Francisco de la Torre compareció este jueves en un Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de Málaga convocado exclusivamente para que diera explicaciones sobre el aparente descontrol sobre los expedientes de infracción urbanística, de los que miles caducaron sin que se hiciera nada. Se le esperaba con expectación, porque había evitado acudir a la comisión de investigación sobre el asunto, y porque la Fiscalía ya investiga el tema. Sin embargo, cuando llegó su momento para responder, y se le preguntó expresamente cómo era posible que hubiesen caducado miles de expedientes, el alcalde dijo que eso, de memoria, no lo podía saber.
“De un tema que no sé a qué se refiere y de memoria no puedo hablar. En el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, si quiere profundizar allí, profundice, y si algo no ve claro vaya donde quiera”, le replicó el alcalde a Daniel Pérez, portavoz del PSOE (que había forzado el Pleno Extraordinario).
El alcalde De la Torre solventó así una de las comparecencias más espinosas de sus últimos años como regidor. Se trataba de valorar la responsabilidad política no sólo por las presuntas injerencias y presiones políticas en la tramitación de 160 expedientes de infracción en la urbanización Villas del Arenal, sino por el escándalo de 8.500 expedientes caducados entre 2006 y 2016, y los detalles revelados por exjefes de Urbanismo: desmantelamiento premeditado del servicio de inspección, caducidad por voluntad política, veto a inspectores, prohibición de tramitar expedientes sin notificación previa al concejal del distrito, creación de un equipo técnico paralelo para algunas infracciones, supuesta alteración de expedientes…
De la Torre ventiló todo esto alegando que un Juzgado de lo Social y el Tribunal Superior de Justicia ya certificaron que se actuó legalmente en Villas del Arenal. Es cierto que ambos órganos no encontraron irregularidades en cómo actuó el ayuntamiento, pero lo hicieron incidentalmente, en un juicio sobre el cese de la exjefa de Disciplina Urbanística. En cambio, la Fiscalía sí examinará el asunto expresamente.
De la Torre también se escudó en el gerente de Urbanismo, alegando que sabe mucho más que él sobre el tema y reiteró que la actuación del ayuntamiento fue “clara, transparente y legal”. Sobre las acusaciones de injerencia política, señaló que el ayuntamiento busca “una proporcionalidad cuando hay que sancionar”. “Hay que buscar dentro de la legalidad las mejores soluciones para todos”, añadió.
Sobre la caducidad y alteración de expedientes, equipos paralelos y, en general, el aparente descontrol y discrecionalidad de las infracciones y sanciones, ni De la Torre ni el concejal Carlos Conde respondieron nada.
El alcalde, reprobado por el Pleno
El alcalde ya había probado por la mañana el sabor de la reprobación del Pleno. Todos los grupos, menos el PP, votaron a favor de reprobar a De la Torre por su responsabilidad política en el descontrol de los expedientes de infracciones en Urbanismo. También se aprobó (en este caso con la abstención de Ciudadanos) el punto de una moción urgente que pide el cese de los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares, protagonistas de lo que los exjefes de Urbanismo calificaron de “injerencia política” y que el grupo popular califica de “intermediación”.
Eduardo Zorrilla, portavoz de Málaga para la Gente, calificó el caso de los expedientes de infracción caducados como “el mayor escándalo municipal en la etapa democrática”: “Miles de procedimientos sin tramitar, procedimientos caducados o infracciones prescritas. El 70% de las infracciones entre 2006 y 2016 sin tramitar. Una clara intención de dejar morir los expedientes”, destacó Zorrilla, que recordó a Teresa Porras que, a diferencia de la organización de fiestas, la disciplina urbanística no es una potestad discrecional: “No puede decidir que infracciones se persiguen y cuáles no”.
El debate matutino a propósito de esta moción de última hora fue muy bronco. Prendió la mecha la intervención de un vecino de Villas del Arenal, trufada de amenazas veladas e insinuaciones. “Deberían mirar sus viviendas y ver si están limpios”, advirtió este vecino, muy crítico especialmente con Juan Cassá (Ciudadanos) por haber acudido a Fiscalía.
“Debería haber hablado antes con los vecinos para saber si hubo injerencias”, le espetó. “Lo que hicieron la señora Porras y el señor Pomares fue intermediar. Ojalá hubiesen prevaricado en beneficio nuestro”, soltó con tono airado y, por momentos, chulesco. En el Pleno de la tarde pidió disculpas. Otro vecino aseguró que las infracciones consistieron en su mayoría en techar una pérgola con material ligero, y que se pidieron sanciones de 20.000 euros. “La mediación era para tratar de tranquilizar a esa señora [Teresa Domingo, exjefa de Disciplina Urbanística], que nos trataba con la punta del pie”.
Lo que quedó claro en los dos plenos de este jueves es que Porras, Pomares y José Cardador (gerente de Urbanismo) intervinieron en la tramitación de decenas de expedientes de infracción de carácter técnico reuniéndose con los vecinos infractores y los encargados de instruir el expediente. Pero lo que los exjefes de Urbanismo califican de intolerable presión política, el PP y los vecinos lo consideran una “intermediación” por los ciudadanos.
De cómo pudieron apilarse durante años miles de expedientes de infracción sin que nadie hiciera nada, el equipo de gobierno y De la Torre no explicaron nada, porque evitaron contestar o sufrieron una repentina amnesia.