecotur gestiona el lugar desde que lo reconvirtió de reserva cinegética a reserva ecológica, en el año 2016. Calvo tenía de plazo hasta este miércoles para salir de allí.
El hombre, un reconocido ecologista de la zona al frente de la Asociación Pinsapo, se resiste al desalojo y pide “clemencia”. “No hemos matado a nadie, no hemos cometido ningún crimen”, dice. Cree que los incumplimientos que le imputan son leves o inexistentes, y en todo caso subsanables, siempre que cuente con músculo financiero. Pero desde que la administración cerró cautelarmente la reserva a las visitas, en febrero de 2022, no ingresa nada que permita acometer reformas y regularizar la situación de la reserva.
La administración prohibió también que al lugar acudiesen los voluntarios que colaboraban en el mantenimiento y cuidado de los animales, por entender que no se daban las condiciones de seguridad. Desde entonces, Calvo es el único que alimenta a los animales, en un lugar que contaba con una decena de trabajadores hasta antes de la pandemia. La puntilla llegó en diciembre, cuando la Junta impuso una multa de 65.200 euros.
Calvo denuncia la escasa sensibilidad de la administración, a la que acusa de aprovechar los problemas, que comenzaron con la pandemia, para liquidar el proyecto y explorar otras concesiones más ventajosas. Y subraya la desproporción entre los incumplimientos, que no han afectado al bienestar de los animales, y la sanción, la más grave posible.
“Han desviado la misión que tiene una Consejería de Medio Ambiente, que es proteger la naturaleza y conservar el medio ambiente”, protesta, mientras coordina las proclamas del medio centenar de personas concentradas bajo el despacho del delegado, José Antonio Víquez, al que gritan: “¡Los animales no se desalojan!”. Han acudido para entregar las firmas recogidas en Change.org. Al cierre de este texto, acababan de superar las 72.000.
La eco reserva se extiende por 82 hectáreas de titularidad pública al pie de la Sierra de las Nieves. El impulso definitivo llegó tras el gran incendio de la Sierra de Mijas en 2012, del que este lugar se salvó por poco. “Es un parque natural en pequeñito, que tiene por objetivo la conservación de la naturaleza y la educación ambiental”, ilustra Calvo, para quien la concesión culminó una “lucha social” iniciada en 2007. Por cada año se pagan unos 400 euros de canon, que siempre han sido abonados.
En los cuatro años que permaneció abierta, de 2016 a 2020, la eco reserva recibió la visita de decenas grupos escolares, familias con niños o fotógrafos interesados en captar de cerca muflones, zorros, jabalíes o ciervos. Ejemplares heridos o rescatados que se recuperaban en la reserva porque los servicios públicos no se ocupan del cuidado de especies que no están protegidas.
En marzo de 2020, la pandemia obligó al cierre. Fue el anticipo de lo que estaba por venir, y desde entonces el lugar no ha levantado cabeza. Según Calvo, los servicios de inspección acudieron tan pronto como se abrió el paso entre municipios. Tras la visita, la administración requirió por primera vez al concesionario para que corrigiera las deficiencias. Acabó ordenando el cierre cautelar en febrero de 2022.
Los inspectores constataron 15 infracciones. La más grave, la falta de licencia de apertura. La resolución que estableció la reserva establece la obligación del concesionario de solicitar los permisos y licencias necesarios. Tampoco está registrada como explotación ganadera en la Oficina Comarcal Agraria, ni tiene un plan de autoprotección contra incendios, aunque Calvo asegura que ellos mismos han realizado los cortafuegos. La administración también detectó un “riesgo de seguridad pública” por la falta de controles sanitarios a los animales y la inexistencia de recintos que impidan la separación física entre animales silvestres y personal y visitantes.
“En cualquier capea o fiesta taurina, la gente se lanza contra un toro y no necesitan permiso. Y ahí tenemos animales muy nobles, en grupos reducidos, siempre guiados y nunca hemos tenido problemas”, replica Calvo, que tampoco entiende que le imputen una falta en la construcción de depósito de agua y el tendido de canalizaciones, precisamente ahora que la sequía es acuciante también para los animales que mantiene.
Otra de las infracciones detectadas es carecer de la autorización ambiental de gestión de residuos. “El Corte Inglés nos dona cada dos días un palé de fruta y verdura. Vienen envueltas en papel de celofán y en plástico. Para separar el papel y el plástico y llevarlo a un contenedor o a un punto limpio nos dicen que necesitamos transportista de mercancías peligrosas y un gestor de residuos, y que no hacerlo es motivo de cierre”. La administración achaca a Calvo haber realizado sin permiso obras de equipamiento en monte público, pero él se revuelve: “No hemos tenido suficiente apoyo, ni inversión, ni financiación de la propia administración, que nos exige que hagamos unas instalaciones. Las estamos haciendo poco a poco de autoconstrucción…”.
Calvo dice temer por el futuro del centenar de animales que mantiene después de haberlos recuperado de diversas afecciones. Son animales “improntados”, es decir, incapaces de regresar a la naturaleza después de un largo periodo de convivencia y aprendizaje con el ser humano. “¿Dónde vamos a llevar más de cien animales? Su casa es la reserva ecológica, un espacio natural protegido”, se pregunta. “Los animales van a seguir en su hábitat y desde la Junta de Andalucía se van a garantizar todos los recursos para procurar su bienestar, alimentación y mantenimiento”, asegura Víquez. Será la propia Junta de Andalucía la que asuma su cuidado hasta que una nueva empresa asuma la concesión.
Para la delegación de Medio Ambiente, no hay dudas: los incumplimientos obligan al cierre. Da igual que Calvo haya recurrido, porque ya se ha pasado el momento. “El cumplimiento de las condiciones de la concesión se ha de realizar durante su vigencia, no con la concesión ya extinguida, como ocurre ahora”, explica José Antonio Víquez, delegado de Medio Ambiente en Málaga: “La Junta de Andalucía no puede mirar para otro lado, tiene que hacer cumplir la norma”.
La administración ha requerido ya en dos ocasiones a Calvo para que se marche. La última, el pasado 3 de mayo, concediéndole diez días hábiles, que expiran este miércoles. De nada han servido sus alegaciones, ni el escrito ante el Defensor del Pueblo ni, por ahora, las firmas entregadas al delegado. Tampoco las promesas de subsanar las deficiencias. La decisión es firme: “Lo contrario sería contrario a derecho, a la defensa del interés general en favor del interés de un particular y al principio de igualdad en relación con otros concesionarios”, señala Víquez.
“Su misión es preservar la naturaleza y proteger el medio ambiente. Están haciendo daño a la naturaleza y están causando daño al bienestar animal”, protesta Calvo, un día antes de que se cumpla el plazo para desalojar la reserva que él mismo puso en pie.
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