La Fiscalía acusa a un ex alto cargo de una empresa pública de Málaga de exigir una mordida a un empresario

La Fiscalía acusa a un exalto cargo de Promálaga de cohecho y falsedad documental por exigir una mordida a un potencial contratante de la empresa pública malagueña. Francisco Muñoz, exdirector económico y financiero de Promálaga (dedicada a la promoción y desarrollo empresarial en la ciudad), se reunió con un directivo de una empresa de recursos humanos y le pidió la mitad de los beneficios obtenidos con el último contrato que le habían adjudicado, prometiéndole más contrataciones si atendía sus exigencias, según el escrito de acusación del fiscal, al que este medio ha tenido acceso.

Está previsto que el juicio se celebre ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga los días 1 y 2 de julio de 2025, ocho años y medio después de la denuncia que dio origen al caso, que data de marzo de 2017. Muñoz fue cesado como director financiero de Promálaga en septiembre de 2019, cuando se desveló que un juzgado le investigaba a instancias de la Fiscalía. En 2017 Promálaga manejaba un presupuesto anual de 12 millones de euros, que hoy ha crecido hasta los 22,3 millones. El director financiero tenía un sueldo mensual de 8.6523,59 euros.

Los hechos se remontan al 29 de noviembre de 2016. Según se lee en el relato del fiscal, ese día Muñoz se reunió en un pub irlandés con un alto directivo de una empresa de consultoría y recursos humanos que ya había tenido “relaciones comerciales” con Promálaga. Allí, tras decirle que los contratos previos se debían a su intervención, “le exigió el pago del 50% del beneficio obtenido con el último contrato”, consistente en la contratación de un empleado para el Servicio de Gestión Documental. Además, le avanzó la “posibilidad de seguir prestando sus servicios en el futuro (…) en el caso de que atendiera sus exigencias”. Por entonces, Promálaga estaba renovando el contrato de ese servicio y preparaba un nuevo proyecto.

El fiscal recuerda que, por su cargo en Promálaga, Muñoz confeccionaba los “informes de necesidad”, con los que se justifica una licitación, y formaba parte del “comité asesor de contratación” en procedimientos negociados sin publicidad. Además, en algunos contratos menores ejercía funciones de búsqueda de proveedores. 

Para encubrir la supuesta mordida, Muñoz y su esposa habrían elaborado una factura falsa por un supuesto servicio prestado por ella, procuradora de profesión. La factura ascendía a 1.223,42 euros y fue remitida el 12 de diciembre de 2016 al correo electrónico del empresario, que se negó a pagar y denunció al alto cargo ante la Policía en marzo de 2017, tras informar al gerente de Promálaga y un concejal del consistorio.

El fiscal pide tres años y diez meses de prisión y 10.800 euros de multa a Muñoz por los delitos de falsedad en documento mercantil y cohecho, y diez meses de prisión y 4.050 euros de multa a su mujer por la falsedad.

Siete años de investigación y denuncias de “opacidad”

El caso Promálaga generó un notable revuelo político en la ciudad cuando salió a la luz, hace cinco años. La oposición municipal reclamó entonces la apertura de una comisión de investigación sobre el asunto, entreviendo una “trama de corrupción”. Exigió explicaciones al alcalde, Francisco de la Torre, por haber mantenido a Muñoz hasta septiembre de 2019, a pesar de que en el ayuntamiento sabían que estaba siendo investigado desde finales de 2016. También pidieron todos los informes elaborados por Muñoz y los contratos que avaló.

La comisión de investigación en el Pleno fue rechazada y del asunto nada se ha sabido en un lustro. Ha ayudado que la investigación judicial haya discurrido con absoluta discreción y notable parsimonia, que fuentes del juzgado achacaron a este medio a los continuos recursos que se iban interponiendo.

Para poder prorrogar las diligencias, el caso fue declarado “causa compleja”. En este tiempo, el PSOE ha denunciado reiteradamente el “oscurantismo” del equipo de gobierno. Por su parte, el consistorio argumentaba que el asunto estaba sub iudice.

Ahora, y tras una investigación de siete años, el fiscal no ha encontrado otros supuestos que abonen la “trama de corrupción” que denunció el PSOE, más allá del caso inicial. En su momento, Francisco Salas, gerente de Promálaga, ya aseguró que no había recibido más denuncia que la primera. Si hubiese empresarios que accedieron a abonar la mordida habrían incurrido en un delito de cohecho activo. Es decir, denunciarlo sería tanto como una autoinculpación.

En paralelo, el ahora acusado ha logrado que el ayuntamiento, a través de Promálaga, le pague 180.000 euros, según publicó Sur en 2020. Tras ser despedido “por motivos disciplinarios” en septiembre de 2019, Muñoz acudió a los tribunales y logró que fuera fue declarado improcedente. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que este medio ha podido consultar, contenía un rapapolvo para la empresa municipal, a la que los magistrados afeaban la “tardanza” en aplicar el despido disciplinario.

“Lo cierto es que la demandada [Promálaga] tomó inicial conocimiento de los mismos a finales del año 2016 y pese a su contenido y alcance no procedió a adoptar medida alguna frente a ellos hasta finales de marzo de 2017”, cuando los denunció a la Policía. Al dejar transcurrir más de 60 días, el TSJA declaró que el despido disciplinario era nulo, y lo sustituyó por uno improcedente que obligó al consistorio a indemnizar a Muñoz.

El Caso Raqueta

Muñoz, que fue contratado por Promálaga en 2003, llevaba años elaborando informes en esta empresa pública. Tal y como desveló entonces elDiario.es Andalucía, elaboró dos, no previstos inicialmente en el proceso (pero requeridos por el área de Deportes a Promálaga) determinantes en la licitación del contrato de gestión del Centro Raqueta, un centro deportivo construido por el ayuntamiento para la práctica de pádel y tenis sobre 22.500 metros cuadrados. La gestión fue adjudicada en 2014 a Ferroser por veinte años y cerca de dos millones de euros en total, en una adjudicación muy polémica.

Ambos informes sirvieron para corregir la primera valoración y descartar la adjudicación a la empresa mejor valorada por el área de Deportes.

En su día, la concesión del Centro Raqueta a Ferroser por un canon anual de 92.000 euros a 20 años causó revuelo político y mediático por las “sombras” del expediente, según denunció la oposición. Ferroser (Ferrovial Servicios) ya gestionaba el cercano Inacua. La empresa  Valssport, con el doble de puntos en la oferta deportiva, presentó un recurso contencioso-administrativo, pero luego desistió. Su gerente explicó a este medio que se dieron cuenta de que “no teníamos razón”.

El pasado febrero, la portavoz del equipo de gobierno municipal dio por hecho un acuerdo para traspasar la concesión a una entidad constituida por Rafael Nadal y la promotora marbellí Sierra Blanca Estates. Sin embargo, Sur informó en mayo de que habían surgido dificultades para encajar sin más el proyecto del tenista en un simple traspaso de la concesión.