A mediodía del jueves, varias horas después de que se desplegasen decenas de agentes de Policía en torno a un edificio de Monte Pavero, un barrio humilde de Málaga, Gloria Callejón fue desahuciada de la vivienda que ella y su familia llevaban habitando más de tres años. Junto a ella, fueron expulsados cuatro de sus hijos (dos de ellos menores, de ocho y cuatro años) y una nieta de dos.
Durante horas, Callejón (42 años) esperó que una llamada del juez lo parase todo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que había solicitado la paralización, está convencida de que la mujer cumple los requisitos del Decreto que mantiene en suspenso los desahucios y lanzamientos. Los activistas aseguran que el juzgado disponía de toda la documentación que acredita la vulnerabilidad de la familia y están valorando interponer una denuncia por prevaricación contra el juez que ha ordenado el desalojo.
“Yo, la verdad, esperaba que no me iban a echar hoy”, cuenta Gloria Callejón, que ya se había visto antes a las puertas de un desalojo. En noviembre de 2019 logró más tiempo para negociar un alquiler social con el Banco Santander, propietario de la vivienda. Después de año y medio sin noticias, la amenaza regresó por debajo de la puerta el pasado 27 de abril, pero la mujer explicó a los enviados del juzgado que uno de sus hijos estaba confinado por haber sido contacto estrecho de un positivo por Covid. Así que dejaron notificación y el aviso de que volverían.
Hoy, la comitiva judicial ha regresado acompañada de un gran despliegue policial. “Han enviado más Policía que si fuera una asesina. La secretaria me ha dicho que hoy le daba igual el Covid y todo lo demás, que me tenía que marchar y que sacara lo que pudiera”, relata la mujer. Este jueves sus hijos no han ido al colegio. Cuando la situación ya era demasiado tensa, ha optado por dejarlos con su nuera.
La PAH, que ha asesorado a Callejón en todo este proceso, cree que el juez no ha valorado las circunstancias que justificarían una moratoria en el desahucio. El Real Decreto 11/2020 amplió el plazo extraordinario de suspensión de desahucios hasta el 9 de agosto de 2021, incluyendo aquellos en los que el desahucio tenga origen en una ocupación y un procedimiento penal, como es el caso de Callejón, denunciada por el Banco Santander por usurpación.
La norma da un margen de discrecionalidad al juez, que debe tomar la decisión “previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto”, apreciando si hay situación de extrema necesidad (atendiendo al informe de los servicios sociales). Además, para que se suspenda el desahucio deben habitar menores en casa, existir vulnerabilidad económica y tratarse de una vivienda de una persona jurídica, como es el caso.
Callejón trabajó por última vez hace dos años en un asador de pollos, y explica que cobra la “ayuda familiar”: 430 euros. Eldiario.es/Andalucía ha podido comprobar que una trabajadora social del ayuntamiento de Málaga informó hace unos días a Callejón de que había presentado un informe de vulnerabilidad al juez. La mujer añade que ayer recibió una llamada en la que le informaron de que “el juez tenía los papeles sobre la mesa”. La mujer no recibe ayudas al alquiler del programa del ayuntamiento de Málaga. El motivo, según explica, es que formalmente sigue siendo propietaria al 50% de otra vivienda. “Pero está embargada y hace años que no tengo nada que ver con esa casa”.
El denunciante es el Santander, aunque a la mujer le han asegurado que la vivienda ha sido adquirida por un fondo buitre. En realidad, la diligencia de lanzamiento cita a Global Licata, S.A., una sociedad de compraventa de inmuebles que, según las páginas de información societaria, tiene como socio único al Banco Santander y como apoderado al fondo buitre Cerberus.
“Lo cumple todo: tiene informe de vulnerabilidad, tiene menores en casa, no tiene alternativa, hay exclusión social, el propietario es un gran tenedor… y un niño está confinado por contacto con positivo”, explica Mónica Pérez, activista de la PAH. Sin embargo, el juez ha optado por no paralizar el desahucio. “Nos hemos quedado descuadrados”, dice Pérez.
“Aunque no se lo querían coger, presentó la documentación oportuna. El juez está desoyendo todo esto, y tiene que tener en cuenta que hay un Decreto vigente”, alerta Paqui Pascual, abogada de la PAH: “Se van a vulnerar los derechos fundamentales. Estamos diciéndole al juez que van a ir tres menores a la calle sin alternativa habitacional”.
La mujer admite que no tiene mucha sintonía con el juez, y cree que eso ha podido influir. “En 2015 esa vivienda era de una vecina a la que iban a desahuciar. Se asustó y se fue. En el barrio hay mucha mafia [de la ocupación], y antes de que se metiera nadie se lo dije yo a mi hermana, y ella se metió. A los dos años, el juez le dijo que si entregaba la llave voluntariamente no habría condena”. Su hermana entregó la llave al juzgado, pero Gloria tomó el relevo. Asesorada por su abogado, le prometió al juez que se marcharía. Poco después conoció la PAH, y cambió de opinión.
“El juez piensa que le he engañado, pero es que yo no estaba informada de las leyes. Cuando me enteré de mis derechos me lo pensé mejor. Creo que eso no es malo, ¿no?”, cuenta la mujer, que asegura que llegó a escribir una carta al juez pidiéndole perdón.
Durante estos años, hizo una oferta para adquirir la casa mediante un préstamo familiar, y ofreció pagar un alquiler social. “Ha ofrecido pagar un alquiler desde el principio”, esgrime Paqui Pascual, abogada de la PAH. “Siempre ha querido regularizar su situación, porque esto no es plato de buen gusto”. “Nunca han querido negociarlo”, dice Callejón.
Cuestionado por este asunto, el Banco Santander se remite a la actual gestora del inmueble, que no había contestado al final de la tarde del jueves. El Ayuntamiento, por su parte, asegura que el juzgado no le había informado del desalojo de este jueves, por lo que no ha podido activar sus servicios: ayudar a la familia a trasladar sus pertenencias y ofrecerle un alojamiento en un recurso municipal durante algunos días. Generalmente, para las familias con menores son tres días en una pensión.
“Yo prefiero ocupar a meterme en un albergue”, explica ella. “Claro, yo querría alquilar una casa enfrente de la playa, pero en el barrio no hay nada”, lamenta, con un punto de ironía. En el escrito con el que pidió que suspendiera el desahucio, presentado el 12 de mayo, la PAH apunta que “encontrar un inmueble adecuado a sus ingresos es totalmente inviable”. La plataforma cita jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la protección de menores para argumentar que el desalojo sin alternativa habitacional, más aún en pandemia, es desproporcionado.
Ella por su parte, explica que en Monte Pavero hay quien “abre y alquila”. En otras palabras: que grupos organizados ocupan viviendas y las sacan a un mercado clandestino. “Pero yo no quiero eso. Para eso ocupo yo”.
Nada más consumarse el desahucio, Callejón se dirigió a la Ciudad de la Justicia de Málaga para pedir que la dejasen volver a entrar, al menos para recoger algunas de sus pertenencias y trasladarlas a casa de su madre, donde piensa mudarse. “Les he dicho que al menos me dejaran sacar el sofá para poder dormir con mis hijos en el salón”. Su plan es este: mudarse los seis a casa de su madre, donde ya viven siete, y estar allí el tiempo que puedan, quizás hasta agosto. Luego, ya se verá.
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