Los jueces anulan las escuchas y cuestionan el origen del caso Astapa, el macrojuicio a la corrupción urbanística en Estepona

La Audiencia Provincial de Málaga ha anulado todas las escuchas que sirvieron, hace ya 15 años, como base del llamado Caso Astapa, que culminó con el registro del ayuntamiento de Estepona el 16 de junio de 2008 y la detención de, entre otros, el exalcalde socialista Antonio Barrientos. Los magistrados consideran que, a la vista de los indicios que había entonces, las escuchas nunca debieron hacerse. Creen que la denuncia originaria, formulada por David Valadez (que tras estallar el caso se convirtió en alcalde) y Cristina Rodríguez no tenía sustento suficiente para adoptar una medida tan restrictiva de los derechos fundamentales, ni tampoco la detención de algunos de los principales acusados, algunos de los cuales pasaron varios meses en la cárcel.

La resolución, firmada este jueves, alimenta la hipótesis (sin admitirla expresamente) de que en la operación pudo tener alguna participación el excomisario José Manuel Villarejo, con intereses urbanísticos en Estepona. El Caso Astapa, que ahora parece desinflarse, surgió de una macroperación policial cocinada en el contexto de la alarma social generada en la Costa del Sol por la corrupción del gilismo y la intervención en 2007 del ayuntamiento de Marbella, el municipio vecino a Estepona.

Al comienzo del juicio que comenzó el pasado enero (quince años después), la Fiscalía acusaba a 51 personas de delitos de malversación, cohecho, prevaricación, falsedad, fraude y tráfico de influencias, que habrían cometido aprovechando el control del urbanismo esteponero, con un perjuicio estimado para las arcas municipales de más de 28 millones de euros.

Ni escuchas ni valoraciones

El auto de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, es un detallado documento de más de 200 páginas, en el que los magistrados resuelven las cuestiones previas y explican que no ven motivo para anular toda la causa, como pidieron algunas defensas, pero sí para anular las intervenciones telefónicas ordenadas por la jueza de instrucción, una parte sustancial de la investigación que soporta parte de las acusaciones. Concluyen que, aunque pudieran ser proporcionales a los graves hechos que se denunciaban, no eran necesarias ni idóneas teniendo en cuenta los débiles indicios que aportaba la denuncia inicial. Y, por tanto, no estaban justificadas.

La Audiencia Provincial no sólo entierra las escuchas, sino también la valoración del supuesto perjuicio patrimonial que sufrió el ayuntamiento de Estepona. La decisión asesta a la investigación un mazazo de consecuencias aún imprevisibles y cambia el escenario del juicio. En primer lugar, porque no servirá ninguna prueba obtenida de las intervenciones telefónicas o derivada, en aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado. También, porque los magistrados acuerdan esta medida basándose en la endeblez de la clave de bóveda de la denuncia de los concejales Valadez y Rodríguez.

Ambos acudieron a la sede de la UDEF en Madrid para interponerla y supuestamente acompañaron un informe de un “experto externo al ayuntamiento” (al que nunca identificaron) que demostraría que se infravaloraban sistemáticamente los convenios urbanísticos en Estepona con el fin de obtener nutrir tres cajas: A (cuentas supervisadas del ayuntamiento), B (patrocinios y eventos del ayuntamiento) y C (enriquecimiento de técnicos y políticos).

Sin indicios “mínimamente serios” en la denuncia

Durante años, algunas defensas insistieron en pedir lo que el fiscal llamó “los papeles de Codelsa”, el supuesto informe que habría elaborado esta empresa. Pero nunca hubo un informe digno de tal nombre. Los papeles estaban en la causa, pero en realidad se trata de doce folios sin autor conocido, firma, fecha ni sello, que no tienen soporte documental, ni refieren análisis o razonamiento alguno para llegar a la conclusión de que el ayuntamiento de Estepona infravaloraba sus convenios, dicen los jueces.

Los magistrados incluso tienen “dudas” de cuándo y quién los incorporó al sumario, a pesar de que supuestamente sustentaban la denuncia inicial interpuesta ante la UDEF, y señalan que contienen errores groseros. Por ejemplo, en las superficies, de modo que el perjuicio era mucho menor a lo estimado o incluso dejaba de existir perjuicio, según el informe elaborado por un perito judicial que se ha incorporado a la causa. En algún caso, el convenio denunciado ni siquiera había sido suscrito o no era de aprovechamiento urbanístico sino de planeamiento, lo que hacía imposible el lucro.

Los magistrados cuestionan la propia seriedad del documento (“No podemos atribuir a los documentos ya mencionados la calificación de dictamen o informe técnico o pericial, en concreto de valoración de unos determinados aprovechamientos o plusvalías”) y los definen como “unos papeles que les habría dado alguien no identificado [a los denunciantes] como soporte o pretendido sustento de su afirmación”.

La Audiencia Provincial entierra definitivamente el valor de esos papeles, a los que califican de “la clave de toda la causa”: “En absoluto se puede considerar que se aportara a la juez instructora nada que pudiera definirse como un indicio mínimamente serio” que sustentara que en Estepona se suscribían sistemáticamente (o “algunos”, como dijeron los denunciantes) convenios urbanísticos con valoraciones deliberadamente bajas, que era la base de la denuncia.

A esto se añade que la persona que supuestamente habría elaborado esos papeles no los reconoció con posterioridad. Incluso Codelsa ha negado por escrito haber realizado informe alguno de valoraciones urbanísticas, tal y como recoge un documento en poder de este medio.  

La sombra de Villarejo

La anulación de las intervenciones telefónicas pone en jaque una investigación (primero policial y de la Fiscalía, y después judicial) que se prolonga desde 2006 y sobre la que se proyecta cada vez con más intensidad la sombra del excomisario José Manuel Villarejo. La Audiencia Provincial de Málaga quiere conocer su patrimonio, para lo cual han pedido información al juzgado de la Audiencia Nacional donde se instruye el caso Tándem.

Al anular las escuchas por la falta de indicios en la denuncia original, la Audiencia Provincial admite que unos papeles sin autor conocido y que no reúnen las condiciones mínimas fueron la “clave” para detener a una decena de encausados, acusar a 51 personas y sostener una investigación que se ha prolongado durante más de 15 años.

Algunos han clamado reiteradamente su inocencia. Antonio Barrientos ha llegado a convocar ruedas de prensa para cargar duramente contra el fiscal y los exconcejales que le denunciaron, acusándolos de connivencia o, como mínimo, de haber sido marionetas de Villarejo. En el auto, la Audiencia Provincial rechaza abrir un nuevo bloque en el juicio para valorar la posible nulidad de pruebas y estudiar el origen de la investigación, como pidió la Fiscalía. Sin embargo, sí está previsto (y así lo dicen los magistrados) que Valadez y Rodríguez tengan que explicar en el juicio la presunta participación del excomisario en su denuncia y una pregunta aún sin respuesta: ¿por qué se fueron a la UDEF de Madrid para interponerla?

Con todo, la anulación de las escuchas da jaque a la causa, pero no jaque mate, porque sigue habiendo material que evaluar. El sumario consta de 351.114 folios, 774 tomos, (128 tomos principales y 646 piezas documentales). Está previsto que a partir del 7 de marzo comparezcan en la sala 284 testigos y 48 peritos que puedan arrojar luz sobre una investigación que, dicen ahora los magistrados, comenzó viciada.