Bajo la Sierra de Camarolos, al noreste de la provincia de Málaga, hay una inmensa balsa de agua. Es difícil saber cuánta, pero desde hace siglos es el agua que utilizan para abastecerse los pueblos de la zona, actualmente unos 17.000 vecinos. Varía cada año en función de las lluvias, pero hay veranos en que algunos de esos municipios, situados en una comarca con pocos recursos hídricos, tienen que limitar el suministro.
Desde hace unas semanas, al pie de la sierra se hacen perforaciones, y a unos cientos de metros, en la carretera que lleva hacia Villanueva del Rosario, las máquinas preparan una explanada. Allí se levantará una embotelladora con capacidad para extraer al menos seis litros por segundo. La obra, que empezó en la primera semana de mayo, ha pillado a todos por sorpresa. Los vecinos han constituido una plataforma para oponerse al proyecto, y los propios ayuntamientos están pidiendo explicaciones a la Junta de Andalucía, que lo autorizó, y a Antequera, en cuyo municipio (al límite con Villanueva del Rosario) estará la planta. También estudian las vías jurídicas para paralizar la obra.
“Cada vez llueve menos y tenemos que recurrir a sondeos en verano”, explica José María García, alcalde de Villanueva del Trabuco. Su pueblo, Villanueva del Rosario, Colmenar, Alfarnate, Alfarnatejo, Casabermeja y algunas pedanías de Antequera se abastecen de los manantiales de la Sierra de los Camarolos. En 2017, Colmenar recurrió a camiones cisterna. En agosto del año pasado, Villanueva del Rosario emitió un bando municipal prohibiendo el uso del agua para riego, piscinas o el lavado de coches, bajo multa de 750 euros.
Además, el problema de recursos hídricos se ha agravado en los últimos años. Municipios vecinos, como Humilladero o Fuente de Piedra, se abastecen regularmente con camiones cisterna. Sobre la mesa está desde hace tiempo un posible trasvase desde el pantano de Iznájar. Esta solución, que tendría un alto coste económico y ambiental, encaja mal con la concesión a una empresa para que venda la poca agua que hay, denuncia Cyro García, portavoz de la plataforma vecinal contra la embotelladora.
La planta embotelladora ha reactivado los miedos, y algunos vecinos se manifestaron este lunes, con pancartas en las que se podía leer “el agua no se toca” o “Que no nos embotellen el futuro”. “Creemos que se pone en peligro el abastecimiento de los pueblos de la comarca. Están jugando con el futuro. Si tenemos cortes en verano, ¿qué va a pasar si empiezan a sacar agua?”, se pregunta el alcalde.
Al menos seis litros por segundo durante 25 años, prorrogables hasta 75
La autorización, concedida por la Junta de Andalucía a Inversiones Domago, S.L. el 6 de agosto de 2019, recoge un caudal máximo de aprovechamiento de seis litros por segundo, durante 25 años prorrogables dos veces más. Pero la plataforma y los ayuntamientos denuncian falta de claridad. Aunque ese es el caudal que se obtendría con una perforación, este medio ha podido comprobar que ya se han realizado dos, a una distancia de unos cincuenta metros. Una de ellas está cubierta con un contenedor.
En un documento de la Consejería de Medio Ambiente fechado en octubre de 2017 se dice: “Se prevé la realización de otra captación (…) Se pretende obtener un caudal total con las dos captaciones de 18 litros por segundo, que es el volumen que se solicita en el aprovechamiento”.
Esto da un volumen máximo diario que oscila entre los 500.000 (a 6 litro/segundo) y los 1,5 millones (a 18 l/s) de litros diarios. El alcalde de Villanueva del Trabuco asegura que preguntaron a la empresa sobre la capacidad máxima de extracción de la planta y el volumen máximo anual de aprovechamiento, y que no han recibido respuesta. “Sí dejaron claro que la producción máxima iba a ser desde abril a finales de verano, que es cuando mayor demanda de agua embotellada hay. Son los meses en que precisamente tenemos más carencia”.
Inversiones Domago defiende que no hay riesgo alguno de agotar el agua. Según la empresa, la masa se subdivide de forma estanca en varios acuíferos y explotará uno distinto al que abastece a los vecinos. Pero en la zona no lo tienen tan claro. El Atlas Hidrogeológico dibuja a efectos administrativos una sola masa de agua y describe: “La masa de agua subterránea de las Sierras de las Cabras, Camarolos y San Jorge ocupa una superficie aproximada de 70 kilómetros cuadrados y está formada por dolomías y calizas del Jurásico inferior, materiales permeables por fracturación y karstificación”.
Se trata de un macizo de roca kárstica, en general muy permeable, que drena a través de un puñado de manantiales en la zona, algunos de los cuales se agotan en verano.
Además, la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico informó desfavorablemente al proyecto en dos ocasiones. A la tercera respondió a Minas, que tramitó todo el expediente, que no tenía información para pronunciarse sobre usos “de mayor conveniencia para el interés general”. Esto bastó para completar el expediente, pese a los dos informes negativos previos.
Un expediente hasta ahora desconocido
El expediente ante la Junta de Andalucía se inició en 2012. No se presentaron alegaciones públicas a la solicitud ni a la concesión de aprovechamiento de las aguas, a pesar de que se publicaron en el BOE y en el BOJA. Una vez completado ante la Junta de Andalucía, se pidió la aprobación definitiva del proyecto al ayuntamiento de Antequera, en cuyo término municipal están el punto de toma de agua y la parcela. Lo aprobó en el Pleno de octubre, sin intervenciones ni debate, con el voto a favor de PP, Ciudadanos e IU. El PSOE se abstuvo. Tampoco hubo alegaciones en el trámite de vista pública.
Este martes, el gerente de la empresa, Ramón Martínez, ofreció una rueda de prensa en la sede del ayuntamiento, a la misma hora que los alcaldes de los pueblos que se oponen se reunían con la administración autonómica. “Es una masa de agua independiente que no está conectada a las masas de agua actuales que suministran a estas localidades”, insistió Martínez, que dice contar con informes técnicos que avalan su posición. El PP de Málaga se ha alineado con la tesis de la empresa, y su coordinador general, José Ramón Carmona, avanzó la semana pasada el argumento de que se van a crear muchos empleos. Cien, según dijo. Es la cifra que da Domago.
Además, Antequera ha declarado que el proyecto es de utilidad pública e interés social. Esto permitirá construir la planta en un terreno no urbanizable, lindante con una zona de especial protección. “¿Qué interés general hay en permitir a una empresa privada generar un lucro a partir de un bien público y escaso?”, se pregunta Cyro García, que cree que el interés público es preservar el agua: “No entendemos cómo se intenta aprobar un proyecto de trasvase en 2017 [en referencia al pantano de Iznájar] mientras se aprueba una embotelladora para sacar agua de los acuíferos”.
Él vio las máquinas el pasado 13 de mayo, cuando tuvo que desplazarse a Málaga por primera vez en muchas semanas. Hasta entonces, nadie en el pueblo comentaba el tema. Los alcaldes dicen que tampoco ellos sabían, a pesar de que la cuestión del agua viene tratándose repetidamente en los últimos años. “La cuestión de fondo es si se nos tenía que haber notificado como interesados”, señala el alcalde de Villanueva del Trabuco. “Si nos abastecemos de ese acuífero, a lo mejor no basta con el trámite de información pública. Somos afectados”.
En las últimas semanas la plataforma ha ido sumando partidarios. Un coche pita en señal de protesta al pasar al lado de las máquinas. “La gente se está poniendo nerviosa, porque si ya hay restricciones, con una tubería tirando creen que será peor”, comenta Cyro García, que advierte también del riesgo para todo el ecosistema de la sierra, habitada por nutrias o zorros, cabecera del Guadalhorce y el Guadalmedina y prolífica en actividades deportivas y de aventura. “Si la capa freática baja, todo el ecosistema lo va a notar. Si hay menos agua, habrá menos vida”.