El patio de la sede de Málaga Acoge en la céntrica calle Ollerías dejará pronto de registrar un trasiego de jóvenes migrantes que quieren aprender español y formarse para trabajar. En su lugar, es probable que otros jóvenes extranjeros, turistas de paso, circulen por el lugar.
La Junta de Andalucía acaba de adjudicar a un fondo de inversión israelí, dedicado a la promoción de alojamientos turísticos, este edificio (en realidad, cuatro números diferentes) en pleno centro de Málaga, la zona más saturada de viviendas turísticas de toda España, a cambio de 3,6 millones de euros.
La adjudicación en subasta se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), pero ha sido ahora cuando Málaga Acoge ha expresado su pesar por la situación a la que se ve abocada: abandonar a la fuerza la que ha sido una de sus sedes desde hace más de veinte años, en la que actualmente se imparte la formación a jóvenes tutelados en Málaga, se traza para ellos un itinerario de integración o se atiende a personas que viven en la calle.
“Hace mucho tiempo que este edificio, que fue un antiguo juzgado de menores, se transformó en un espacio relevante para la solidaridad y el apoyo social en nuestra ciudad gracias, entre otras, a Málaga Acoge”, dice la “carta a la comunidad” que ha publicado la entidad, que cifra en 4.301 personas, 75.215 actuaciones individuales y 1.003 actividades formativas y grupales el número de acciones desarrolladas en esa sede en los últimos ocho años. Entre ellas, muchas apoyadas por la propia administración autonómica. Málaga Acoge vaticina que la expulsión “puede poner en jaque la labor social” que viene desarrollando desde hace 35 años en la capital de la Costa del Sol.
Aunque ha habido conversaciones con la Junta y con el ayuntamiento, por ahora no han encontrado una alternativa que satisfaga a la entidad. “La Junta no nos ha ofrecido ninguna alternativa seria”, explica Alejandro Cortina, director de la entidad, a elDiario.es Andalucía. “Los locales que ofrecieron suponían renunciar al 30% de la actividad que hacemos ahora, y además no están disponibles en este momento, porque son unos archivos en uso. Se acerca la fecha en que se haga efectiva la firma de la compraventa del local, y no sabemos qué va a pasar, pero sí que vamos a seguir haciendo lo que hacemos ahora”.
Un portavoz de la Consejería de Hacienda explica que la situación era conocida por Málaga Acoge, que estaba en “precario” y que, además, el edificio está “apuntalado” (algo que Cortina niega) y que no tiene pasada la Inspección Técnica de Edificios, por lo que la entidad no podría seguir allí por más tiempo. La Junta de Andalucía asegura que ha ofrecido un local en calle Palestina, a una media hora andando de la ubicación actual y alejado del centro.
La situación subraya la transformación acelerada de una ciudad que acusa los efectos de la saturación turística, y que tiene en el horizonte una manifestación el próximo 29 de junio.
El edificio de Ollerías, ubicado en pleno Centro Histórico de la ciudad, ha sido adjudicado a la entidad White Málaga Casa 32 S. L., que ofreció un precio mejorado con respecto a la oferta descartada. Aunque corresponde a cuatro números diferentes con su correspondiente asiento registral (13, 15 y 17 de Calle Ollerías y 4 de la Calle Eduardo Ocón) están unidos en un solo edificio, con una superficie en planta de 782 metros cuadrados y 1.837 construidos en 1950 en planta baja más dos y castilletes. En su día alojaron el juzgado de menores.
La adjudicataria, White Málaga Casa 32 S. L., tiene por objeto social los “servicios de hospedaje en hostales, pensiones, hoteles y apartamentos, así como servicios de alojamientos turísticos extrahoteleros”. Es decir, la promoción de viviendas turísticas. Forma parte de un grupo empresarial de capital israelí, White Spain Holding, S.L., con intereses en todo el espectro vinculado a la promoción inmobiliaria y participación en una veintena de empresas, que en los últimos años viene impulsando varios proyectos de alojamientos turísticos en Málaga.
Málaga Acoge sabía de la intención de la Junta de Andalucía, pero mantenía la esperanza de que no prosperara. Su director asegura que llegaron a proponer la posibilidad de alquilar o adquirir el edificio para crear una especie de “hotel de asociaciones” o centro ciudadano que refuerce al tejido social malagueño. “Hace un mes trasladamos que habíamos encontrado un fondo ético que podía estar interesado en comprar el edificio para un uso social, y nos dijeron que no se podía hacer nada”, lamenta Cortina.
La Junta de Andalucía ha acabado adjudicándolo por 3,6 millones de euros en una subasta realizada a través de la Consejería de Hacienda. La venta se culminará con la firma ante notario y elevación a público antes del 31 de julio, si no hay ningún impedimento, en cuyo caso el plazo se alargaría hasta el 10 de noviembre. Un portavoz de este departamento subraya que ni conocen a priori quiénes se interesan por los inmuebles ni valoran su actividad.
La sede ya había sido puesta en el escaparate en al menos una ocasión anterior. Sin embargo, aquel intento no cuajó. Si lo ha hecho ahora, y la propia Málaga Acoge ha puesto el dedo en la llaga sugiriendo la relación entre el acelerado proceso de turistificación que vive el centro de la ciudad, sometido a una espiral especulativa con los precios inmobiliarios.
“El contexto socioeconómico de la ciudad ha cambiado sustancialmente y eso explica lo rápido que se está sucediendo todo”, dice la carta. “Esto no deja de ser paradójico”, continúa el texto, que pone el foco en las actividades desarrolladas hasta ahora en el inmueble, sosteniendo a “la parte más invisible del ”éxito“ de esta ciudad”, que es la que ahora lo va a fagocitar.
“El distrito centro tiene las dos caras de la moneda: todo el aparataje de viviendas turísticas, y a la vez índices socioeconómicos de los peores barrios de la ciudad. En esta sede atendemos a jóvenes sin hogar”, observa el director de la entidad.
Por ahora, al inmueble le es de aplicación el Plan especial de Protección del Centro Histórico (PEPRI) y está limitado al uso residencial y terciario, lo que incluiría el hotelero. “Será la empresa quien decida qué actividad le va a dar y vea si es compatible con el planeamiento de Málaga”, explica el portavoz de Hacienda.
Su previsible transformación en apartamentos turísticos añadirá presión a un entorno que presenta la mayor acumulación de estos alojamientos de España, según reveló un reciente reportaje de El País basado en datos del proyecto InsideAirBnb. El 24,2% de las viviendas en calle Álamos y Carretería (aledañas a Ollerías) se destinan a uso turístico. En Málaga capital hay 12.085 viviendas inscritas para uso turístico en el Registro de la Junta de Andalucía. Cada día se registra una media de más de siete, y los propietarios que venden suelen subrayar este registro para incrementar su precio, alimentando así la espiral alcista de los precios.
A pesar de que no hay ciudad con mayor concentración, el ayuntamiento aún no ha hecho uso de las herramientas que le ofrece el Decreto de la Junta de Andalucía para, al menos, limitar su crecimiento por zonas. El alcalde sigue asegurando que se está trabajando en ello, sin que se conozcan los avances.
Cortina asegura que fue la propia Junta la que les dio el primer permiso para usar el edificio para un proyecto con el Colegio de Abogados, hace más de veinte años, aunque no hay ningún documento suscrito. Desde entonces, se han desarrollado múltiples actividades con el patrocinio autonómico, y la propia Junta ha dado instrucciones para las obras de reforma que ha acometido la entidad.
Cuando el presidente Juan Manuel Moreno fue cuestionado por la situación hace unos días, aseguró: “La deuda histórica nos la pagaron con solares y edificios en desuso, los hemos subastado y nos lo han comprado. No sabemos quién es finalmente el propietario”.
Sin embargo, los documentos del registro consultados por este medio acreditan que la Junta es titular al menos desde 2001 (de una de las fincas) o desde 2008 (en las otras), de modo que el inmueble no habría ido en el paquete que la Junta recibió en 2010 para saldar la deuda histórica, como dijo Moreno.
El de Ollerías no es un caso único: uno de los edificios más icónicos de aquel lote con el que se pagó la “deuda histórica”, el edificio de Correos situado junto al puente de Tetuán, también fue vendido a un fondo de inversión de capital israelí que plantea ubicar allí un hotel de gran lujo.
De momento, en su lugar sigue el edificio cubierto con una sucia lona, pendiente de que se culmine un acuerdo con el ayuntamiento que contempla una compensación parcelaria a cambio de un cambio en la tipología del uso del suelo (pasaría de comercial a hotelero) y, como pretende la promotora, un aumento del volumen.
El Gobierno de Moreno también vendió el Palacio de la Tinta, antigua sede de la delegación de la Junta de Andalucía, a la cadena hotelera Hotusa.
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