Fernanda de la Figuera, la conocida activista por la regularización del cannabis de 76 años, fue juzgada este miércoles en Málaga. Tras cuatro horas de interrogatorios, quedó claro que nunca se lucró por suministrar cogollos de marihuana a los miembros del club que fundó con otras mujeres, Marías por María. Sin embargo, el fiscal mantuvo su acusación por entender que la asociación facilitaba o promovía el consumo de marihuana. Pide cuatro años de prisión para De la Figuera, que siempre ha defendido que cada cual, si así lo desea, cultive su propio cannabis. “En todo momento pensé que estaba haciendo algo que se podía hacer y que estaba ayudando a los demás”, dijo en su alegato final.
Marías por María pretendía, según explicó De la Figuera, facilitar el acceso al cannabis a personas que pueden paliar sus dolores de artrosis, fibromialgia o reúma con los cannabinoides. Especialmente se trataba de ayudar a que mujeres pudieran acceder a la sustancia en condiciones de seguridad, dijo. No obstante, también el club que dirigía también admitió otro tipo de socios, hasta contar con unos 170. El objetivo era realizar un cultivo colectivo que facilitara el consumo a personas mayores de edad.
La asociación se constituyó legalmente en 2010 y fue registrada ante la Junta de Andalucía. En esa época proliferaban los clubes cannábicos al amparo de una interpretación jurisprudencial que parecía tolerarlos, de modo que la activista utilizó estatutos de otros clubes legales para constituir Marías por María.
Cada socio tenía su ficha con su consumo diario máximo, en la que se apuntaba la cantidad que retiraba. Pagaba una cuota anual que cubría los gastos del cultivo y de la asociación, que abría de lunes a sábado. Existía también un control de los gastos y las cuentas, según explicó el tesorero, juzgado junto a De la Figuera y el secretario.
“Todos nos conocíamos. Lo veía como una cooperativa”, declaró uno de los socios, que ejerció labores de secretario. También declararon en juicio tres socias aquejadas de enfermedades graves. Una de ellas, una médica de profesión que sufrió cáncer de mama, relató que llegó a la asociación por indicación de un compañero. Según aseguraron las tres, Fernanda siempre les indicó que debían consumir únicamente en el local.
Registros sin orden judicial
Todo se vino abajo el 2 de julio de 2014. En esa fecha, varios policías locales irrumpieron en el local, la detuvieron a ella, al tesorero y al secretario, y requisaron la marihuana. Lo hicieron sin orden judicial y, según admitieron los agentes en el juicio, aprovechando un descuido de unos usuarios. Desde hacía varios días vigilaban el local. Cuando vieron a dos personas entrar y salir en pocos minutos, los retuvieron y comprobaron que llevaban la droga. Suficiente para intervenir.
Lo que encontraron fue un local donde una decena de personas estaba fumando porros de marihuana. Todos eran socios. “Estaban sentados fumando en un rinconcito tranquilamente. [Los policías] entraron como los guerrilleros de Cristo Rey. Fue muy violento y desagradable”, lamentó la activista.
Un par de meses más tarde, la Guardia Civil entró también en una finca y decomisó la marihuana destinada al suministro a los socios. Sin orden judicial y según ella, mediante engaño, porque todos en Alhaurín el Grande sabían quién es y lo que hace. Aunque una valla verde cubría la plantación, no se hacía demasiado por evitar el olor.
Los registros sin orden judicial han motivado una petición de nulidad, por la posible vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio. No es la única sombra de la intervención. La defensa señaló las dudas sobre la cadena de custodia de la sustancia intervenida, que se destruyó pese a que se pidió realizar un contraanálisis amparado por la Audiencia Provincial.
Además, Xaquín Acosta, perito de parte, resaltó las incongruencias del análisis policial: entre otras, que se incluyeron las hojas en el pesaje, cuando las convenciones de Naciones Unidas únicamente consideran estupefaciente las flores. En el juicio no quedó claro que lo decomisado superara los diez kilos, lo que es esencial para determinar la posible pena.
Los requisitos del consumo compartido
Fernanda de la Figuera ya ha sido absuelta dos veces, en 1995 y en 2010, en esta última ocasión por unos hechos parecidos. Cuando se abrió tímidamente la vía de los clubes de autoconsumo, vio una fórmula que entendió que era legal. En 2012, al recoger un premio, habló con orgullo de lo que estaba haciendo en la asociación. Sin embargo, su aspiración choca con una jurisprudencia confusa, que el Tribunal Supremo ha modificado en los últimos años, corregido por el Tribunal Constitucional.
Una sentencia de febrero de 2019 apunta la necesidad de evaluar cada caso de “consumo compartido”, pero fija una guía genérica de requisitos para que sea asimilable al autoconsumo individual, y por tanto legal: que lo practiquen consumidores habituales, que ocurra en lugar cerrado, que sean grupos reducidos y determinados, y que no se rebasen ciertas cantidades. Según el abogado de De la Figuera, todos se cumplen: Marías por María tenía 170 socios (lejos de los cientos o miles de los que habla el Alto Tribunal), se identificó a doce personas en el local y otras dos fuera (todas socias) y las cantidades eran pequeñas.
Además, el abogado destacó las sentencias contradictorias, la existencia de otras asociaciones y el debate político para alegar que, en todo caso, cometieron un error invencible, una figura que rebaja uno o dos grados la pena: “No podía plantearse otra cosa que estaban actuando lícitamente”.
El fiscal admitió implícitamente que no había indicios de que en su actividad hubiera ánimo de lucro. Sin embargo, añadió que no es necesario, porque para cometer el delito basta con promover, facilitar o favorecer el consumo, según el artículo 368 del Código Penal.
“Convencida de que lo estaba haciendo muy bien”
“Una es una optimista, hace las cosas con la mejor voluntad del mundo. Hace las cosas por ayudar a los demás, y a veces mete la pata. Y en esta ocasión, por lo visto metí la pata haciendo la asociación, pero yo estaba convencida de que estaba haciendo algo muy bien”, dijo ella tras el juicio, rodeada de un centenar de simpatizantes venidos de Barcelona, Santander o, incluso, Los Angeles. Muchos de ellos vestían una camiseta con el lema “Todos somos Fernanda”.
“Conocí a Fernanda en 1998 en la calle Cáñamo de Córdoba”, explicó Pablo Ortega, de Guadix. “Llevo cinco años sin fumar, pero se merece mi apoyo. Le hice la obra de su casa, estuve ocho meses allí, y ella nunca se ha lucrado”. Israel Benjumeda, llegado de Barcelona, lamentó la “persecución” que sufren las asociaciones. “En Barcelona hay más de doscientas asociaciones, unas mil en España, y aquí no duran ni un año”. Ya a la puerta de los juzgados, los activistas entregaron una planta a Fernanda.
“No creo que merezca ir a la cárcel”, dijo ella, que se ve como una “persona muy incómoda para las farmacéuticas”, ahora que empiezan a concederse licencias, por su lucha por el autocultivo. “Creo que lo que hay que hacer es que cada cual cultive sus plantas y fume de lo que cultiva, porque no vas a fumar nada mejor de lo que tú cultivas”.